La LODEPA

A cada cual lo suyo. No todo van a ser varapalos. Hay que reconocer la facilidad que tiene este gobierno para proporcionar temas de opinión, de forma frecuente y variada. No acaba de meterse en un charco y le falta tiempo para encontrar otro. Aparte de las apuradas circunstancias que facilitaron su acceso al poder, Sánchez ha tenido la mala suerte de hacerse cargo del gobierno en medio de una situación económica nada favorable, agravada por una pandemia que, si a todo el mundo ha frenado en su normal progreso, con los españoles se ha cebado, precisamente por la mala gestión aplicada. España es un enfermo que sangra por varias heridas. Es tan fuerte la hemorragia que ninguna transfusión consigue reanimarlo.

Durante esta etapa democrática, en España siempre se ha dicho que la izquierda, cuando se ve acosada por fracasos imposibles de ocultar, se saca de la manga nuevos temas que hagan olvidar su mal cartel. Lo de menos es la transcendencia u oportunidad del asunto; lo que se busca es cambiar de escenario y, además, trasladar la atención a cuestiones que afecten a la oposición. Lo estamos viendo todos los días, señal de que el método es eficaz.

Sánchez, sin embargo, ha perfeccionado la técnica. Y lo ha conseguido por partida doble. En primer lugar, apoyándose en una extrema izquierda que ha aportado su programa conceptuado como progresista, pero que, en realidad, no pasa de ser algo rancio y trasnochado, fracasado allí donde ha logrado echar raíces. En segundo lugar, y valiéndose de ese apoyo, para fagocitar a esa extrema izquierda. A fin de cuentas, el programa que desde siempre había soñado no era menos progresista que el de Podemos. Aquí también podíamos copiar a Arzallus y afirmar que Iglesias ha vareado el árbol del progresismo y Sánchez recoge las bellotas del "sanchismo". Aquellos arranques de sinceridad que le impulsaban a pregonar el insomnio que le acarrearía compartir gobierno con Iglesias, en realidad estaban ocultando el enfado que sentía si los españoles atribuían los logros de su gobierno a la gestión de Pablo, cuando él mismo tenía una concepción del Estado no menos progresista. Poner en cuestión la unidad de España, pretender acabar con la Corona, aspirar a la jefatura de una próxima República, estrechar lazos con los nacionalismos independentistas, reformar el Código Civil para aminorar las penas de quienes siguen amenazando con desobedecer las leyes de nuestra democracia, dificultar la labor de la Iglesia, simpatizar con regímenes políticos donde no se conoce la democracia y se conculcan libertades, hipotecar el bienestar de futuras generaciones aplicando políticas olvidadas por el mundo occidental, son metas que tenía señaladas Sánchez antes de llegar a la Moncloa. Por nada del mundo estaba dispuesto a conceder ese rebote a otro jugador.

Por eso, no es de extrañar que, con la que está cayendo, sigan compareciendo sus peones para anunciar medidas que, sin ser urgentes ni apropiadas para superar las consecuencias de la pandemia y de la profunda crisis económica, sí que responden a un programa perfectamente planificado de antemano. Exhumar los restos de Franco, secularizar la basílica del Valle de los Caídos, resucitar una sesgada Ley de la Memoria Democrática, mancillar algunos brazos de la Justicia con un descarado uso partidista, negarse a modificar la leyes que facilitan el vergonzante fenómeno de la okupación ilegal de viviendas o proponer una nueva Ley Orgánica de Educación que pretende dar un vuelco a situaciones recogidas en nuestra Constitución, no dejan de ser herramientas que buscan distraer a los españoles del grave problema que nos está poniendo en boca de todo el mundo, y , a la vez, ir conformando un nuevo Estado que no tiene cabida en nuestro ámbito.

