Un "decretazo" que reduciría en varios miles la plantilla de la Junta
Mientras la Junta se afana con mas voluntad que acierto en evitar el cierre de empresas privadas como Lauki o Dulciora, en su propio seno se dispone a aprobar un decreto que, so pretexto de actualizar las estructuras orgánicas y las relaciones de puestos trabajo de la AdministraciónAutonómica, en la práctica podría amortizar entre 3.000 y 4.000 plazas de funcionarios.
La voz de alarma ha partido de la Plataforma de Defensa de lo Publico (PLADEPU) tras conocer el borrador de decreto que maneja la viceconsejera de Función Pública, Marta López de la Cuesta. ParaPLADEPU, de llevarse a cabo lo previsto, estaríamos ante una especie de ERE encubierto que, amén de amortizar esas miles de plazas -no cubiertas a propósito-, daría nuevos pasos hacia el desmantelamiento de la Administración General de la Comunidad en beneficio de la llamada Administración B, integrada por el conglomerado de sociedades, fundaciones y demás entes públicos que habitualmente practican la externalización de servicios.
Según esta plataforma, la Junta pretende reducir los puestos-tipo (actualmente entre 600 y 700) a tan solo 100 o 120, convirtiendo a los funcionarios en una figura "multiuso" que obligaría a los empleados públicos a trabajar indistintamente para la Administracion B. "Es el armazón legal para convertir a los funcionarios en marionetas de los cargos públicos", denuncian.
El fín que declara el decreto de "conseguir una estructura administrativa mas ágil y flexible", para PLADEPU no es otra cosa que una nueva vuelta de tuerca hacia "una Administración para hacer lo que les de la gana en función de sus intereses políticos". Todo esto mientras persiste el abuso los puestos de libre designación ?más de 700- , las miles de comisiones de servicio acumuladas por la no convocatoria de los concursos de promoción interna y el subterfugio denunciado por el Consejo de Cuentas de utilizarinjustificadamente las "encomiendas de gestión" en beneficio de la susodicha Administración B.
Por el momento los sindicatos de la Función Pública no se han manifestado sobre este "decretazo" que se trae entre manos la Consejeríade la Presidencia.
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