El aborto en América latina, un crimen más que un derecho

El día de acción global por el acceso al aborto legal y seguro se celebra el 28 de septiembre. Cada año, los grupos de movilización se reúnen para organizar actividades de sensibilización. Efectivamente, aunque algunos países del continente lograron progresos en los años pasados, los problemas puestos de relieve por diferentes estudios recientes demuestran que la movilización sigue siendo necesaria

Solenn Hellec. Defensora de derechos humanos

En América latina, las situaciones son muy diversas en lo que se refiere al aborto. Seis países lo han despenalizado (Uruguay, Cuba, Guayana, Guyana francesa, Argentina y Puerto Rico), otros como Haití, Jamaica o Surinam lo prohíben de forma total. En estos países no se puede abortar, incluso en caso de un embarazo de alto riesgo. En cuanto a los otros países del continente, permiten el aborto bajo condiciones. Nos vamos a centrar en estos países en la medida en que la confusión alrededor de la ley desemboca en un incremento de las desigualdades entre mujeres y en una falta de derechos de algunas. De hecho, los recientes estudios de organizaciones como GIRE, el grupo de información en reproducción voluntaria en México o Causa Justa mostraron que las mujeres pobres, jóvenes, indígenas, las que viven en áreas rurales o las afrodescendientes son las más penalizadas en América latina. En Ecuador, por ejemplo, sobre 148 casos estudiados, el 12% de las mujeres judicializadas por abortar eran niñas de menos de 15 años, casi todas en situación de pobreza.

Por lo tanto, es evidente que, si la despenalización parcial parece ser a primera vista una solución para salir de la prohibición total y encontrar más libertad, la realidad es que es discriminatoria en la medida que no se ofrece de manera igual a todas las mujeres.

De este modo, la penalización parcial no penaliza el aborto en sí mismo sino a una parte de las mujeres. Consecuentemente, si el país quiere ser más justo, tiene una única solución: la salida del aborto del Código penal y su consideración como servicio de salud.

Una misma ley, una implementación diferente

En esta situación hay que plantearse la pregunta siguiente: ¿Qué razones explican las desigualdades cuando la ley impone condiciones para abortar?

En primer lugar, el desconocimiento del derecho es un factor de desigualdad. Las condiciones para abortar imponen una verificación de compatibilidad entre la situación de la mujer y las condiciones dictadas por la ley. De modo que, si el personal de salud e incluso las mujeres no están informadas, es imposible poner en práctica el derecho. Así es que hay demasiadas mujeres que, aunque pudieran abortar de manera segura y legal, lo hacen con métodos artesanales y peligrosos.

Después, la falta de recursos es algo importante. Efectivamente, numerosas mujeres no tienen recursos para pagar los abogados si tienen que ser juzgadas. O algo más simple, es que no pueden ir a los centros médicos a causa de problemas de transporte. Por eso, aunque tengan el derecho no pueden ejercerlo. Por ejemplo, en Ecuador, una mujer joven se cayó por las escaleras y fue acusada de intento de abortar. Tuvo que ir a la cárcel durante 3 meses porque no tenía los recursos suficientes para defenderse. En Colombia, a pesar de la despenalización en 2006 en tres amplios supuestos (riesgo de la vida o la salud de la mujer, violencia sexual o la incompatibilidad del feto con la vida extrauterina) la persecución judicial se cuadruplicó. Aquí vemos que paradójicamente, la despenalización parcial fortalece la persecución que se dirige contra una parte de las mujeres. Entonces la despenalización parcial no se puede confundir con el descenso de los casos de mujeres perseguidas en general en la medida en que se enfoca sobre las mujeres más desprotegidas de la sociedad.

Así pues, no es una solución suficiente. Como se ha dicho anteriormente, la solución, según las organizaciones defensoras de los derechos de la mujer, es eliminar el aborto del código penal y considerarlo un servicio de salud. Esta es la decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, declarando el 14 de septiembre que abortar no era un delito. La decisión fue celebrada por miles de personas en todo el país. Pero tenemos que recordar que la despenalización sin las medidas que permitan a las mujeres ejercer sus derechos sería también incompleta. Entonces es importante asegurarse de que las leyes sean implementadas y que se apliquen en la realidad.

Fuente y foto: asuntosdelsur.org