Ansiedad por el poder

El curso político no ha hecho más que empezar y el PP sigue dando palos de ciego y acrecentando los síntomas maquiavélicos que le han caracterizado en los últimos tiempos, puesto que no le importan los medios utilizados con tal de llegar al poder lo antes posible. El nerviosismo, la agitación y la tensión que exteriorizan sus dirigentes son dignas de un estudio psiquiátrico serio y profundo. Se intentan agarrar a un "clavo ardiendo" con tal de no perder sus expectativas electorales.

El ejemplo más claro de los vaivenes del PP queda reflejado perfectamente en los argumentos que ha ido forjando para la no renovación del Consejo General del Poder Judicial, que se tenía que haber realizado hace mil días, es decir, cerca de tres años y que, conforme a la CE y la Ley Orgánica del Poder Judicial, tiene que ser renovado a propuesta de tres quintos de cada una de las Cámaras, es decir, del Congreso y el Senado. Lo mismo ocurre con la renovación de 4 de los 12 miembros del Tribunal Constitucional (los que tienen que ser propuestos por el Congreso de los Diputados por mayoría de 3/5 como establece el artículo 159 de la CE) que desde noviembre de 2019 están pendientes de renovación. No afrontar esa renovación es incumplir la CE y la legislación vigente. Los argumentos esgrimidos por el PP para no pactar la renovación de estas instituciones del Estado han ido cambiando según sus exclusivos intereses partidistas. En un primer momento se negaban a pactar con el gobierno porque no querían que Unidas Podemos entrasen en la negociación. Después dijeron que el motivo era porque el partido EH Bildu votó a favor de los Presupuestos Generales del Estado. Más tarde, se siguieron negando debido a la posición de Unidas Podemos sobre la monarquía y actualmente porque no les gusta el sistema de elección que prevé la Ley Orgánica del Poder Judicial. Es decir, hablando en Román Paladino, el PP está vulnerando el principio de legalidad, garantizado en el artículo 9 del Título Preliminar de la CE. ¡Sorprendente, esperpéntico, delirante y aberrante!

Y es así, porque, con independencia de que pueda cuestionarse el sistema de elección previsto en la Ley, ésta hay que cumplirla. Así lo ha hecho el PP cuando ha gobernado por mayoría absoluta. Entonces no cuestionó el ordenamiento jurídico vigente, lo que hace pensar que cuando el PP no tiene el quórum suficiente para que la mayoría de los jueces sean propuestos por ellos, rompen las negociaciones y acusan al contrario de querer politizar y manipular la justicia. Criterio oportunista e interesado a todas luces. Ya se sabe "dime de lo que presumes y te diré de lo que careces". Cuando el PP habla de interés general e independencia de la justicia, lo que realmente pretende es tener controlado al Poder Judicial por y para sus propios intereses.

Este argumento es tan absurdo, peregrino, irresponsable y mezquino como lo podría ser el de un tribunal de justicia que tiene que condenar a una persona por un delito de asesinato previsto en el artículo 139 del Código Penal (con una pena de prisión entre 15 y 25 años) y no lo haga porque ese tribunal considere que la sanción que debe imponérsele al responsable sea la de muerte y, como en el artículo 139 no está prevista esa pena, decida esperar a que se reforme y se incluya en el artículo 139 para imponerla. Estaremos de acuerdo que esto último sería considerado un auténtico disparate jurídico, pues el argumento del PP es igual de aberrante y esperpéntico, tendiendo en cuenta, además, que la renovación del Consejo General del Poder Judicial y de esos 4 miembros del TC está pendiente desde hace casi 3 años.

El problema del PP es que desde siempre ha querido controlar políticamente la justicia. Así lo hizo presionando hasta la extenuación para que inhabilitaran al juez Garzón, que estaba instruyendo el caso Gürtel (de corrupción del PP) porque ordenó la intervención de las comunicaciones telefónicas de los principales cabecillas de la trama con sus abogados, cuando también lo había solicitado la policía y la fiscalía y fue avalado mediante Auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, competente para el caso. Garzón fue condenado por prevaricación e inhabilitado por ello y hace unos días el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha considerado que la condena de Garzón se realizó sin garantías porque considera que se vulneró el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos puesto que no se respetó el derecho de Garzón a un proceso con "las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial". También el PP lo hizo en su momento con el TC al presionar para que se recusase al magistrado Pérez Tremps y que no participase en el debate y votación del recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Cataluña interpuesto por el PP; recusación que se aceptó y fue clave para que el TC decretase la inconstitucionalidad de varios preceptos del texto que aprobó el Parlamento catalán y el español. Ya se sabe, "de aquéllos polvos vienen estos lodos", porque el problema catalán actual se deriva de aquéllas actuaciones del PP en la oposición; ansioso, como ahora, por llegar al gobierno. Y actualmente quieren seguir manipulando la justicia porque saben que los presuntos casos de corrupción del PP (como es el de la Caja B de este partido) siguen sustanciándose en los tribunales de justicia y éstos podrían declarar la responsabilidad penal del PP como persona jurídica. Y, desde luego, el PP no está dispuesto a que puedan declararlo judicialmente "organización criminal", harán lo que sea para que esto no ocurra, incluso practicando estrategias del estilo de la que en su día llevó a cabo un famoso abogado de Guatemala, Rodrigo Rosemberg.

Este abogado formaba parte de una élite mediática y económica muy relevante y poderosa de Guatemala, que, a su vez, estaba estrechamente unida a sectores políticos muy conservadores. En mayo de 2009, el mismo día en que Rosemberg fue asesinado, varias cadenas de televisión publicaron un video en el que aparece el propio Rosemberg diciendo que "lamentablemente si ustedes están viento este video es porque fui asesinado por el presidente de la República, Álvaro Colom?.". La noticia provocó una conmoción social de dimensiones incalculables. El encargado de investigar los hechos que provocaron esa muerte fue el Alto Comisionado de Naciones Unidas de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala (CICIG), puesto que ocupaba el famoso fiscal español Carlos Castresana. En tan sólo unos meses de investigación se resolvió el caso y las conclusiones fueron espeluznantes y como fue tan mediático, Carlos Castresana convocó una rueda de prensa para manifestar públicamente que, conforme a las investigaciones realizadas quedó acreditado fehacientemente que fue el propio Rosemberg el que planificó su asesinato y encargó a unos familiares que contrataran a unos sicarios para una "ejecución", sin que estos familiares supieran que el asesinado sería el mismo Rosemberg, quién lo organizó todo porque asimismo estaba convencido de que los dirigentes del país eran los que habían ordenado, meses antes, el asesinato de su amante y del padre de ésta (que igualmente formaban parte de los altos sectores económicos del país), grabando los videos para que se emitieran el día de su asesinato.