Abortar se sigue ‘penalizando’ en Salamanca

Hace 37 años que se despenalizó el aborto en España y 12 que se promulgó la Ley Orgánica 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que ampara el derecho a las mujeres a abortar libremente, estipula que es una prestación más de la Sanidad pública y que se incluye dentro de su cartera de servicios.

Y ¿qué ha ocurrido estos años en Salamanca? Según viene denunciando el Movimiento Feminista de Salamanca “aún se penaliza” a las mujeres que quieren ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).

Los datos lo demuestran, Un total de 189 salmantinas ejercieron su derecho al aborto durante 2020 (últimos datos publicados por SAcyl), ninguna en hospitales ni centros sanitarios públicos; de ellas, 118 recibieron esta prestación a cargo del sistema público de salud, pero tuvieron que desplazarse a un centro concertado fuera de la provincia, mientras que otras 72 optaron por financiar su intervención para elegir el lugar donde llevarla a cabo.

Cuando se quiere ejercer ese derecho que recoge la Ley, las mujeres se encuentran con numerosos obstáculos. Pero no solo las salmantinas, ocurre lo mismo en el resto de la comunidad y, en general, en toda España. Y es que, pese a que el aborto es legal desde hace más de treinta años y el IVE es una prestación más del servicio sanitario público (las personas que quieran abortar tienen que tener acceso), la realidad es bien diferente. En el Hospital de Salamanca, por ejemplo, no se practican abortos y se argumenta que hay objeción de conciencia, pero no se especifica de cuántos profesionales, porque, según la Ley, es un derecho individual.

Las mujeres que han recibido esta prestación a cargo del sistema público de salud han tenido que desplazarse a un centro concertado fuera de Salamanca, pese a que Sacyl tiene conciertos con clínicas salmantinas, a las que se ven obligadas a acudir mujeres de otras provincias. Algo que no parece muy lógico. Quizás por eso, para elegir el lugar donde realizarse la IVE, alrededor de un tercio de las mujeres opta por financiar su intervención; algo que “vuelve a demostrar la doble discriminación realizada sobre mujeres de menor poder adquisitivo”, denuncia el Movimiento Feminista.

Y si en Salamanca no se ha realizado ninguna IVE en un centro sanitario público en 2020, la situación se repite, aunque con pequeñas diferencias, en el resto de las provincias de Castilla y León. Y ocurre lo mismo a nivel nacional; aunque existen diferencias entre comunidades, en su conjunto, alrededor del 85% se realizan en centros hospitalarios y extrahospitalarios privados.

Las mujeres se sienten desprotegidas y criminalizadas por ejercer un derecho reconocido por Ley, en el que “sigue sin respetarse nuestra decisión de elegir si ser madres o no, por cuales quiera que sean los motivos que nos llevan a tomar esa decisión”, argumentan.

Parece, añaden, que el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios está por encima del derecho de las mujeres de poder realizar la IVE en su lugar de residencia y con las máximas medidas de seguridad y calidad que ofertan los servicios sanitarios públicos.

Una situación que “demuestra una falta de respeto y compromiso con la Ley, y causa un daño irreparable a cientos de mujeres que cuando deciden ejercer su derecho, reconocido por una Ley Orgánica, sufren la discriminación de tener que desplazarse para una intención que debería ser asumida por los servicios sanitarios públicos; en este caso, por el servicio de Ginecología del Hospital”.

El artículo 12 de la Ley insiste en la garantía de que “las condiciones para la IVE deben ser interpretadas en el modo más favorable para la protección y eficacia de los derechos fundamentales de la mujer que solicita la intervención, su derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la vida, a la integridad física y moral, a la intimidad, a la libertad ideológica y a la no discriminación”.

Y es que para el Movimiento Feminista existe un maltrato institucional que "nos obliga a abortar lejos y solas, a cientos de kilómetros de nuestros hogares, en centros privados que no garantizan nuestra salud ni física ni psicológica”. Obstaculizan, añade, "el derecho a nuestra libre elección con el castigo de expulsarnos a clínicas privadas; nos alejan de nuestros hogares como si fuera un hecho ilícito, y hacen que todo sea más gravoso tanto económicamente como exponiéndonos a más riesgos. De esta manera pretenden que desistamos de nuestra decisión".

Por eso, llevan años exigiendo que existan registros de personal sanitario objetores de conciencia y que se procuren alternativas que garanticen que seamos atendidas en el hospital de referencia público al que pertenecemos.

En definitiva, reclamana un respeto social, sanitario y político para los derechos de las mujeres y se cumpla con la Ley del aborto.

Estas demandas, recogida en la Ley, como son que las interrupciones voluntarias del embarazo que deban llevarse a cabo en Salamanca se practiquen en el Hospital salmantino y que se exitan registros de facultativos sanitartios objetores de conciencia, en teoría, se van a garantizar con la nueva reforma de la Ley del Aborto; al menos, en el papel, porque está en manos de la comunidades autónomas que se haga efectiva y en el Gobierno central el control y cumplimiento de la norma.