¡Vaya un pacto!

La actualidad política ha venido marcada esta semana por el acuerdo al que han llegado PSOE y Ciudadanos, cuyos efectos prácticos parece que no irán más allá de haberles dado unos días 'de gloria' a ambos partidos en cuanto a ocupar el centro de atención nacional. Asimismo, esta semana también se ha celebrado el 33º aniversario del nacimiento de Castilla y León como comunidad autónoma, bueno, como comunidad autónoma y en general, pues hasta 1983 eran dos territorios separados oficialmente. A priori ambos hechos parecen inconexos entre sí, pero en realidad en dicho pacto hay también una parte importante que afecta directamente a este ente autonómico, pues pretende blindarlo frente a la posibilidad de que el Reino de León se constituya en autonomía propia.

El mencionado acuerdo entre PSOE y C's, titulado 'Acuerdo para un gobierno reformista y de progreso', recoge en su apartado séptimo la reforma de la Constitución, entre cuyos puntos se puede leer la "supresión de las Diputaciones Provinciales de régimen común", así como "incorporar las denominaciones de las comunidades autónomas" en la Constitución.

Respecto al primero de dichos puntos, el de la supresión de diputaciones, huelga decir que esto afectaría a todas las diputaciones salvo a las del País Vasco. Esto es un hecho que tiene mucho que ver con que en las provincias vascas dichas instituciones son prácticamente sagradas y, de hecho, son las que poseen las competencias recaudatorias del sistema foral vasco. Suprimir las mismas, por tanto, supondría un auténtico harakiri político para PSOE y C's en dichas provincias, algo por lo que no están dispuestos a pasar.

Caso contrario a lo que ocurre en Cataluña, donde las diputaciones llevan décadas en el punto de mira del nacionalismo catalán, que prefiere una estructuración en comarcas y le sobran las instituciones provinciales, por lo que en Cataluña no hay miedo a suprimir las mismas y, por tanto, PSOE y C's no sufrirían un retroceso electoral importante en territorio catalán por este hecho.

¿Y el resto de España qué? Pues como que damos igual, ya que estamos a otras cuestiones. No faltan, en la España interior especialmente, quienes quieren cargarse todas las instituciones que no sean las del Estado, y les sobran diputaciones y autonomías, a las que echan la culpa de todos los problemas que tiene este país (como si la gestión que se ha ejercitado en las instituciones estatales fuese mejor?), aunque no falta tampoco quien defienda que no se toque nada de nada. Y así está la cuestión, entre los que no quieren cambiar nada y los que quieren llevarse por delante la mitad de las instituciones del país. Y digo yo, ¿No es posible una reforma de las diputaciones? Porque la idea de supresión lanzada por PSOE y C's viene con letra pequeña, y a la par que tratan dicha cuestión hablan de la "creación de Consejos Provinciales de Alcaldes" (y en Salamanca tenemos 362 alcaldes?). Es decir, que parece que hacen desaparecer instituciones, pero en realidad crean unas nuevas que las sustituyen para que siga el mamoneo y puedan seguir chupando los peces gordos en las provincias. Creo que para realizar dicha sustitución es preferible que se mantengan las diputaciones, aunque actualizándolas, esto es, que pasen a ser elegidas de forma directa por los ciudadanos de cada provincia, y no por el sistema de compadreo y caciquismo imperante en la actualidad.

En cuanto a las posiciones en nuestra provincia, más allá de las posturas nacionales, el PP ha rechazado de plano a través de sus portavoces cualquier reforma o supresión de las diputaciones, el PSOE se ha mostrado dividido y con importantes voces críticas en este punto, y C's parece respaldar la supresión de diputaciones, aunque maquillándolo verbalmente como "reestructurar las instituciones" (que se podría traducir en cambiar las diputaciones por consejos de alcaldes). Podemos, por su parte, no se ha posicionado en este punto en la provincia, aunque en sus 'Bases políticas para un gobierno estable y con garantías' realizadas a nivel nacional habla de "suprimir las diputaciones provinciales, a excepción de las Diputaciones Forales", por lo que a falta de una declaración contraria es de suponer que la dirección provincial se pliega en el mismo sentido. El leonesismo, por su parte, ha rechazado la supresión de las diputaciones y ha propuesto que, en caso de que ésta se lleve a cabo, se cree una Diputación General del Reino de León (con sede central en Zamora) para que Salamanca, Zamora y León no pasen a depender exclusivamente de la Junta y puedan así gestionar una serie de recursos propios, hecho para el cual han comenzado una recogida de firmas por internet.

