Primera Junta Local de Seguridad bajo el mandato del nuevo alcalde de Béjar

Primera reunión ordinaria de la Junta Local de Seguridad de Béjar tras la llegada a la alcaldía del socialista Antonio Cámara. El encuentro se ha celebrado en el salón de plenos del consistorio bejarano y en ella se ha constatado que los niveles de delincuencia que se han registrado durante el último año en la ciudad, lo que la coloca por debajo de la media nacional y autonómica.

Estos datos permiten calificar a Béjar como “una ciudad segura” y, para la subdelegada del Gobierno, Encarnación Pérez, una de las claves de estas cifras es la buena coordinación entre las instituciones y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Un ejemplo de ello fue el apoyo prestado por la Policía Nacional ante la pérdida de efectivos de la Policía Local hace unos meses. Un apoyo que el alcalde ha querido reconocer ante los asistentes, entre los que se encontraba el comisario jefe provincial del Cuerpo Nacional de Policía, Luis Jesús Esteban Lezaún.

Donde si se ha visto un repunte, como en otros municipios, ha sido en los ciberdelitos, por lo que se ha acordado aumentar la labor pedagógica e informativa a la ciudadanía sobre estos riesgos. Además, Encarnación Pérez ha felicitado al nuevo primer edil por su reciente nombramiento, y ha valorado de manera positiva la incorporación de la Policía Local de Béjar al sistema VioGen y ha destacado la posibilidad que se le ofrece de participar en los cursos formativos que la Subdelegación organiza periódicamente para mejorar la preparación en este campo. Asimismo, se ha incidido en tener un seguimiento especial en los delitos de odio que pudieran producirse.

¿Qué son las Junta Locales de Seguridad?

Las Juntas Locales de Seguridad constituyen órganos de coordinación operativa e informativa que facilitan cauces de canalización que permiten la colaboración de los sectores sociales e institucionales afectados en la correcta planificación de la seguridad pública, lo que redunda, sin duda, en un mayor acercamiento entre la sociedad y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y, consecuentemente, en una mejor protección por éstas del libre ejercicio de los derechos y libertades públicas reconocidos constitucionalmente.