Sábado, 16 de diciembre de 2017

Pineda amasó una fortuna que invirtió en Salamanca, entre otras provincias

El juez confirma los chantajes en el 'caso Nóos', a Unicaja y a Facua en los últimos meses, además, la red tenía ramificaciones en Venezuela, Colombia y Estados Unidos
Luis Pineda, máximo responsable de Ausbanc

Según publica elconfidencial.com, una veintena de empresas camuflaban las extorsiones de Ausbanc y Manos Limpias. En concreto, en Salamanca se adquirieron dos terrenos, de 789 y 898 metros cuadrados respectivamente, en el año 2002.

El grupo también compró viviendas y fincas en Madrid, Zamora, Málaga, Jaén y Badajoz. De hecho, en la capital de España se hacían con varios aparcamientos. Por todo esto, este diario digital, afirma que “familiares y amigos de los dirigentes de las sociedades investigadas, también detenidos el viernes, figuraban en las mercantiles rastreadas en la operación Nelson”.

Chantajes en el caso Nóos

Por otra parte, El Norte de Castilla asegura que”el juez confirma los chantajes en el 'caso Nóos', a Unicaja y a Facua en los últimos meses” y que “la red tenía ramificaciones en Venezuela, Colombia y Estados Unidos, según el instructor”

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha ordenado prisión preventiva sin fianza para el presidente de los Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), Luis Pineda, y para el secretario general del sindicato Manos Limpias, Miguel Bernard. La medida había sido solicitada por el fiscal del caso, Daniel Campos.

Ambos detenidos, que han declarado este lunes por la mañana ante Pedraz, están acusados de liderar una trama de extorsión que, entre otros, chantajeó a la infanta Cristina o al presidente de Unicaja, Braulio Medel, a los que reclamó diferentes cantidades de dinero por retirar los cargos contra ellos en los casos Nóos y los ERE fraudulentos.

Fraude, extorsiones y pertenencia a organización criminal

Pineda está acusado de fraude de subvenciones, extorsión, amenazas y pertenencia a organización criminal, mientras que Pedraz imputa a Bernard los ilícitos de extorsión, amenazas y pertenencias a organización criminal.

Pineda, prometió en una conversación telefónica con el director general de la Fundación La Caixa "plegar velas" en la acusación contra la Infanta Cristina en el caso Nóos e incrementó de dos a tres millones de euros el pago requerido para hacerlo, argumentando que la causa generaba "muchos gastos procesales".

En el auto en el que envía a prisión a Pineda y al secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, el juez Santiago Pedraz detalla esta conversación en la que el responsable de la asociación de usuarios de cajas indicaba que la abogada Virginia López Negrete se había "pasado" en su intervención con ocasión de la declaración de la hermana del Rey Felipe VI.

"Tendrá que plegar velas y punto", dijo y agregó que la letrada ya había tenido su "momento de gloria" y tendría que asumir la decisión le gustara o no.

El juez asegura que fue Pineda el que promovió esta "estrategia" para intentar negociar la retirada de la acusación "a cambio de un acuerdo que le beneficiaría económicamente". Para ello, mantuvo numerosas conversaciones con el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad. "Era Pineda el que marcaba las pautas", dice el auto.

Así, el 29 de febrero de este año se produjo la primera llamada a la Fundación La Caixa. La intención era pactar una declaración convenida que pudieran después utilizar para justificar su decisión de apartarse.

Unos días después de la declaración de la Infanta en el juicio, el 14 de marzo, Pineda llamó a otro banco, en este caso el Sabadell. En concreto, se puso en contacto con el subdirector general de la Asesoría Jurídica y le pidió que hablara con el abogado defensor de la hija de don Juan Carlos, Miquel Roca.

Tácticas de coacción

Además de Bernard y Pineda, han declarado ante el juez Pedraz otros tres de los catorce detenidos el viernes en la denominada 'operación Nelson' de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Se trata de Javier Castro Villacañas, jefe de comunicación de Manos Limpias; Alfonso Solé Gil, tesorero de Ausbanc; y Ángel Garay Echevarría, adjunto a Pineda. El juez les impone la obligación de comparecer cada 15 días y la prohibición de abandonar el país.

El resto de los detenidos fueron puestos en libertad, con cargos, durante el fin de semana y serán llamados a declarar en breve por la Audiencia Nacional.

Santiago Pedraz en su auto detalla toda la operativa de los detenidos que presuntamente integraban una organización criminal dirigida por Luis Pineda. Este grupo se centraba en torno a Ausbanc, una supuesta asociación sin ánimo de lucro cuya última finalidad era la obtención de un beneficio económico ilícito de sus miembros. Utilizaban la cobertura de una "defensa de la consumidores" para presionar a entidades contra las cuales, por la naturaleza de la asociación, debería luchar para proteger de forma efectiva a los consumidores.

El juez relata tácticas de coacción a entidades para llevar a cabo acuerdos económicos enmascarados en contratos publicitarios y utilizando a su vez al sindicato Manos limpias para reforzar las coacciones.

El dinero recaudado por Ausbank procedía de esos "convenios publicitarios" suscritos por las entidades, así como de subvenciones por su condición de asociación sin ánimo de lucro.

El juez detalla el papel que desempeñaban los detenidos en esta organización, que contaba con ramificaciones internacionales en Colombia, Venezuela y Estados Unidos

El auto describe las conductas de desvío de fondos, las presuntas estafas a los asociados y las negociaciones por las que conseguían contratos publicitarios. También incluye las negociaciones llevadas a cabo entre Ausbank y las entidades, en perjuicio de sus adheridos. También detalla las negociaciones con presión, a través de Manos Limpias, donde pretendían llegar a acuerdos. En el breve periodo de tiempo desde noviembre la investigación ha podido detectar cuatro casos, Noos y contra los bancos Sabadell, Unicaja y la asociación de consumidores Facua.

La ultima vía de financiación sería la de los llamados 'itcra', informes trimestrales de consultas y reclamaciones que vendían a entidades bancarias.

Fuente El Norte de Castilla