Viernes, 15 de diciembre de 2017

Cuando salí de mi tierra

La opinión de Francisco López Celador, natural de Cantalpino

[Img #577012]

No resulta fácil sustraerse a la tentación de  comentar  el momento delicado de nuestra situación actual. Creo, sin embargo, que existe otro grave problema que debería preocuparnos a todos y que, curiosamente, no ha merecido el menor comentario de nuestros partidos políticos, tan empeñados en hacer el ridículo en los últimos días. Me estoy refiriendo al vergonzoso silencio con que se está respondiendo, desde el mundo del progreso, a esos miles de personas que, huyendo de la guerra y la persecución, buscan salvar sus vidas o encontrar la mínima ayuda que les haga posible disfrutar de los derechos humanos que les reconoce el Estatuto de Refugiados, y que con tanto cinismo les estamos negando.

Sería muy fácil –y, por supuesto, no mentiría- recordar épocas pasadas en las que muchos españoles, refugiados en un caso y emigrantes en otro, en contra de su voluntad, tuvieron que dejar sus hogares tratando de garantizar su  integridad física  o  mejorar su situación económica. Siempre encontraron fronteras abiertas  para refugiarse o, como otros ciudadanos europeos, para poder encontrar empleo y salario dignos con los que solucionar las estrecheces dejadas atrás.

A pesar de la gravedad de la situación por la que atraviesan países de África y de Oriente Próximo, han tenido que perder la vida demasiadas personas para que las conciencias se removieran y se comenzara a buscar alguna solución. Para cualquier país que haya suscrito la Declaración de los Derechos Humanos, nunca tendrá justificación negarse a colaborar en la tarea de salvar la vida de personas inocentes, sometidas a la persecución o extermino por parte de sus gobernantes, o por los de otras potencias u organizaciones terroristas.

La llamada “crisis de los refugiados” está poniendo a prueba a la Unión Europea. En primer lugar, existe una verdadera mafia criminal que, a base de cobrar cantidades desorbitadas por “facilitar” la travesía del Mediterráneo, trafica con las vidas de miles de seres desesperados, en operaciones carentes de las mínimas condiciones de seguridad, unas veces, y otras con la certidumbre evidente de tragedia. De eso existe constancia, pero se mira para otro lado. Tanto las rudimentarias pateras como esas abarrotadas embarcaciones que, antes de partir, ya presagian un más que probable hundimiento, efectúan el trayecto de forma tan inocente que son fácilmente detectables en el momento de  partir, desde el aire, o desde cualquier navío en servicio de vigilancia. Desde luego, desde un puerto, o desde Bruselas, no se puede impedir la travesía; únicamente  se puede acudir a las labores de salvamento, algunas veces demasiado tarde. Ya es triste que estas misiones las estén desempeñando organizaciones humanitarias porque los países con medios apropiados no acaban de ponerse de acuerdo. Si lo que se pretende es que el pánico acabe con las tentativas, es inútil, no tienen nada más que perder. La corriente mayoritaria de éxodo es consecuencia del conflicto armado en Siria e Irak.

En pleno siglo XXI, una guerra tan localizada como ésta, está prolongándose tanto tiempo porque, quienes pueden pararla, no se lo proponen o, si lo hacen, procuran salvaguardar otros intereses bastardos. Está claro que, de día en día, la situación se agrava porque países como Grecia, Italia, Hungría -España en menor grado-, se ven desbordados ante una avalancha de personas –en su inmensa mayoría refugiados- que, cosa muy humana, buscan buen ambiente -humano, social y económico-  y dirigen sus pasos y sus anhelos hacia aquellos países europeos de mayor nivel de bienestar. De esta forma, el grado de afectación de los países de posible destino sufre desequilibrios difíciles de conjugar. Hay que compaginar las razones humanitarias con las realidades económicas. Si a todo ello tenemos la desgracia de añadir algún tinte xenófobo –como estamos empezando a entrever estos días- la cosa se pone mucho más difícil. La Unión Europea diseñó un plan de cuotas que, por muy vergonzoso que parezca, nadie aceptó a la primera. Un miserable regateo fue limando las cuotas iniciales de cada país para que el gobierno de turno pudiera sacar pecho ante los suyos. De esta forma, un colectivo de más de 500 millones de habitantes se disponía a acoger poco más de un millón de refugiados, cuando naciones como Turquía acogía casi 3 millones, Jordania 1, o Líbano más de 1.

Resulta muy razonable que países de la Unión Europea con un nivel económico nada desahogado soliciten la solidaridad del resto para poder hacer frente a esa necesidad sobrevenida, capaz de afectar muy negativamente su normal desarrollo. Para ello deben articularse medidas compensatorias. Medidas, claro, que sean efectivas. Se acaba de aprobar un fondo de 700 millones de euros, a repartir en tres años, para atender las necesidades de los países más afectados. Parece mucho pero, para una posible población flotante de, al menos, 6 ó 7 millones de personas, proporcionar albergues permanentes, infraestructura necesaria para subsistir y  para períodos de tiempo bastante prolongados, se me antoja una ayuda bastante raquítica. Lo más doloroso es que nadie nos damos por aludidos, y los que sí se manifiestan, no siempre lo hacen con buenos modales. Los países sólo encuentran inconvenientes ¿Hemos intentado, por un momento, ponernos  en el lugar de los refugiados? O no lo hemos hecho, o tenemos una piedra por corazón.