Montoro, dispuesto a morir matando

Había advertido que iba a marcar de cerca a las comunidades autónomas para que no volvieran a incumplir sus límites de déficit, pero nadie esperaba que un ministro en funciones, como lo es Cristóbal Montoro, desplegara una ofensiva como la que ha lanzado contra las que gastaron en 2015 por encima de lo que tenían autorizado. La carta que ha enviado a las catorce comunidades "incumplidoras" (todas, salvo Galicia, Canarias y País Vasco) ha caído como una bomba entre los destinatarios, incluida, como no, la Junta de Castilla y León, que ya las venido teniendo tiesas con Montoro a lo largo de todo su mandato.

En esa carta el ministro hace cuentas y, apoyándose en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, exige a cada comunidad que en el plazo de 15 días presente un plan económico-financiero con los recortes necesarios (eufemísticamente "no disponibilidad de créditos") para garantizar el cumplimiento del déficit en 2.016. En el caso de Castilla y León dichos recortes se cifran en 328 millones de euros.

Como no podía ser de otra manera, las comunidades afectadas han puesto en el grito en el cielo, resistiéndose en unos casos, negándose en otros, a acatar una medida que irremisiblemente se traduciría en nuevos recortes en Sanidad, Educación y Servicios Sociales, que no en vano absorben entre el 75 y el 80 por ciento del gasto autonómico. Silente de momento Juan Vicente Herrera, la vicepresidenta, Rosa Valdeón, y la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, fijaron ayer la posición de la Junta. "Que nos diga (Montoro) donde quitar, es imposible reducir nada", afirmó la primera. "El presupuesto está muy medido y calibrado, no se puede recortar en ningún sitito", dijo la segunda.

El marcaje del ministerio de Hacienda no queda ahí, ya que Castilla y León es una de las cinco comunidades apercibidas por incumplir el plazo legal de 30 días establecido para el pago de proveedores. En este punto la consejera de Hacienda no ha tenido otro remedio que reconocer que durante el pasado mes de enero dicho plazo se elevó hasta los 47 días, doce más que en el de diciembre. El apercibimiento supone t odo un aviso a navegantes después de que Extremadura y Aragón vieran esta semana como el ministerio les retenía determinadas transferencias de fondos precisamente por incumplir el plazo de pago a sus proveedores. Se diría que Montoro está dispuesto a morir matando.