El PP: entre la manipulación y el engaño

Profesor de Derecho Penal de la Usal

No hay semana en que los líderes del PP no manipulen la realidad social y política trasladando a los ciudadanos mensajes de catastrofismo que no se corresponden con la realidad. Es cierto que debido al incremento desproporcionado de los precios de las energías: luz, gas o petróleo, la inflación se ha disparado, lo que genera conflictividad en sectores del comercio, la industria, el transporte o la alimentación. Pero esto no es ni más ni menos que consecuencia de la salvaje economía de mercado, algo que la derecha política no sólo ha defendido, sino que lo ha llevado en muchas ocasiones a sus últimas consecuencias. Ya se sabe, como decía el ínclito Rodrigo Rato, “es el mercado, amigo” (ese ex ministro de economía de la era Aznar que ha cumplido penas de prisión por ser un “ladrón fino” y que aún tiene causas pendientes con la justicia por presuntos delitos de corrupción).

 

            Es también consecuencia directa e inmediata de las vergonzosas políticas energéticas de los gobiernos de Rajoy, que tuvo a un ministro de industria y energía, José Manuel Soria (el “doble” de Aznar), un político mentiroso y muy cuestionado en la Unión Europea que, por otra parte, fue declarado persona “non grata” en su tierra canaria (como también lo fue Rajoy en la suya). Este ministro consiguió que las empresas eléctricas se embolsaran ingentes cantidades de dinero público (a costa de los ciudadanos) en detrimento de las energías renovables. Este ministro impulsó también la práctica de la obtención de pozos de petróleo por la técnica de la fracturación hidráulica, más conocida como “fracking”, con las consecuencias negativas que tiene: contaminación de acuíferos, atmosférica y sonora, elevado consumo de agua, migración de gases y productos químicos hacia la superficie, contaminación por vertidos y graves efectos para la salud de las personas. En fin, como se suele decir, “de aquéllos polvos vienen estos lodos”. Y ahora, sorprendentemente, el PP -“vaya cara más dura”- culpa al gobierno de Sánchez de la subida de la luz, cuando ellos han estado alimentando al monstruo que ahora nos devora. Por todo ello, seria absolutamente necesario que se promoviera una “auditoría energética” que –nunca mejor dicho- arrojase “luz” sobre la oscuridad que esconde el PP y las empresas que se han lucrado escandalosamente de estos desmanes.

 

            Y, como decía al principio, no hay semana que el PP no engañe o manipule con la realidad política y social. Ésta lo ha hecho con motivo del proyecto de ley de Memoria Democrática que, a pesar de lo que se diga, en sus términos actuales no deroga la Ley de Amnistía de 1977. Resulta sarcástico que la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra –muy dada al insulto y a  la descalificación de sus adversarios, sin argumentos- diga que “cuestionar la ley de Amnistía es cuestionar la transición”, cuando el PP de entonces no la apoyó. En el debate, el diputado de esta formación, Antonio Carro, que había sido ministro con Franco (del que hoy se cumplen 46 años de su muerte) dijo que su formación política conservadora no podía apoyar esa ley  porque era “peligrosa, desestabilizadora, provocará desordenes públicos, atentados, robos, asesinatos, es decir, el pre salvajismo” (¿?). Si así era, señora Gamarra, porque lo dijo alguien de su partido, recuerden que no han roto con su pasado político, siguen defendiendo la herencia de Fraga y del resto de “los 7 magníficos”, también la de Aznar que decía, se lo vuelvo a recordar, que la Constitución Española era “un atentado parlamentario”, si así fue, insisto, ¿cómo tienen el descaro de darle la vuelta a la tortilla engañando a los españoles y ocultando su verdadero pasado? Si han cambiado de opinión, que es muy lícito y humano, al menos reconozcan y renieguen de su pasado, que, les recuerdo, aún no lo han rechazado y repudiado, como tampoco lo han hecho con sus recientes casos de corrupción política en los que han sido condenados. Como muestra de ello es que siguen habitando la sede de Génova 13, en Madrid, que los tribunales han demostrado que la rehabilitaron con “dinero negro”.

 

            Por otro lado, el PP, aunque no lo exteriorice, conoce perfectamente sus miserias y sus complejos de inferioridad, porque sabe que en los 45 años desde que se aprobó la Ley para la Reforma Política (15 diciembre 1976) y aunque ha gobernado, no ha participado ni apoyado ninguna ley progresista de las que han puesto a nuestro país a la altura de los más avanzados del mundo. No sólo no apoyó el cambio del Antiguo Régimen franquista al Estado Social y Democrático de Derecho con la aprobación de la CE, sino que rechazó la ley de divorcio, la del aborto o la de matrimonio homosexual, a pesar de que luego no las ha modificado cuando ha gobernado e incluso algunos miembros políticamente activos de la derecha y la ultraderecha se han servido de esta legislación.

 

Los “populares” tampoco gobernaban cuando se aprobó la estructura normativa de nuestro Estado de Derecho. Votó en contra en el referéndum del Estatuto de Autonomía del País Vasco y tampoco apoyó el de Cataluña (ambos de 1979). El argumento del partido conservador era que “la autonomía de los pueblos es una amenaza contra la unidad de España”. Por su parte, tampoco gobernaba cuando España entró en la organización internacional más importante, la Comunidad Económica Europea (hoy Unión Europea), ni cuando ingresó en la OTAN (en cuyo referéndum se abstuvieron), ni cuando se aprobaron las leyes de seguridad social y pensiones (1985 y 1995 con el Pacto de Toledo, que reforzaron el carácter de capitalización del sistema público de pensiones), ni cuando se aprobó el Código Penal de la democracia (que, por otra parte, no apoyó) ni cuando ETA dejó de matar. En cambio, sí gobernaba cuando se aprobó la ley del suelo que disparó la especulación urbanística, cuando España apoyó la guerra de Iraq, en la pésima gestión de la catástrofe del Prestige o del accidente del Yak-42 (que se pudo evitar y cuya gestión fue desastrosa) o cuando se produjeron los atentados de Atocha, con 191 muertos, en 2004.

 

Con estos antecedentes, ¿cómo vamos a creer a Pablo Casado cuando dice que va a elaborar una “ley de concordia” en la que, según él, haya un verdadero entendimiento entre todos los españoles? ¿cuánto ha trabajado la derecha política por la concordia si nunca ha llegado a condenar el régimen franquista, del que, por otra parte, se alimentan muchos de sus miembros? Por cierto y hablando de Casado, hemos conocido recientemente que cuando el líder del PP trasladó el expediente académico de sus estudios de Derecho desde el ICADE hasta el centro de estudios Cardenal Cisneros, fue Enrique Arnaldo (el hoy miembro del TC a propuesta del PP) quién acompañó a Casado hasta el despacho del director de ese centro de estudios superiores. Curiosamente, Casado aprobó la mitad de las asignaturas de la licenciatura de Derecho que le quedaban, en ese centro en tan sólo 4 meses. Todo un record, todo un talento el demostrado por el líder del PP. Ya lo dice el refranero popular, “favor con favor se paga”.