Sábado, 21 de septiembre de 2019

Estados y banderas

Profesor de Derecho Penal de la Usal

Desde tiempo inmemorial las tardes del mes de julio son ideales para sentarse ante el televisor y ver los finales de etapa del “Tour de Francia” con los apasionantes ascensos a los Pirineos y los Alpes. Es una pena que no tengamos la ilusión de hace algunos años cuando Ocaña, Delgado, Induráin o Contador eran líderes indiscutibles de la ronda Gala. Ahora nos tenemos que conformar con que algunos corredores como Valverde o el Purito Rodríguez nos hagan vibrar en alguna etapa de alta montaña y consigan llegar al podio de París. Confieso que el ciclismo me apasiona, sobre todo practicarlo. El problema es que uno no dispone del tiempo libre adecuado para disfrutar de tan preciada afición.

También es tradicional que en cada etapa y en los márgenes de la calzada (invadiendo a veces el espacio de los corredores) se junte un nutrido grupo de aficionados que aprovechan las cámaras de televisión para ensalzar banderas, estandartes, pancartas reivindicativas y misivas publicitarias de todo tipo. Entre las más destacadas son Ikurriñas y últimamente muchas Senyeras independentistas catalanas. Sobre las pancartas reivindicativas suelen ser habituales las que reclaman el reagrupamiento de los presos de ETA en las cárceles del País Vasco o las que piden que los pongan en libertad. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué le ocurre a un país como España cuando muchos de sus ciudadanos no se sienten cómodos porque apoyan un nacionalismo periférico históricamente enfrentado al nacionalismo centralista español? Realmente me causa tristeza que uno de los estados más antiguos del viejo continente esté tan poco cohesionado territorialmente. La génesis del problema es harto compleja y su solución pasa más por el consenso entre las fuerzas políticas y la sociedad de la que se nutren, que por el enfrentamiento permanente.

El Gobierno actual ha sembrado mucha discordia entre los ciudadanos catalanes y las Instituciones que los representan (Parlament y Generalitat)  y, en parte, es normal que ahora “recoja tempestades”. En política no se puede ir avasallando ni imponiendo sistemáticamente dogmas y principios rechazados por la ciudadanía. Como ejemplo significativo fue la interposición de un recurso de inconstitucionalidad ante el TC por parte del grupo parlamentario popular contra el “Estatut”, a pesar de haberlo apoyado el 90 por ciento del Parlamento de Cataluña. Y lo peor, la instalación, por parte de los líderes del PP, de mesas en las calles de muchas ciudades españolas con el fin de recoger firmas contra el Gobierno de Zapatero y la Generalitat catalana por ser los adalides de que España “se rompería”. La actual deriva secesionista de Cataluña escenificada en la probable convocatoria de un referéndum en el que los ciudadanos de esta región se pronuncien sobre si quieren continuar en España o declararse un estado independiente, tiene mucho que ver con aquellas arengas innecesarias.

Más y Rajoy están a tiempo de reconducir la situación en la próxima reunión que ambos mantendrán en La Moncloa el 30 de julio. Esperemos que funcione la diplomacia y no la imposición coactiva de las políticas de uno sobre las del otro. No basta con decir “no” por parte del presidente del Gobierno porque hay que “respetar la ley”. Sabemos que en un sistema democrático la ley es la suprema manifestación de la voluntad popular y que nadie la puede vulnerar, pero también es cierto que la ley debe adaptarse a la realidad social y no al revés. Con estas premisas, el Gobierno debe tener altura de miras y promover una reforma de nuestro ordenamiento jurídico, comenzando por la Carta Magna, para satisfacer las necesidades y aspiraciones de los ciudadanos, de todos, también los que viven en otras partes del territorio español.

Sabemos que el fatalismo histórico (sobre todo en los últimos tres siglos) construyó el mito de una Castilla soberbia, ultramontana y católica en la que triunfaron los cánones de la persecución al disidente e incluso por medio del tormento de la “Santa Inquisición” (judíos, moros, sefarditas) y una Cataluña moderna, laica, republicana y democrática, subida al tren del progreso. Los castellanos (en el sentido más clásico extensible al resto de España) tenemos que acabar con esas infames etiquetas y Cataluña debe saber que caminar juntos es, probablemente, la mejor solución para afrontar el futuro con esperanza.