Martes, 12 de diciembre de 2017

El PSOE sospecha que De la Serna también trincó por obras de la Junta

“Si Gómez de la Serna cobraba comisiones para adjudicar obras a estas empresas en el extranjero, queremos aclarar si también se cobraron comisiones en las obras que estas empresas realizaron para la Junta de Castilla y León”. Este es el razonamiento que ha llevado al grupo parlamentario socialista de las Cortes a remitir a la Fiscalía Anticorrupciónun listado de contratos adjudicados por el gobierno autonómico a cinco empresas clientes a su vez de “Scardovi S.L.”, la consultora del diputado por Segovia investigado por la Audiencia Nacional.

Los socialistas han puesto así bajo sospecha contrataciones por un importe global de 100 millones de euros adjudicadas por la Junta desde el año 2005 a dichas empresas. De ellas la que más ha contratado con la Administración Autonómica es Espina Obras Hidraúlicas S.A., compañía con sede social en Santiago de Compostela y con delegación propia en el parque empresarial de Arroyo de la Encomienda.

En el referido periodo la citada empresa se ha hecho cargo de obras por un importe superior a los 42 millones de euros, casi en su totalidad adjudicadas por la consejería de Fomento y Medio Ambiente. Entre otras, ha realizado obras relacionadas con el abastecimiento de agua a los municipios de Ponferrada, Valle de Mena, Villarcayo, Boecillo y Zaratán.

La segunda empresa con mayor volumen de contratación es Elecnor S.A., la misma que pagó a Gómez de la Serna una comisión de 625.000 euros por la adjudicación de una desaladora en Argelia. Elecnor ha facturado conla Junta cerca de 34 millones de euros, 20 de los cuales corresponden a la consejería de Fomento y algo mas de 9 a la de Agricultura.

Le sigue en cuantía Obras Generales del Norte S.A., empresa asturiana adjudicataria de obras por importe de mas 17 millones de euros, con cargo en su totalidad a la consejería de Fomento. La otra empresa señalada es Contratas Iglesias S.A., asimismo domiciliada en Asturias, adjudicataria de obras por un total de seis millones de euros, tres de ellos en solitario y otros tres a través de una UTE formada con CISA Castilla y León. De todo ellos, el contrato de mayor cuantía, algo más de dos millones, fue adjudicado por la consejería de Sanidad.