Emilio Prieto: “El alcance real de la crisis laboral en Salamanca es incalculable”

La última EPA advirtió de la destrucción de casi 5.000 puestos de trabajo en Salamanca. Desde el sindicato de Comisiones Obreras analizan la situación laboral salmantina en plena crisis del coronavirus. Su secretario provincial, Emilio Prieto, señala que Salamanca debería cambiar su gran dependencia del sector servicios y una urgente reforma de los derechos de los trabajadores.

¿Cuál cree que es el alcance de la crisis laboral en Salamanca, especialmente en el verano tras el estado de alarma?

El alcance final que termine teniendo esta crisis laboral, de momento, es incalculable. No dependemos solo de las decisiones que pudiéramos tomar en el ámbito provincial, si no que va más allá de nuestros espacios de decisión.

Los datos oficiales que tenemos son que 4.472 empresas han presentado ERTES, un 85% de fuerza mayor y un 15% ERTES ETOP y que se han visto afectados más de 21.300 trabajadores y trabajadoras. Los últimos datos que hemos conocido, por parte del Ministerio de Trabajo, son que cerca de un 38% de empresas ya han recuperado su actividad laboral y con ellas cerca de 52% de sus trabajadores. Aún así, las empresas, sobre todo del Sector Servicios, están teniendo serias dificultades para recobrar la actividad económica que mantenían antes del 14 de marzo y con respecto a las personas trabajadoras, nos consta, que su reincorporación se está llevando a cabo de forma muy lenta y con problemas a la hora de garantizar plenamente todos sus derechos laborales. Todo ello contando con que ya veníamos arrastrando de años anteriores a cerca de 22.000 personas desempleadas de forma estructural.

¿Qué valoración hace de la última encuesta de población activa?

Muy negativa y contradictoria. Negativa, porque se han destruido 4.900 puestos de trabajo y contradictoria, porque, según la EPA, ha descendido en 2.000 el número de personas desempleadas, esto no cuadra ni tiene fácil explicación. Además, por "suerte" la EPA no ha computado a todas las personas trabajadoras que aún siguen estando en situación de ERTE, con su contrato suspendido. De esta grave situación de destrucción de empleo, se han librado, relativamente los sectores de Agricultura y de Construcción, pero aún así hemos comprobado como muchas empresas han decidido no acogerse a la aplicación de los ERTES y han decidido rescindir directamente los contratos laborales de sus plantillas.

Esperamos que sea de forma temporal, pero igualmente ha aumentado en cerca de un 8% el número de familias que en Salamanca tienen a todos sus miembros en paro.

El 4 de agosto, volveremos a conocer los datos que publica el Ministerio de Trabajo de la situación durante el mes de julio y volveremos a darnos de bruces con la realidad laboral y social que la provincia sigue soportando.

¿Cuál es el sector que se ha visto más afectado con despidos o ausencia de contrataciones este verano?

Sin duda alguna ha sido y seguirá siendo el Sector Servicios el que con mayor crudeza sufre la crisis laboral que se está produciendo. Ya hemos criticado en numerosas ocasiones la excesiva dependencia que tiene nuestra actividad económica en Salamanca de este sector. Y como es el mayor generador de precariedad, temporalidad e inestabilidad en los puestos de trabajo. Nos consta y también lo hemos denunciado siempre, que esa misma inestabilidad la están sufriendo también las empresas, su falta de ingresos y la gran competencia que se lleva a cabo entre las grandes superficies y el pequeño y mediano comercio.

Hemos comprobado como la injusta redistribución de la riqueza económica que se genera, pasa factura de igual modo a la clase trabajadora y a las pequeñas empresas y autónomos, que en dos meses de paralización de la actividad, han mostrado su nula capacidad de ahorro para mantenerse en esta adversa situación, todo ello ocasionado por los bajos salarios que se perciben y por los escasos beneficios económicos que mes a mes se generan.

¿Qué soluciones o sugerencias proponen para mejorar las condiciones laborales y las prestaciones en la provincia?

Claramente y de forma urgente hay que modificar la legislación laboral en nuestro país. Necesitamos un nuevo Estatuto de las personas trabajadoras. Todos los agentes sociales y económicos tenemos que prestarnos a colaborar para hacer una gestión eficiente y eficaz de todas las ayudas que están comprometidas por los distintos gobiernos de las administraciones, del Estado, Comunidad Autónoma, ayuntamientos y diputaciones.

Del mismo modo que hay que facilitar el acceso a los créditos y a las subvenciones disponibles a las empresas para mantener su actividad sin tenerse que ver abocadas al cierre definitivo.

De esta situación no se saldrá fácilmente si no se ponen recursos públicos suficientes para paliar las dramáticas situaciones, laborales y económicas, de la clase trabajadora y de las empresas.

Es necesario aumentar los medios humanos de la Inspección de Trabajo para vigilar y asegurar que la actividad laboral se recupere plenamente y sin pérdida de derechos.

Las administraciones locales en la provincia de Salamanca y los agentes sociales, debemos compartir espacios de Diálogo Social, con la colaboración de asociaciones de autónomos y de entidades del tercer sector, en los que se plantee de forma urgente: Un mapa de las necesidades empresariales y económicas para nuestra provincia con la intención de sostener el tejido productivo y empresarial; fijar población y establecer incentivos de retorno de las personas que se han marchado; establecer incentivos de asentamiento de nuevas empresas y crecimiento de las existentes; fortalecer la representatividad de las organizaciones relacionadas con el ámbito laboral y empresarial, planteando ante el gobierno regional medidas específicas para nuestro crecimiento y desarrollo económico.

Sin olvidar, que aún estamos inmersos en una crisis sanitaria excepcional, que los riesgos de rebrotes y contagios siguen estando presentes y que hay que ser capaces de buscar el equilibrio necesario entre la protección de la salud de la ciudadanía y la recuperación económica con garantías.