Un juez pide investigar si la empresa Berkeley pagó al exalcalde y a tres concejales de Retortillo
Protesta vecinal contra el proyecto de la empresa minera
Posibles indicios de delito por parte del antiguo equipo del gobierno para beneficiar a la empresa, informa la Cadena Ser
El magistrado del Juzgado de Instrucción de primera instancia de Ciudad Rodrigo ordena investigar si la empresa minera Berkeley pagó al exlcalde de Retortillo y a tres concejales por los hechos denunciados por la plataforma Stop Uranio, que agrupa a vecinos y a grupos ecologistas que se oponen al proyecto minero de Berkeley en la localidad, tal como informa la Cadena Ser, que ha tenido acceso al auto de apertura de diligencias previas.
Stop Uranio, en una querella presentada en abril, acusó al exalcalde popular de Retortillo, Javier Santamartina, y a tres concejales de su equipo de gobierno de haber facilitado, a cambio de dinero, gestiones administrativas solicitadas por Berkeley, la empresa australiana que pretende abrir en la zona la que será la única mina de uranio a cielo abierto de Europa.
El magistrado cita a declarar como imputados al exregidor y a los tres concejales denunciados aduciendo que existen indicios de que los querellados pudieron haber incurrido en "negociaciones prohibidas a los funcionarios", un delito castigado con penas de hasta dos años de cárcel.
La querella de Stop Uranio hace referencia a la compra de 20 hectáreas de suelo rústico en 2012 para instalar las oficinas. Los terrenos pertenecían a la familia de Javier Santamartina. Omeses antes de la compra, Santamartina había concedido a Berkeley los permisos municipales necesarios para instalar su sede en Retortillo y había recalificado sus propios terrenos (originalmente rústicos) para permitir la instalación de las oficinas, informa la Cadena Ser.