Sábado, 16 de diciembre de 2017

Estado social versus problemas sociales

Profesor de Derecho Penal de la Usal

Como sabemos, una de las diferencias que existen entre el Estado Liberal y el Social de Derecho es, precisamente, que, en el Liberal, predomina el adagio francés “laissez faire, laissez passer, le monde va de lui même”, es decir, que se potencia el libre mercado con bajos o nulos impuestos y sin intervención del Estado en los procesos económicos. En el Estado Social, en cambio, que surge después del Liberal y que mantiene el catálogo de derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, incorpora elementos intervencionistas para corregir los desequilibrios sociales: establece cargas tributarias en función de la naturaleza del hecho imponible que grava la renta, el consumo o el patrimonio de los ciudadanos, empresas y entidades con ánimo de lucro.

El sistema tributario debe ser justo “inspirado en los principios de igualdad y progresividad”, como establece el artículo 31 de la CE. Esto es lo que caracteriza lo que se viene denominando “Estado Social y Democrático de Derecho”, que ha sido incorporado por los países más avanzados del mundo.Con el paso del Estado Liberad al Estado Social de Derecho se incorporan al catálogo de derechos algunos que antes no eran considerados como tales: la protección social, la seguridad social universal, la protección de la salud, el acceso a la cultura, el derecho a disfrutar de una vivienda digna, las pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas y, en definitiva, las prestaciones sociales suficientes para cubrir las necesidades de los ciudadanos con menos recursos.

Todo esto es lo que caracteriza al Estado del Bienestar y que nuestros gobernantes tienen el deber de mantenerlo, porque sabemos que es la mejor forma de combatir los problemas sociales, las desigualdades, la marginalidad, la pobreza e incluso la delincuencia. A este respecto, los estudios empíricos nos demuestran que la solución para prevenir las conductas delictivas no está precisamente en una inflación del Derecho Penal, imponiendo penas draconianas y con finalidad vindicativa y no rehabilitadora, sino en adecuadas políticas sociales y económicas. El pueblo, mediante reuniones y concentraciones pacíficas, tiene que transmitir este mensaje de forma decidida a los representantes políticos, no sólo depositando el voto en la urna cada cuatro años.

Y ahora más que nunca, este mensaje hay que proclamarlo sin tregua y defenderlo en todos los foros e instituciones de gobierno, en un momento en que la noticia económica está corriendo como la pólvora: “el exceso de déficit público obligará al futuro gobierno a duros ajustes”. El gobierno en funciones nos engañó a todos con las cifras del déficit, puesto que antes de las elecciones generales, en diciembre, dijo que no iba a crecer, cuando ha sido del 5,16 %, muy superior al que exigía la Unión Europea para el pasado año 2015. Lo que no se debe hacer en este caso es lo que hizo el PP en la pasada legislatura, es decir, recortar drásticamente en sanidad, educación y resto de políticas sociales. Lo que debe hacer un gobierno que trabaje por el interés general es limitar el gasto público de actividades y servicios menos esenciales, por ejemplo:

1.- Recortar las prebendas de muchos de nuestros políticos: algunos de ellos duplican los cargos (alcaldes, que también son senadores y miembros de diputaciones provinciales), eliminar dietas que reciben muchos diputados y senadores por no tener residencia en Madrid, que son propietarios de viviendas en la capital, además de ejercer un mayor control sobre su actividad laboral. No es de recibo qe diputados y senadores perciban su salario íntegro cuando en lugar de asistir a las sesiones de las cámaras, dedican el tiempo a otros menesteres de carácter privado. Si no tienen otra profesión y han de vivir de la política, al menos, que cumplan con sus obligaciones como el resto de los trabajadores. Cuando cesan de su actividad como parlamentarios reciben unas cuantiosas indemnizaciones por “despido”, en función de los años que hayan sido representantes del pueblo. En la presente legislatura, 64 parlamentarios han sido indemnizados.  No sería cuestionable en condiciones normales, ya que han prestado su servicio como cualquier otro trabajador. Lo que ocurre es que la cuantía del despido es de una mensualidad por año (30 días), mientras para el resto de trabajadores, conforme a la actual reforma laboral, es de 30 días por el primer año, pero por el resto son 20 días, claramente inferior, siendo, incluso, más elevado el salario mensual de los parlamentarios que el de la media del resto de trabajadores.  

2.- Suprimir algunos entes administrativos cuyas competencias se duplican o triplican: ¿no supone un despilfarro escandaloso que Diputaciones Provinciales y Comunidades Atónomas tengan competencias similares y, en cambio, no redunda en una mejora del servicio para el ciudadano? Y no sólo esto, los gastos de protocolo y de libre disposición de estas entidades son, en muchos casos, escandalosos.

3.- Suprimir ayudas y subvenciones a muchas fundaciones, asociaciones, emisoras de radio y cadenas de televisión, cuyos objetivos más destacables pasan por apoyar sin fisuras a los partidos políticos que sustentan a los gobiernos que les han subvencionado y criticar a sus adversarios.

4.- Prohibir por ley las inversiones faraónicas en infraestructuras de puro lujo, recreo u ornato, realizadas por ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas ( y que muchas veces sirven para que los gobernantes de turno reciban cuantiosas cantidades económicas por parte de empresas que son las adjudicatarias de las obras), siempre que haya necesidades básicas por cumplir (sanidad, educación y otros servicios sociales). Ejemplos de despilfarro en obas inútiles hay para aburrir: aeropuertos de Castellón y Ciudad Real, entre otros.

5.- La auditoría del gasto público debe se rigurosa y responder a los criterios constitucionales de eficiencia y economía.

Este tipo de medidas contribuirían, no sólo a reducir el déficit público, sino que se podrían contratar más médicos y maestros e incrementar las camas hospitalarias, las pensiones y las ayudas para personas dependientes.