Jueves, 29 de octubre de 2020

Por un Estado Laico (II)

Hace poco hacía referencia al peso económico que tiene la Iglesia española como institución. Su múltiple financiación, directa e indirecta, por el Estado, le supone unos ingresos que se estiman en más de once mil millones de € anuales. Esta situación de fuerza se ha visto sustentada por la complicidad de los gobiernos del PSOE y la colaboración de los del PP hasta llegar a un momento, el actual, en el que resulta vergonzoso, e indignante, observar cómo hay leyes que se aprueban para mantener este estatus sin ningún tipo de rubor.

La religión, debe enmarcarse en el ámbito privado y hacerse valer en el mismo, es decir: tan inviolable es el respeto a las creencias religiosas de las personas como la libertad de éstas a creer o no creer. Algunos fanáticos intentan desacreditar este racionamiento acusando de intolerantes, anticlericales y violentos a aquellos que denunciamos esta vulneración por parte de los sectores poderosos de la Iglesia y de algunos políticos. Este ataque demuestra que lo que realmente les preocupa, es la pérdida de elementos de control social que les permita seguir con su doble juego moral. 

Cuando pensaba en este artículo, tenía en mente poner como ejemplo de esta vulneración de derechos los funerales de Estado celebrados en marzo, donde el Cardenal Rouco Varela hacía su personal exaltación de valores tradicionalmente españoles. Otro ejemplo reciente  de este insulto a la independencia religiosa de las personas ha sido el juramento del cargo de la nueva ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina. Ha jurado su cargo ante el Rey, el crucifijo y con la mano sobre la biblia. 

La diferencia entre prometer y jurar es que uno promete por su honor, por su palabra, por su valía como persona y responderá ella misma de su gestión ante la ciudadanía. Jurar implica comprometerse ante una creencia personal concreta y a ella se le rendirá cuentas. Esta señora, funcionaria del estado, ministra y miembro del gobierno de la nación, con el gesto del crucifijo, la biblia y el juramento ha expresado de manera rotunda que cumplirá sus funciones porque cree en Dios, en el dios católico, para ser exactos, no en la Constitución ni en las leyes. Me parece una falta de respeto ante los millones de ciudadanos y ciudadanas que no cree, o son protestantes, musulmanes, budistas o judíos. 

Si viviésemos en un estado islámico, y hubiese jurado el cargo con el Corán, la Ministra de Agricultura y Alimentación podría decretar la prohibición de comer cerdo, por sus creencias. Suena absurdo ¿verdad? Pues despertemos porque eso ya está ocurriendo. La reforma de la Ley del aborto, planteada desde la criminalización por el ministro de justicia, obedece a mandatos religiosos. La retirada del servicio de la fecundación in vitro a parejas lesbianas y a mujeres solteras por parte de la ministra de Sanidad también. La obligación de dar religión en las aulas y que sea materia evaluable, o que los jueces abiertamente se declaren miembros de grupos religiosos sean o no ultraconservadores, que lo suelen ser, tienen el fin de mantener ese control social que tanto beneficia a una casta endogámica e intransigente.

La España del 2014 no es la de 1950, hemos cambiado. La influencia de la Iglesia debe acabar sobre lo público. Debemos aplicar el principio del laicismo como garante de las libertades de las personas. Lo contrario, lo que tenemos ahora, no significa respeto ni es democrático sino imposición y dogmatismo.