Vigésimo octavo capítulo de la serie de Ángel Iglesias Ovejero sobre 'Exilios y emigración'
Uno de los efectos perversos que tiene que soportar la democracia es que quienes no creen en ella utilicen sus leyes para combatirla e incluso se atrevan a hacerlo con procedimientos ilegales, aunque obviamente esto solo ocurre cuando la implantación democrática es débil, por falta de arraigo o de autoridad. Sucede en España. Las actuaciones callejeras en Madrid y Salamanca de las manadas herederas del nacional-catolicismo histórico son una perfecta ilustración. En el contexto de la pandemia, estos individuos borreguiles usurpan, contrahacen y degradan los símbolos nacionales para desobedecer las normas del Gobierno, alentados por agrupaciones políticas que esperan así obtener réditos electorales de votantes tan insensatos como ellos. Aparte de exhibiciones simbólicas y verborreas patrioteras trasnochadas, sus mejores argumentos consisten en gestos obscenos, señalándose o palpándose los genitales, a cuya altura deben de tener el seso.
En el tratamiento de las leyes de memoria histórica se observan efectos parecidos, aunque los tejemanejes no son tan bestiales. Más bien se inspiran en la picaresca española, que los mismos manipuladores invocan como si fuera una quintaesencia de la patria, y no es otra cosa que cazurrería para andar por el corral de la casa. Lo cierto es que, para lo que aquí interesa, en materia de investigación, hoy día el acceso a los archivos no es siempre más fácil que en tiempos de J. L. Rodríguez Zapatero, sino todo lo contrario. Como es sabido, a nivel nacional M. Rajoy se encargó de dejar sin contenido la LMH (2007) no facilitando ayuda de ninguna clase (así "se cumplía ley", según el sabio principio inspirado en don Tancredo, artista de la tauromaquia circense). Después se ha seguido legislando en las comunidades autónomas, incluida la de Castilla y León, en la cual se publicó el Decreto 9/2018, 12 de abril, sobre la Memoria Histórica y Democrática de CyL. Pero no se comprueba la aplicación de una función asignada en el mismo al Consejo Asesor de la Memoria Histórica:
"Elaborar propuestas de estudio, divulgación e investigación en materia de memoria histórica" (cap. IV. Art. 9e).
Se supone que para la "investigación" de asuntos concretos sobre víctimas (identificación, ubicación de fosas, etc.) hay que tener en cuenta la documentación local, que por lo general se halla en los archivos municipales y al cuidado de los secretarios de ayuntamiento o sus auxiliares. De hecho, con frecuencia los documentos (registro civil, actas de plenos, etc.) resultan materialmente inaccesibles para el investigador, porque esas personas así lo deciden motu proprio. A veces por falta de tiempo (que tampoco le sobra al investigador) o por alguna otra razón, se niegan a dar tal o cual dato anodino (filiación o algo por el estilo), porque eso atañe a la "privacidad". Constituye una honrosa excepción la profesionalidad de Tomás Domínguez Cid al frente del Archivo Histórico Municipal del ayuntamiento mirobrigense. En cambio, en el juzgado de Ciudad Rodrigo no atienden a razones si no se va con nombres y apellidos por delante, cuando precisamente lo que se busca es la identificación de eventuales "desaparecidos" hasta ahora anónimos. Con estos comportamientos se ha apuntalado la impunidad de los victimarios. La privacidad de las víctimas y de sus familiares no se ha respetado (los procesamientos y condenas por tribunales militares nunca han sido revocados), y el reconocimiento está por venir en muchos casos.
A pesar de estos obstáculos y tales efectos, si no buscados siempre, tampoco evitados, a veces se producen milagros. Gracias a uno de ellos hoy podemos casi concluir el capítulo que dejamos abierto en noviembre de 2019 sobre el exilio o fuga de Tomás Gómez Barragués, vecino de El Bodón, de 28 años, casado y con tres hijos, y su compañero Patricio García-Luis Riolobos, vecino de El Torno, en la provincia de Cáceres, de 28 años, casado y con dos niños (Secuelas: 21/11/2019).
