Ignacio Berdugo: "La corrupción afecta a la legitimación del sistema político"

El ex rector de la USAL se muestra partidario de una "revisión de la respuesta penal" para estos casos, cree que la falta de control en la financiación de los partidos ha sido una de las causas y está convencido de que estas situaciones beneficiarán electoralmente a Podemos

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Aunque en la actualidad es el director del Centro de Estudios Brasileños de la Universidad de Salamanca, por encima de todo, Ignacio Berdugo de la Torre, es catedrático de Derecho Penal en esta institución académica y, por lo tanto, una voz autorizada para analizar la actualidad nacional, marcada por numerosos casos de corrupción y por el hartazgo de la ciudadanía ante esta corriente de abuso de lo público.

Berdugo, que fue rector de la USAL entre 1994 y 2003, asegura que "la utilización del poder en el propio beneficio afecta a la legitimación del sistema político", cree que "los partidos confunden responsabilidad jurídico penal con responsabilidad política", se muestra partidario de "una revisión de la respuesta penal" y está convencido de que toda esta situación beneficiará electoralmente a Podemos.

¿Qué opinión le merece la ola de casos de corrupción política que hay en nuestro país?

Como a otros muchos conciudadanos la corrupción me produce repulsa. Como profesional del Derecho esta repulsa, si cabe, es aún mayor, pues la utilización del poder en el propio beneficio afecta a la legitimación del sistema político, tiene efectos económicos, y finalmente afecta a los derechos humanos que demandan una actuación del Estado, en especial en los denominados derechos sociales.

 ¿Qué ha fallado en nuestro sistema político?

 No ha fallado el sistema, han fallado las personas, la cultura del pelotazo, es del corrupto. Indudablemente hay sectores del ordenamiento jurídico que pueden llegar a favorecer esta situación, piénsese en la regulación de la financiación de partidos o en la financiación municipal y la legislación urbanística. Tampoco están exentos de responsabilidad, al menos hasta ahora, la actitud de partidos políticos que confunden responsabilidad jurídico penal con responsabilidad política.

¿Nos acercamos a los países más corruptos o la Justicia está saneando el sistema?

En las clasificaciones de Transparencia Internacional todavía aprobamos. Pero nuestro descenso en los últimos años en este vergonzoso ranking no es como para sentirse satisfechos.

 ¿Es cierto que las penas por este tipo de delitos en España no son especialmente duras?


Creo que con frialdad y distanciamiento el legislador en estos y en otros delitos debe proceder a una revisión de la entidad de la respuesta penal. Sin olvidar que los casos de corrupción pueden tener distinta entidad y que la gravedad de la respuesta penal debe guardar relación con la gravedad del delito.

¿Es verdad que la legislación permite que alguien que ha robado dinero público pase un tiempo en la cárcel y luego siga su vida, sin que se haya localizado el dinero que esta persona se llevó?

Una persona que se encuentre en esta situación muy difícilmente puede llegar a la situación que usted plantea, por el previsible contenido de la sentencia que en su caso le haya condenado. Además una cosa es que no se localice el dinero y otra que, teóricamente, pueda llegar a disfrutar de él.

¿Es partidario de reformar el Código Penal para evitar estas situaciones?

No hay que caer en la a veces interesada ingenuidad de que el Código penal es la panacea para solucionar este u otros problemas. Pero si hay figuras del Código que deberían ser objeto de reforma. Aunque el sistema penal tiene ya herramientas suficientes para una respuesta eficaz.

¿La falta de control sobre la financiación de los partidos ha propiciado muchos de estos desmanes?

Sin duda, ya desde el ya lejano caso Filesa, quedó claro que hay al menos dos grupos en la corrupción política, la que revierte los fondos a la organización, en este caso al partido, y la que lo hace al beneficio de las personas individuales

¿Qué repercusiones puede tener esta corriente de corrupción para partidos y otras organizaciones?

Sin duda tiene, y yo diría más, debe tener, sobre las personas que  dentro de los partido por acción u omisión han posibilitado las conductas de corrupción y en consecuencia también sobre las respuestas a dar dentro de la propia organización, que con su y tardanza o falta de contundencia son al final un "boomerang" sobre el propio partido.

¿La alternativa de Podemos se verá beneficiada electoralmente por todo esto?

Indudablemente parece de acuerdo con las encuestas que el conocimiento y trascendencia de hechos de corrupción tiene un efecto sobre expectativa de voto de aquellos como es Podemos que no estén implicados en caso de esta naturaleza y que, de cara a la opinión pública, se presentan como alternativa a los actores de un sistema que lo ha hecho posible.