A la dimisión de su presidente, Aurelio Pérez, se suman la del vicepresidente, Guillermo González, y la de Raimundo Miguel como secretario
Los representantes de la Alianza UPA-COAG han presentado su dimisión como miembros de la directiva de la Cámara Agraria. Tanto Aurelio Pérez como Guillermo González, además de Raimundo Miguel, registraron ayer su renuncia a los cargos que ocupaban como presidente, vicepresidente y secretario. "Es una decisión que se ha tomado con un año de retraso, pero en el momento adecuado porque uno de nuestros objetivos era que mantener la Feria Agropecuaria con el nivel que siempre ha tenido", ha asegurado Pérez esta mañana.
La renuncia a los cargos de la directiva de la Cámara Agraria también implica su cese como miembros de la comisión delegada de la Cámara, renuncia a la que se suma la del vocal Manuel Bernardo. "No tenemos la intención de suplir estos cargos con los vocales de la Alianza UPA-COAG en la Cámara Agraria", han señalado, poniendo de manifiesto que la situación de la Cámara era insostenible debido a que desde el 30 de junio de 2014 "se nos cortó radicalmente la financiación y se ha hecho inviable la gestión".
Tanto Aurelio Pérez como Guillermo González han explicado que al existir un vacío de poder se puede extinguir la Cámara Agraria de Salamanca y su patrimonio quedaría en manos de la Junta de Castilla y León. "Hemos intentado todo para este patrimonio se quedara en la ciudad, pero no ha sido posible porque el acuerdo con el Ayuntamiento de Salamanca no ha sido posible. Nunca ha estado cerrado y se han dicho muchas mentiras sobre las negociaciones". También confirmaron que esta misma mañana, vía correo electrónico, han recibido una oferta por parte de la Cámara de Comercio "que no la vamos a valorar; aunque puede ser un caramelo para muchos, para nosotros no", ha subrayado Aurelio Pérez.
A partir de ahora se abre un plazo de dos meses para la constitución de una comisión gestora y si no fuera posible se formaría una comisión liquidadora de la Cámara Agraria. Entre los pagos que quedan pendientes, según apuntó Aurelio Pérez, se encuentran los 67.000 euros de los despidos de los últimos trabajadores, los pagos del IBI al Ayuntamiento de Salamanca y los honorarios de los abogados.