Los militares rebeldes habían obligado a ambos a integrarse en el Regimiento de la Victoria nº 28 (Salamanca) y les habían dado destino en un destacamento del frente de Madrid. Allí desertaron la noche del 23 al 24 de octubre de 1937 mientras prestaban servicio de centinela en Villafranca del Castillo (aldea de Villanueva de la Cañada, cerca de Madrid), para pasarse al campo republicano. A partir de entonces perdieron el contacto con sus familiares en la retaguardia "nacional", quienes no volvieron a tener noticias suyas directas durante la guerra civil y los esperaron en vano después; pero por el seguimiento procesal se sabe que ingresaron en el ejército de la República y prestaron servicios en Valencia. Después nada. Con la información recibida hasta noviembre de 2019 se avanzaba la hipótesis de que hubieran fallecido en la batalla del Ebro (julio a noviembre de 1938), que a la luz de los datos ahora analizados parece confirmarse. Seguramente las familias respectivas recibieron notificación del hallazgo de sus cadáveres, pero no la airearon porque ser viuda o huérfano de desertores del "glorioso Ejército Salvador de España" no era timbre de gloria en la retaguardia franquista ni en parte ninguna del país al término del conflicto. Lógicamente serían informadas las autoridades locales, tanto civiles como religiosas, que, en aquel contexto, sin la prueba de viudedad no habrían permitido a la esposa de Tomás Gómez contraer segundo matrimonio.
En efecto, el cinco de octubre de 1940 en la bodonesa iglesia parroquial de san Lorenzo se celebró una ceremonia nupcial con protagonistas conocidos en la memoria histórica local (act. matrim. 5/10/1940, RCEB). D. José María Corral Arroyo ("El Tempranillo", para sus numerosos enemigos, por su colaboración en la feroz represión) presidió el acto litúrgico a una hora algo inhabitual (21 h.), quizá en evitación de una cruel cencerrada a consecuencia del estado civil de los contrayentes: José Manuel Ramos Nicolás, de 47 años, "viudo de Juana García Silva", e Iluminada Pino Hernández, de 27 años, "viuda de Tomás Gómez Barragués". Dadas las circunstancias, aquella unión era también un acto de solidaridad entre víctimas represaliadas.
En efecto, la primera esposa de José Manuel Ramos es la única mujer de quien positivamente consta que fue sacada de la cárcel de Ciudad Rodrigo (11 de septiembre de 1936) para ser ejecutada y enterrada con otros trece vecinos en la fosa de Medinilla (Bañobárez, cerca de San Felices de los Gallegos), sin otro motivo que "ser madrina de la bandera" sindical y haber confeccionado camisas rojas para la fiesta del 1º de mayo. José Manuel y Juana no tenían descendencia, pero ambos estaban relacionados con otras víctimas de sus grupos de parentesco. El padre de Juana, Jesús García, estuvo detenido, pero se libró de la saca; y su hermano Bernardo, que había sido concejal republicano, consiguió evitar la ejecución extrajudicial refugiándose en Ávila; allí le llegaría el llamamiento a filas del ejército rebelde al que se incorporó hasta la batalla de Teruel (28/01/1938), donde fue hecho prisionero, lo cual resultaría sospechoso de "deserción"; por ello fue procesado en 1940, siendo condenado a muerte, pena que le fue conmutada (C.574/40). José Manuel era hermano de Plácido Ramos Nicolás, padre de la informante Magdalena Ramos Barragués, que, después de escapar en aquella fatídica saca carcelaria, fue otra vez denunciado y sacado para un lugar desconocido, "desaparecido" para siempre. Los avatares de Iluminada se describieron en el momento oportuno, pero la vida no fue generosa con ella, pues falleció en 1952, cuando era ya viuda por segunda vez y dejaba cinco hijos huérfanos, tres de ellos habidos con su primer marido antes de la guerra y dos con el segundo después de la misma.
Con los datos en la mano, la íntima convicción se inclina a pensar que Tomás Gómez (a quien llamaban "Vicente" en El Bodón) y Patricio García-Luis no alcanzaron la tierra prometida a que aspiraban cuando desertaron del ejército franquista. La ironía del destino, casi con seguridad, los llevó a morir luchando contra los soldados que obedecían las órdenes de quienes habían causado y seguirían causando después tantos estragos. En su desgracia, tuvieron la suerte de morir realmente "por España", sin tener que traicionar a la gente de su clase ni a los principios de fidelidad republicana.
Recordarlo así es un derecho y un deber de memoria histórica.
Referencias:
Iglesias Ovejero, Ángel:
La represión franquista en el sudoeste de Salamanca (1936-1948), Serie Mayor 5, Centro de Estudios Mirobrigenses, Ciudad Rodrigo, 2016: VI: 1.3.2.
Croniquillas (11/09/2016)
https://salamancartvaldia.es/not/126903/saca-perfecta-necrologio-2a-tanda-vecinos-bodon/
Secuelas (24/04/2017)
https://salamancartvaldia.es/not/146994/memoria-desterrados-republicanos-so-salamanca-bodon/
Secuelas (21/11/2019)