En todo caso, posiciones y propuestas aparte, parece que el futuro de las diputaciones, aunque puesto en entredicho, no está en peligro, pues una reforma constitucional que le afectase, tal y como establece el artículo 167 de la Constitución, habría de ser aprobada por el 60% de Congreso y Senado o, en caso de que no se llegase a estos porcentajes en alguna de las cámaras, por dos tercios del Congreso y la mayoría absoluta del Senado. En este sentido, teniendo en cuenta que el PP se opone a la reforma constitucional en este punto y que posee la mayoría absoluta en el Senado, así como más de un tercio del Congreso, podría tumbar cualquier iniciativa de reforma constitucional anti-diputaciones (bueno, y de reforma en general). A ello habría que sumar la dificultad añadida de que las bases del PSOE han de dar en la votación de este fin de semana su respaldo al pacto, cuestión que no parece nada clara.

En cuanto al otro punto territorialmente 'áspero', el de la inclusión de los nombres de las autonomías en la Constitución, cabe señalar que este hecho afectaría casi en exclusiva a las pretensiones de la Región Leonesa de constituirse en comunidad autónoma, pues en el resto de España no hay fuerzas importantes que cuestionen el actual mapa autonómico, con la única salvedad de quienes pretenden unir el País Vasco y Navarra, aunque la hipotética unión de estas dos autonomías viene recogida explícitamente como posibilidad en la Constitución en su Disposición Transitoria Cuarta. Así, la inclusión de los nombres de las autonomías no tendría más efecto práctico que el de intentar obstaculizar que el mapa autonómico se altere en lo más mínimo (salvo en el único precepto que viene recogido por la Constitución, que sería el vasco-navarro, y cuya derogación no contemplan PSOE y C's en el pacto).

Este pretendido blindaje del mapa autonómico habrá dado alguna que otra alegría a los políticos junteros más acérrimos que se reunieron en Valladolid el jueves para celebrar el trigésimo tercer aniversario del estatuto de autonomía. Precisamente el Estatuto, que ya ha sido reformado en varias ocasiones (la última en 2007), se encuentra nuevamente en la actualidad en proceso de reforma, habiéndose acogido con buena disposición esta posibilidad por PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos, no así por parte de UPL e IU, que consideran innecesaria la reforma estatutaria en los términos planteados por el resto de formaciones. Precisamente, IU y UPL, que integran el Grupo Mixto en las Cortes, han sido los partidos que han dado la nota discordante en los actos conmemorativos del Estatuto. Unión del Pueblo Leonés (UPL) se erigió en protagonista precisamente por una ausencia ya anunciada, alegando que la autonomía sólo ha servido para que algunas provincias medren a costa de otras, y que por ello "nada tiene de celebración para los ciudadanos y para los representantes políticos en las provincias de la Región Leonesa, León, Zamora y Salamanca". Izquierda Unida (IU), por su parte, acaparó parte de la atención porque su procurador, José Sarrión, aunque asistió a los actos, se mostró muy crítico con el proyecto de reforma estatutario, que considera una innecesaria cortina de humo, alegando que "no supondrá ninguna mejora en la calidad de vida de los castellanos y leoneses". Entretanto, PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos se han frotado la chepa mutuamente cantando las alegorías de la maravilla de comunidad autónoma en que nos hallamos insertos. Será que no les han llegado los datos de pérdida poblacional del Instituto Nacional de Estadística (INE), o al menos, no en lo que se refiere a León, Zamora y Salamanca.

