Domingo, 17 de diciembre de 2017

Violencia machista y recortes

Profesor de Derecho Penal de la Usal
El asesinato de Yolanda Jiménez es el número 16 por violencia de género en todo el Estado en lo va de año

El pasado domingo aparecía muerta en su domicilio Yolanda Jiménez, asesinada de forma vil por su expareja. Es la primera víctima que se produce en Salamanca en lo que va de 2016 y la número 16 en todo el Estado, aunque pueden ser 18, dado que se están investigando dos de los casos, que aún no pueden probarse que hayan sido asesinatos machistas y, por tanto, pendientes de incluir como víctimas de la Ley integral sobre violencia de género.

Sea como fuere, lo que sí debemos preguntarnos es si las políticas de prevención de este tipo de delincuencia están funcionando. Y no parece que la respuesta sea afirmativa, en tanto en cuanto las cantidades de dinero presupuestadas para luchar contra esta lacra social se han venido reduciendo en los últimos años. Así, en 2010 la partida presupuestaria destinada al efecto fue de 34,3 millones de euros, cuando lo presupuestado para 2016 han sido 25,2 millones. Es decir, la partida presupuestaria se ha recortado en un 26 % desde hace 6 años. No existe, además, una partida específica para educación, a pesar de que la Ley integral “obliga a incluir la igualdad en los programas y materiales del sistema educativo, dar formación al profesorado, asignar una persona responsable de igualdad en los Consejos Escolares y que la inspección informe del cumplimiento”, previsto también en el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer, ratificado por España, en 2014. De hecho, los presupuestos asignan más dinero a asociaciones antiaborto que a las de mediación familiar. Y, por otro lado, los dichosos recortes han dejado mermado el presupuesto para igualdad de oportunidades a menos de la mitad de lo que tenía en 2006.

De poco sirve que el Ejecutivo promoviera, por Ley 4/2015, de 27 de abril, el Estatuto de la Víctima del Delito y que, faltaría más, se le reconozcan en esta ley a las víctimas de delitos los derechos de protección, información, apoyo, asistencia y atención, además de participar activamente en el proceso penal. La mayor protección de las víctimas debería producirse antes de que se hubiera cometido el ilícito penal, trabajando más en la prevención del hecho criminal. Y la Ley integral establece muchas medidas: educativas, sociales, culturales, sanitarias o judiciales, que dotadas de suficientes recursos económicos supondrían la evitación de muchos de los ilícitos que se producen.

“Los recortes matan”, se lee en algunas pancartas de asociaciones que se manifiestan en contra de los recortes, y nos les falta razón. Otro ejemplo es el de la causa judicial abierta por prevaricación administrativa contra 2 cargos de Sanidad del gobierno de la Xunta de Galicia presidida por Núñez Feijóo (el delfín del PP y posible sucesor de Rajoy) por negar fármacos a enfermos de hepatitis C. Incluso la Fiscalía también acusa a los mismos de homicidio por imprudencia profesional grave, puesto que algunos de los enfermos a los que no se le suministraron esos medicamentos de nuevo cuño han fallecido. Concretamente 6 han podido fallecer como consecuencia de las decisiones de esos responsables sanitarios. Es grave esta actuación, pero también lo es la del presidente de la Xunta, que ha decidido mantener en sus puestos a esos responsables de la sanidad gallega.

Es paradójico que no haya dinero para estas necesidades sociales y después nos enteremos que algunas entidades que son acusadas, entre otras cosas, de organización criminal (Ausbanc), han recibido cuantiosas subvenciones de algunas administraciones (300.000 euros del gobierno de Madrid de Esperanza Aguirre. Curiosamente la esposa de Luis Pineda, presidente de Ausbanc, fue directora general de consumo en el gobierno de Madrid, de Gallardón).

Por otro lado, no se qué opinarán los familiares de estas víctimas ante la impotencia de ver morir a sus seres queridos porque no le llegan los fármacos, mientras algunas personas influyentes de la política, la economía o las finanzas poseen cuantiosas cuentas corrientes (y a espaldas de la Hacienda Pública hispana) en Suiza, Panamá o en otros paraísos fiscales.

Por cierto, ahora que los ciudadanos se acuerdan menos del ex juez Baltasar Garzón, yo sí recuerdo que antes de ser inhabilitado intentó investigar sobre el dinero que iba a estos paraísos fiscales, pero su actuación fue paralizada constantemente por insignes abogados, con dilaciones indebidas.