El sector primario atraviesa una situación crítica marcada por la asfixia económica de los agricultores ante los bajos precios y los altos costes de producción; mientras, los ganaderos, pese a contar con buenas cotizaciones, viven bajo la amenaza constante de las enfermedades
La radiografía actual del campo en Salamanca muestra dos realidades muy contrastadas. Por un lado, los agricultores se enfrentan a una mala campaña debido a la combinación de bajos precios de venta y unos costes de producción inasumibles. Por otro, los ganaderos disfrutan de cotizaciones históricas, pero viven bajo la amenaza constante de enfermedades animales.
Todo ello se enmarca en un contexto demográfico crítico. El sector agrario está muy envejecido y la falta de jóvenes dispuestos a tomar el testigo es alarmante. Las elevadas inversiones necesarias para comenzar, el alto coste de la maquinaria agrícola y el riesgo constante de pérdidas económicas disuaden a las nuevas generaciones de incorporarse a una actividad que resulta esencial para la soberanía alimentaria.
A pesar de estas dificultades, los cereales, en el sector agrícola, y el bovino y porcino, en el ganadero, se mantienen como los principales motores del campo salmantino. La provincia cuenta con una superficie de cereales grano de 124.328 hectáreas, la mayoría de secano (97.696). Dentro de estos, destaca el cultivo de trigo blando y la cebada de dos carreras, con 60.846 y 29.184 hectáreas respectivamente, según los datos provisionales de la campaña 2025 del Ministerio de Agricultura.
En regadío, el protagonista es el maíz, con 17.668 hectáreas; mientras que en los cultivos industriales sobresale el girasol, con 21.002 hectáreas. También hay que resaltar la superficie dedicada a forrajes, que alcanza las 57.699 hectáreas.
En cuanto al sector ganadero, Salamanca sigue en cabeza a nivel nacional por su cabaña bovina, con un censo de 574.919 cabezas; un sector porcino fundamental que suma 629.309 animales, donde el ibérico es el rey indiscutible con 565.578 ejemplares; y una cabaña ovina que alcanza las 231.113 cabezas.
La situación de los agricultores salmantinos es crítica. "La agricultura está muy fastidiada porque los precios no acompañan", explican desde el sector. Actualmente, el trigo cotiza a unos 200 euros por tonelada, mientras que la cebada y el maíz se sitúan en torno a los 180 euros, que hacen inviable el cultivo.
El principal problema radica en los insumos. El gasóleo agrícola ha pasado de 0,93 euros antes de los conflictos internacionales a superar el 1,50 euros por litro. Paralelamente, los abonos mantienen un encarecimiento de entre el 30 % y el 40 % que arrastran desde el inicio de la guerra en Ucrania. A esto se suma una climatología adversa, con un invierno excesivamente húmedo y una primavera muy seca que han mermado las expectativas de cosecha.
Los profesionales del campo denuncian la profunda indefensión que sufren como trabajadores autónomos. Mientras que otros sectores profesionales pueden repercutir el encarecimiento de los carburantes o los materiales en la factura final de sus clientes, el agricultor carece de esta capacidad. Se ven obligados a aceptar los precios que imponen los intermediarios y los mercados internacionales, asumiendo íntegramente las pérdidas cuando los costes de producción superan al valor de la cosecha.
Ante este panorama, muchos profesionales están optando por dejar tierras en barbecho o apostar por cultivos de bajo coste, como el girasol, para minimizar las pérdidas económicas. Los agricultores más veteranos advierten de que se está gestando una situación idéntica a la vivida entre los años 2004 y 2008.
En aquella época, los bajos precios del cereal empujaron a los agricultores a dejar grandes extensiones sin cultivar. Esta drástica reducción de las siembras derivó, pocos años después, en una grave escasez mundial de grano que disparó los precios por encima de los 250 euros la tonelada, encareciendo brutalmente la alimentación animal y, por ende, la cesta de la compra de los ciudadanos. Ahora podría volver a pasar lo mismo.
Además alertan sobre el efecto dominó que la ruina agrícola tiene sobre el tejido empresarial de la provincia. Si el agricultor pierde dinero y deja de sembrar o abonar, detrás caerán las empresas de maquinaria agrícola, los distribuidores de fitosanitarios y las fábricas de abonos.
