Martes, 12 de diciembre de 2017

Ganemos respeta la decisión del juez de citar a De la Mora

Consideran que es un ejemplo más de la “aplicación de la Ley Mordaza aprobada por el PP”
El concejal Gabriel de la Mora

Ante la citación del concejal Gabriel de la Mora para declarar ante el juzgado, tras la querella interpuesta por dos policías nacionales a título particular y en relación a un comentario en una red social en su perfil personal, tras una actuación policial el pasado mes de septiembre en la ciudad, desde Ganemos Salamanca han emitido un comunicado en el que se señalan:

“Nuestro máximo respeto por las decisiones del poder judicial, recordando que estamos ante la aplicación de la Ley Mordaza del Partido Popular que ha sido condenada por la ONU, la OSCE y multitud de organismos internacionales por propiciar la vulneración de la libertad de expresión en las redes sociales

Sobre los hechos en particular que se denunciaron por los vecinos y la polémica artificialmente creada posteriormente tras el comentario en las redes, el propio Gabriel de la Mora expresó su opinión al respecto de este asunto en un artículo de prensa publicado hace meses, No mentirás. Salamanca ciutat morta, donde expresó que se limitó a trasladar la versión de los afectados, antes las acusaciones denigrantes y xenófobas vertidas en los medios de comunicación contra la familia detenida y los vecinos del Barrio del Carmen, recordando que la actuación policial ya está siendo investigada en un procedimiento judicial abierto en los juzgados de Salamanca.

Ganemos Salamanca cumple y cumplirá su código ético escrupulosamente, el cual expresa el compromiso a cesar de forma inmediata en todos sus cargos si, tras la correspondiente investigación judicial, finalmente se produce la apertura del juicio oral, por delitos relacionados con corrupción, (prevaricación con ánimo de lucro, tráfico de influencias, enriquecimiento injusto con recursos públicos o privados, cohecho, apropiación de fondos públicos, bien sea en interés propio o para favorecer a terceras personas), pero no frente a otros casos en general.

En todo caso nuestro código ético establece que cualquier cargo político investigado judicialmente deberá rendir cuentas públicas sobre los hechos que se le atribuyen, conforme los mecanismos establecidos y nuestros principios de máxima transparencia y rendición de cuentas”.