Una década sin el terrorismo de ETA

Esta semana se ha cumplido una década desde que la banda terrorista ETA emitió el comunicado más importante de toda su historia: abandonar la lucha armada iniciada cuarenta y tres años antes. La organización terrorista fue derrotada por el Estado de Derecho y por la unidad de la sociedad española contra la barbarie. En su estadística criminal de 3.000 atentados, murieron 864 personas y hubo más de 7.000 víctimas. Aquél 21 de octubre de 2011 fue uno de los días más importantes de nuestra historia reciente. Bueno es recordarlo y homenajear, una vez más, a todas las víctimas, pero sin intereses políticos que, por desgracia, abundan mucho en este tipo de celebraciones, porque víctimas las ha habido de todos los tipos y condiciones sociales: militares, fuerzas de seguridad del Estado y autonómicas, empresarios, funcionarios policiales, judiciales y penitenciarios, alcaldes, concejales, diputados de asambleas legislativas y de diversas formaciones políticas, profesores, catedráticos, jueces, fiscales, abogados y otros trabajadores e incluso niños y jubilados. Resulta descarnado que en algunos homenajes a víctimas y dependiendo de qué organización política las organice, los "hunos" vayan, pero no los "hotros". Que las asociaciones de víctimas estén politizadas es lo peor que puede ocurrir porque los intereses de todas las víctimas son semejantes y la unión política y ciudadana siempre debería estar presente en estos temas.

En el clima político, este aniversario, lejos de ser un recuerdo grato ?siempre unido a lo brutal y triste que fue la actividad terrorista-, se ha convertido en una pelea de gallos provocada por los de siempre: la derecha política, ultramontana, radical y atrabiliaria, que aprovecha cualquier detalle, anécdota o celebración, para empañar de odio y resentimiento la realidad. Casado y su séquito de rencorosos iniciaron la semana como finalizaron la anterior: con amargo desasosiego, ansiedad y cólera porque pasa el tiempo y no consiguen llegar al poder, ese que tanto desean para desde allí cambiar el rumbo de su tétrica historia, amañar lo que sea y con quién sea para que no se llegue al fondo de la investigación y el conocimiento de la presunta corrupción que hay debajo de las alfombras de la sede de Génova 13 y que sigue coleando, a pesar de que el PP decida ignorarlo. En esta semana, por ejemplo, el ex comisario Villarejo ha declarado, una vez más, en la comisión de investigación del Congreso que investiga la trama "Kitchen" que Rajoy no sólo estaba enterado de las presuntas actuaciones delictivas, sino que las amparaba y apoyaba.

Y en la política antiterrorista actual contra ETA la derecha no puede calificar de "chantaje y de ceder ante los terroristas", porque se haya decidido acercar a presos de la banda a cumplir el resto de sus condenas a prisiones del País Vasco o cárceles próximas a esta CA. Hay que recordarles a estos políticos que en un Estado de Derecho el principio de legalidad es básico y fundamental y debemos respetarlo todos: legislador, gobernantes, jueces y el resto de los ciudadanos. Si durante la actividad sanguinaria de ETA se consideró por los gobiernos de turno que los presos de ETA deberían estar dispersados en varias cárceles para evitar el contagio y la presión del colectivo sobre los que quisieran desligarse de la lucha armada y de la disciplina de la banda, actualmente y ya erradicada la lucha armada, el principio de oportunidad queda en segundo plano y debe imperar el de legalidad (bueno, debió imperar siempre) y en esto la Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP) es muy clara al establecer que los condenados deben estar ubicados en un centro próximo a su espacio vital, laboral y familiar. Así el párrafo primero del artículo 12 de la referida Ley establece que cada área territorial debe contar con el número suficiente de establecimientos penitenciarios para "evitar el desarraigo social de los penados". Esto no es chantaje, señores de la derecha cavernaria, es, simplemente, cumplir con la legalidad vigente. Por otro lado, también hay que recordarles que tanto la CE, en su artículo 25.2 como la LOGP, en su artículo 1 establecen claramente que las penas privativas de libertad deben estar orientadas hacia la reeducación y reinserción social. La finalidad no son, por tanto, la retribución, el castigo, la intimidación, la expiación y el encierro (finalidades contrarias al modelo de Estado Social y Democrático de Derecho).

En este argumento tan podrido y repugnante se mueve muy bien también la otra derecha, la más reaccionaria, la de Vox. Pues bien, lejos de reconocer que el sistema democrático acabó con el terrorismo de ETA y, concretamente, que fue un gobierno socialista presidido por Zapatero y con el fallecido Rubalcaba, como ministro del interior, siguen echando leña al fuego e intentando relacionar gobiernos de izquierdas con terrorismo. En este sentido, los políticos Borja Sémper (PP) y Eduardo Madina (PSOE) han dado una lección de cordura, sosiego y sensatez, porque, a pesar de haber sido víctima de un atentado que estuvo a punto de acabar con su vida (Madina) y haber podido morir en tres ocasiones por sendos intentos de asesinato (Sémper), ambos han trabajado por el diálogo y el entendimiento, algo que no gustó al PP y por ello este partido ha apartado a Sémper de la vida política.

Es la maldita herencia de la dictadura franquista, que consiguió relacionar a los "rojos, comunistas, socialistas y anarquistas" con "el demonio" a través de las teorías del psiquiatra Vallejo Nágera, que consideraba a estos como depravados, perversos y con un cociente intelectual inferior al de ellos, los dueños de España, los "nacionales". Es la cantinela permanente de Ayuso en la Asamblea de Madrid, cada jueves, en la sesión de control al ejecutivo madrileño. Para la derecha y la ultraderecha, hay que asociar a las fuerzas de izquierda al terrorismo, a la anti España y al anti patriotismo. ¡Qué pena! Lo peor es que siempre han logrado engañar a mucha gente. Ya se sabe, conocen muy bien la doctrina de Goebbels, muy seguida por Trump y por su ideólogo Bannon (que también ha asesorado a PP y Vox), según la cual "una mentira repetida mil veces se convierte en verdad".