El cultivo de la patata, tradicionalmente rentable en la provincia, ha sufrido un duro revés que ejemplifica esta crisis de rentabilidad. Salamanca dedica 3.497 hectáreas a este tubérculo, pero la última campaña ha dejado pérdidas millonarias para muchos productores locales.
Los intermediarios han llegado a pagar entre 14 y 16 céntimos por kilo, un precio que no cubre los gastos de siembra, riego y recolección. Esta situación provocó que aproximadamente un 10 % de la producción se quedara sin recoger en las tierras, un problema que se vio agravado posteriormente por las lluvias otoñales. Las consecuencias ya son visibles: en algunos municipios productores, la maquinaria adquirida recientemente está siendo puesta a la venta ante la imposibilidad de amortizarla.
La cara opuesta de la moneda la representa la ganadería, que goza de unos precios de venta muy buenos en casi todos sus subsectores. No obstante, la preocupación es máxima por las enfermedades de importación. Los ganaderos denuncian la gestión de patologías como la dermatosis o la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE), criticando duramente los protocolos de erradicación basados en sacrificios masivos.
El sector califica de "barbaridad" la política actual y consideran incomprensible que teniendo una vacuna para esa enfermedad, se vacune a los animales y, aun así, si en un rebaño les sale un animal positivo, se los sacrifican todos. Los ganaderos aluden al absurdo económico que supone entrar en una explotación de 500 vacas y sacrificar a todo el rebaño, lo que obliga a la administración a desembolsar indemnizaciones millonarias con dinero público por animales que ya estaban inmunizados. Por eso, consideran que la Unión Europea debe modificar de forma inmediata la calificación de estas enfermedades para permitir el aislamiento de los casos positivos sin arruinar la explotación entera.
Por su parte, el sector lácteo se encuentra en vías de extinción en la provincia. Apenas quedan unos 35 ganaderos dedicados a la producción de leche, asfixiados por las recientes bajadas de hasta 7 céntimos impuestas unilateralmente por las empresas compradoras.
El sector del porcino ibérico, motor económico fundamental de Salamanca, vive con la mirada puesta en el avance de la peste porcina africana. Aunque los precios actuales son rentables, la presencia del virus en poblaciones de jabalíes en otras regiones españolas supone una amenaza letal.
Los profesionales exigen a las administraciones un control exhaustivo de la fauna silvestre para erradicar los focos activos mediante batidas intensivas.
El miedo en Salamanca es absoluto, ya que si llega la peste porcina, no afectará solo a la ganadería, sino a todo el sector de la chacinería, porque cerrarán los mercados.
La apicultura salmantina se enfrenta a un problema crónico de competencia desleal. El sector denuncia la entrada masiva de productos procedentes de China, a menudo a través de Portugal, que se comercializan bajo normativas laxas. Los apicultores exigen un mayor control en los etiquetados para que el consumidor sepa exactamente qué porcentaje de miel española contiene cada envase, evitando así que se confundan los sucedáneos con la miel pura producida en la provincia.
Esta situación enlaza directamente con un debate mucho más profundo: el papel del consumidor y la soberanía alimentaria de Europa. Los profesionales del campo advierten de la peligrosa dependencia exterior que se está generando. Recuerdan que la geopolítica actual es inestable y que el cierre de rutas comerciales clave, podría provocar un desabastecimiento real.
A nivel macroeconómico, las políticas comerciales de la Unión Europea generan un profundo rechazo. La entrada de grano ucraniano sin aranceles está hundiendo el mercado cerealista local, mientras que la posible ratificación del acuerdo con Mercosur se percibe como la estocada final.
El sector agrario no comprende la urgencia de las instituciones europeas por aplicar de forma provisional este tratado comercial mientras se espera el pronunciamiento oficial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Los agricultores temen que esta entrada provisional inunde el mercado de productos sudamericanos que no cumplen las mismas exigencias sanitarias y medioambientales que se imponen en Europa, generando un daño económico irreversible. Una incertidumbre más que sumar a un sector primario que, a pesar de ser el motor de la provincia de Salamanca, se siente cada vez más acorralado.