En todo caso, no estaría de más recordar al portavoz de Ciudadanos (C's) en las Cortes, Luis Fuentes, que en abril de 2009, cuando era portavoz de Unión del Pueblo Salmantino (UPS), hablaba de "una comunidad con un territorio muy extenso, en la que consideramos que dos vicepresidencias administrativas, una en León y otra en Castilla, harían que todo funcionase mejor", palabras que le fueron recordadas en mayo en una entrevista, y ante las cuales alegó que "UPS denunciaba las diferencias tremendas entre el este y oeste de la Comunidad porque el objetivo era integrar a todos los habitantes. En aquel momento, había diferencias en infraestructuras, equipamientos e inversiones. El planteamiento de las dos vicepresidencias era la exteriorización de que era obligatorio un equilibrio pero, ahora, con la vertebración actual no es necesario". Vamos, que ahora a Salamanca, Zamora y León nos va de maravilla por lo que se ve, de hecho nos va tan bien que 'sólo' hemos perdido 10.359 habitantes en el último año, y desde 1981 'apenas' hemos perdido 106.779 habitantes, el equivalente a que vaciásemos por completo de habitantes Zamora, Ciudad Rodrigo, Béjar y Astorga. Un exitazo de autonomía para nosotros sí señor, viva el equilibrio.

Por su parte, el líder autonómico de Podemos, Pablo Fernández, plenamente inserto en la espiral juntera de realizar cantos de sirena a las ventajas de estar en esta autonomía, también ha recurrido al "donde dije digo digo Diego". Así, si en una entrevista el 15 de enero de 2015 manifestaba que "apostamos porque en su día se haga un proceso constituyente en el cual los leoneses y las leonesas puedan decidir si quieren la autonomía para nuestra región", apenas diez días después indicaba que en "ningún momento" se había planteado un referéndum sobre la cuestión leonesa, señalando que Podemos "apuesta por construir Castilla y León desde la ciudadanía y por fomentar el sentimiento castellanoleonés". Por lo que se ve, en su caso, al igual que en el del naranjito Luis Fuentes, la poltrona como cabecilla autonómico también ha acabado llevándose por delante a los ideales. "Estos son mis principios, sino le gustan tengo otros", que diría Groucho Marx. Palabras que también serían aplicables a unos cuantos antiguos líderes locales de AP (PP) y PSOE de los años de la Transición, que llegaron a posicionarse a favor de una autonomía leonesa pero acabaron agachando las orejas ante lo que dictaron las altas esferas de sus partidos.

De esta manera, si bien el pacto PSOE-C's se quedará en unos días en agua de borrajas, lo que sí se avecina en esta legislatura autonómica es una reforma estatutaria. Veremos si esta vez los habitantes y representantes de las provincias leonesas nos atrevemos a dar el do de pecho, pues la principal responsabilidad de nuestra despoblación la tenemos los leoneses, por no atrevernos a exigir lo que nos es propio por justicia.

Por ello, nuestros representantes (empezando por concejales y alcaldes, siguiendo por las Diputaciones y terminando por los procuradores) han de exigir en el proceso de reforma estatutario que en el nuevo Estatuto se recoja la posibilidad de que Salamanca, Zamora y León podamos conformarnos en autonomía propia si así lo decidimos en el futuro. De lo contrario, seguiremos atados de pies y manos y, lo que es peor, condenados a una eterna despoblación. Es perentoria la necesidad de manejar una serie de recursos propios y, de este modo, garantizar un nivel mínimo de inversiones en nuestras provincias. Esperemos que esta vez nuestros representantes y conciudadanos tiren más de testosterona o, de lo contrario, estaremos nuevamente en brazos de la frase "tonto el último", y llevamos más de tres décadas siendo los últimos (en definitiva, los tontos), ya debería tocar cambiar la dinámica. ¿Tendremos valor para ello?