Cuando Sánchez nombró su gobierno, lo hizo para dar respuesta a dos propósitos: de una parte, para dar entrada en su Consejo de Ministros a las personas que exigía su socio Iglesias ?para lo que hubo de sacarse de la manga algunas carteras salidas de antiguas Subsecretarías o Direcciones Generales-; en segundo lugar, y mucho más importante, para dar forma a ese programa, tan progresista y tan alejado de la socialdemocracia, que había soñado en su "reencarnación". Las personas encargadas de esas carteras poco importa el grado de conocimientos que puedan aportar sobre los temas que figuran en la fachada de cada Ministerio. Es más, cuanto mayor sea la ignorancia de titular, más facilidad tendrá el jefe para imponer sus consignas. El amor al cargo y a la nómina suelen hacer milagros.

Siguiendo el método propuesto, la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá -¿acaso la Formación Profesional no es también Educación?-, vuelve a la carga, para hablarnos de su nueva "Ley Celaá". De la importancia que tiene en un pueblo la educación de sus jóvenes, da fe el continuo "trasiego" de las leyes que rigen esa materia. La lucha incesante entre derecha e izquierda por imponer sus políticas ha propiciado que hayan visto la luz hasta siete textos, desde que estamos en democracia: LGE (1970-80), LOECE (1980-85), LODE (1985-90), LOGSE (1990-02), LOCE (2002-06; LOE (2006-13) y la vigente LOMCE (2013). Ya es triste que las razones que aleguen los partidos para modificar las leyes de educación sean tan distintas y distantes. Está muy bien aquello de buscar "el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales", que señala el artº 27 de nuestra Constitución, pero los partidos quieren llegar por distintos caminos. Los gobiernos de pensamiento liberal-conservador inciden en una formación basada en el esfuerzo y el deseo de adquirir los conocimientos necesarios para el verdadero desarrollo de esa personalidad. Conocimientos que tendrán su reflejo a la hora de desempeñar los cometidos que la sociedad reclama a sus ciudadanos. Salvo excepciones muy contadas, no se alcanzan metas sin esfuerzo. Para esta izquierda autocalificada como progresista, el nivel de conocimientos no es útil si no va acompañado de un cierto tinte ideológico. En esa etapa en que el alumno no ha llegado a sostener razonadamente unas ideas propias, es más fácil de manejar a base de recibir conocimientos tergiversados. También verá con buenos ojos aquellas políticas educativas que le exijan menos esfuerzo y le garanticen resultados satisfactorios. La metodología empleada y el fin pretendido tendrán transcendencia durante toda la vida de ese alumno. En la mayoría de los casos, unos y otros llegan a la mayoría de edad en su etapa formativa y tendrán que ejercer su primer voto al partido que más afinidades ofrezca.

La ministra Celaá ha seguido la consigna de Sánchez con su nueva ley, la LOMLOE, (Ley Orgánica para la reforma de la Ley Orgánica de Educación), que debería llamarse la LODEPA (Ley Orgánica de Educación Progresista y Anticlerical). El progresismo queda reflejado en la posibilidad de avanzar curso con independencia del número de suspenso que se alcance, es decir, que no haya repetidores. Con semejante barbaridad ?se nota el poso que ha dejado la educación en un político que obtiene doctorados sin apenas esfuerzo- se matarán dos pájaros de un tiro: el poco aplicado no encontrará una motivación para el esfuerzo, y el estudioso se cansará de un esfuerzo que tiene la misma recompensa que la vagancia. Otro progresismo de la izquierda consiste en dificultar la coexistencia de una enseñanza concertada, que siempre fue aceptada ?y elegida por no pocos dirigentes de esa izquierda-, y que abarata la partida que emplea el Estado para la educación, a la vez que permite una enseñanza pública menos masificada. Tratándose de la izquierda, a la ley no podía faltarle su marchamo anticlerical; de ahí la fijación por obstaculizar el derecho de los padres a que sus hijos reciban clase de religión y dificultar el acceso de las órdenes religiosas al mundo de la educación. No hace falta estar afiliado a ningún partido para comprobar los resultados que cosechan las leyes de educación, según el gobierno que las promulgue. Que se lo pregunten a la UNESCO.