A pesar de la petición de retirada de varias comunidades autónomas, la limitación del aire acondicinado o la calefacción ya son un hecho
A partir de este miércoles, 10 de agosto, entran en vigor las primeras medidas adoptadas por el Gobierno para el decreto de ahorro energético. Unas medidas que entran en vigor a pesar de la petición de su retirada de cinco comunidades autónomas: Andalucía, Castilla y León, la Comunidad de Madrid, Galicia y Murcia. En la conferencia sectorial que tuvo lugar el pasado lunes, 8 de agosto, en Madrid, donde se analizó con las diferentes comunidades autónomas los detalles de este plan.
Entre las medidas se encuentra la limitación del aire acondicionado en verano a 27 grados como máximo y la limitación de la calefacción a 19 grados en invierno. Medidas que afectan a edificios públicos, espacios comerciales, grandes almacenes, infraestructuras de transporte (aeropuertos y estaciones de trenes y autobuses), espacios culturales y hoteles. En este último caso, los empresarios del sector en Salamanca ya han mostrado su malestar.
Sin embargo, hay excepciones. Los centros sanitarios y hospitales, centros de formación, gimnasios y medios de transporte. En el caso de la hostelería, las habitaciones de los hoteles también quedan fuera de está medida. Los museos también quedan fuera.
Además, a partir de las 22:00horas se tendrán que apagar las luces de los escaparates y de los edificios públicos que no estén ocupados. Los diferentes lugares donde entren en vigor estas medidas deberán comunicarlo para mantener informadas a las personas.
Todas estas medidas estarán vigentes, en principio, hasta el 1 de noviembre de 2023, y su incumplimiento puede suponer sanciones de hasta 60.000 euros.
Castilla y León, a pesar de estar en contra de estas medidas, las cumplirá. Así lo señalaba el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, a través de su cuenta de Twitter tras la conferencia sectorial que tuvo lugar el pasado lunes, 8 de agosto.
En este sentido, Mañueco ha abogado por "la participación y el diálogo" con las comunidades autónomas, corporaciones locales y sectores productivos en las medidas de ahorro energético previstas en el Decreto Ley.