La Junta baja los impuestos con la reducción del tramo autonómico del IRPF y del tributo sobre...

El Anteproyecto de Ley de Medidas Tributarias y de Financiación de las Entidades Locales vinculada a los ingresos impositivos de la Comunidad de Castilla y León para 2015, que ha analizado hoy el Consejo de Gobierno, contempla una importante bajada de impuestos que elevará la renta disponible de los castellanos y leoneses.

Por un lado, la norma que acompañará a los Presupuestos del próximo año recorta la tarifa autonómica del IRPF, que se convierte en la más reducida de España. Por otro, disminuye en dos tercios el tramo autonómico del Impuesto sobre Hidrocarburos, que pasa de los 4,8 céntimos por litro de carburante a 1,6, el 67 % menos. Además el texto regula el nuevo modelo de financiación local, que se refuerza con la creación de dos fondos asociados a la recaudación tributaria.

Castilla y León fue la última comunidad española en crear tributos propios, en 2012, y su implantación respondió a la necesidad de seguir prestando con el mismo nivel de calidad los servicios públicos fundamentales. Hasta ese ejercicio y con el mismo fin la Junta tampoco utilizó la posibilidad de implantar un recargo en el Impuesto sobre Hidrocarburos, que en ese momento ya tenían 9 comunidades, algunas de ellas desde 2003.

La mejora de la situación económica, que se refleja en la buena evolución de los principales indicadores, otorga un margen de maniobra que permite reducir impuestos en 2015. De ahí que, tal y como anunció el pasado martes el presidente del Gobierno autonómico, Juan Vicente Herrera, el título I de la futura ley de acompañamiento de los Presupuestos recogerá la modificación a la baja del tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Beneficiará a todos los contribuyentes de la Comunidad, pero especialmente a los que tienen menos recursos.

El cambio supone pasar de los cuatro tramos actuales del IRPF a cinco. Para ello se introduce uno nuevo en la parte inferior de la tabla, que abarca hasta los 12.450 euros de base liquidable, segmento en el que se encuadra la mitad de los contribuyentes de Castilla y León. Así, en lugar del 12 % actual, durante 2015 este grupo podrá aplicarse un tipo mínimo del 10 %, el más bajo de toda España, que implica un ahorro del 16,7 %. La vocación de progresividad de la Junta en materia fiscal se plasma en que a mayor renta menor será el ahorro, puesto que se limita al 3,1 % para quienes declaren 53.407,2 euros.

Durante los años de la crisis el Ejecutivo de Castilla y León renunció a subir la tarifa autonómica del IRPF, que se rebaja ahora con el fin de aliviar los bolsillos de los ciudadanos y de ese modo contribuir a reactivar el consumo y afianzar la recuperación. Es preciso destacar, por otra parte, que se trata de una modificación que sólo compromete el ejercicio 2015, por cuanto se trata del último de la legislatura.

Junto a esto, la norma incluye otra medida fiscal de gran calado: la reducción en dos tercios de la tarifa autonómica del Impuesto sobre Hidrocarburos, que será efectiva desde el próximo 1 de enero. Esto supone que pasará de los 4,8 céntimos por litro de gasolina, gasóleo o queroseno a 1,6 céntimos, la cifra más reducida de las 12 autonomías que lo tienen implantado. Algo similar ocurrirá con el fuelóleo, que dejará de estar gravado con 0,2 céntimos por cada litro para situarse en 0,07. Al igual que ocurre ahora, el sector del transporte seguirá disfrutando de la devolución de la totalidad del tributo.

Congelación del precio de las tasas, creación de dos nuevas y cambios en nueve

Como es habitual, el articulado recoge la información relativa a las tasas de la Comunidad, que en 2015 no se actualizarán al IPC, sino que como norma general no experimentarán variación. No obstante, a iniciativa de las consejerías a las que corresponde su gestión, se incorporan dos nuevas y se modifican otras nueve. En concreto, se crean las tasas por inscripción o acreditación en el Registro de Centros y Entidades de Formación Profesional para el Empleo de Castilla y León, así como por autorización, seguimiento, control y evaluación de la impartición de acciones formativas conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad no financiadas con fondos públicos de la Administración laboral.

En cuanto a las que experimentan variaciones, se trata de las tasas de caza y pesca; por publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León; en materia de transporte por carretera; por actuaciones administrativas relativas a actividades agrícolas relativas a las inscripciones en los registros oficiales; por prestación de servicios veterinarios; en materia de protección medioambiental; por concesión de licencia ecológica, y por la participación en el procedimiento para la evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación.

Garantía de continuidad y estabilidad para la financiación local

Más allá de las medidas tributarias, el otro gran bloque del anteproyecto que ha analizado hoy el Consejo de Gobierno es el relativo a la financiación de las entidades locales, que se desarrolla en el título II. El hecho de que esta materia se regule por primera vez en una ley da continuidad, garantía y estabilidad a la cooperación económica local de la Comunidad, que además queda vinculada expresamente a los ingresos impositivos de la Junta. La entrada en vigor de esta parte de la regulación está condicionada a la aprobación de uno de los dos mapas que recoge la Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio.

Hasta ahora la financiación local se articulaba a través de la cooperación económica local sectorial y la cooperación económica local general con las diputaciones provinciales, el Consejo Comarcal del Bierzo y la Federación Regional de Municipios y Provincias. El cambio de modelo prevé que estos instrumentos coexistan con dos nuevos fondos que se distribuirán conforme a los criterios que se fijen por orden de la Consejería de la Presidencia, y que estarán asociados a los recursos procedentes de los tributos de Castilla y León.

El primero de ellos es el Fondo de Participación en los Impuestos Propios de la Comunidad, que tiene carácter incondicionado. Estará dotado cada año con el equivalente al 20 % de la recaudación generada por los dos impuestos propios en el último ejercicio cerrado a la fecha de elaboración de los Presupuestos, es decir, por el Impuesto sobre la Eliminación de Residuos en Vertederos y por el Impuesto sobre la Afección Medioambiental causada por determinados aprovechamientos del agua embalsada, por los parques eólicos y por las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión.

El segundo es el Fondo de Cooperación Económica Local General vinculado a los ingresos derivados de los impuestos cedidos por el Estado de gestión directa por la Comunidad, que son los tributos sobre Sucesiones y Donaciones; sobre el Patrimonio; sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y sobre el Juego. Se nutrirá con el resultado de multiplicar 1.234 euros por el número de municipios de Castilla y León, más el producto de multiplicar 18 euros por el número de habitantes del territorio autonómico. Será incondicionado para los pueblos de menos de 20.000 personas, mientras que para los municipios que superen esa cifra y las diputaciones tendrá dos tramos: el 50 % de la financiación también será incondicionada, pero el 50 % restante deberán destinarlo a planes, iniciativas o programas para hacer frente a la despoblación.