Domingo, 17 de diciembre de 2017

El plazo para solicitar el certificado antipederastia, del 18 de abril al 31 de mayo

La norma afecta a trabajadores de clubes deportivos, parroquias, piscinas o monitores de ocio

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La Junta de Castilla y León ha informado a los sindicatos de la enseñanza del inicio del trámite para expedir más de 7.000 certificados para docentes de colegios, institutos o centros de formación que bajo su dependencia trabajen en la provincia vallisoletana con menores. El plazo de solicitud comienza el lunes, 18 de abril, hasta el 31 de mayo.

El motivo es la entrada en vigor, el pasado 30 de diciembre, del Real Decreto 1.110 que regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales, que con carácter privado se extiende a todo el territorio nacional. Su finalidad es tener información sobre aquellas personas condenadas en sentencia firme por cualquier delito sexual, contra la libertad e indemnidad sexual trata de seres humanos o explotación de menores, y prevenir para que no puedan estar en contacto habitual con menores. Para ello, una ley de Protección a la Infancia y Adolescencia, aprobrada por el Gobierno en julio del año pasado, establece la obligación de aportar un certificado negativo de este Registro estatal.

El pasado 16 de diciembre, los sindicatos plantearon a la Consejería de Educación su preocupación por la entrada en vigor de este Registro, y los efectos que puede tener en el empleo y las actividades que se realizan en los centros educativos.

Pero no solo la nueva normativa comprende a las actividades educativas, sino que también la ley exige que el certificado sea presentado cuando se trabaje en clubes deportivos, piscinas, parroquias, catequesis, comedores infantiles, campamentos de ocio o monitores de tiempo libre. Es decir, actividades que estén siempre relacionadas con niños o adolescentes.

La ley atribuye a los servicios centrales del Ministerio de Justicia la capacidad de concretar de qué forma se puede realizar la expedición del certificado antipederastia.

Precisamente, el Real Decreto ministerial establece el marco de colaboración entre las Administraciones públicas y otras Instituciones con la finalidad de «favorecer la aplicación de la norma para el ejercicio de las profesiones, oficios y actividades que impliquen un contacto habitual con los menores».

Este modo de colaboración será mediante convenios específicos con las administraciones que desarrollen actividades con menores de edad.

Las recientes noticias y denuncias sobre abusos en colegios de Barcelona y otros puntos de España han acelerado los trámites tanto en administraciones públicas como en empresas privadas dedicadas a prestar servicios a menores. Unas gestiones que han implicado la petición de los certificados de forma importante desde septiembre del 2015 y hasta enero de este año 2016.

También gimnasios y piscinas

De este modo, la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia en Valladolid, que comprende además las provincias de Palencia, León, Salamanca y Zamora, ha contabilizado en los dos últimos meses 3.786 peticiones de expedición de certificados de antecedentes penales negativos con el objetivo de ser presentados en centros educativos, gimnasios, clubes deportivos, parroquias o piscinas. Esta cifra contrasta con las 997 certificaciones expedidas en los mismos meses del año 2014 y 2015. «Este número importante de peticiones ha originado que tengamos que reorganizar el servicio para realizar los certificados», explican fuentes de la Gerencia.

La demanda ha ido creciendo desde que se publicó el pasado mes de julio en el BOE la modificación del sistema de Protección a la Infancia y a la adolescencia, que incorpora indicaciones para la prevención de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, trata de seres humanos y explotación de los menores.

Aunque el Real Decreto 1.110 de diciembre establece que la solicitud, expedición y obtención de los certificados se hará preferentemente por medios electrónicos, el Ministerio de Justicia está entregándolos en ventanilla en las gerencias o remitiéndolos por correo postal.

La nueva normativa establece además que los ciudadanos de origen extranjero o que tuvieran otra nacionalidad deberán aportar también certificación negativa de condenas penales expedido por las autoridades de su país de origen o de donde sean nacionales.

Texto y foto: El Norte de Castilla