El arte de lo posible 

¡Aleluya! Había acabado de escribir este artículo, reclamando la renovación, cuando salta la noticia de que el Gobierno y el Partido Popular acuerdan renovar el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos. La política es eso: el arte de lo posible, lo que no se consigue en días, meses o años, se consigue en unas horas. La política definida como el arte de lo posible es una afirmación que se le atribuye a Aristóteles, Maquiavelo, Bismark y Winston Churchill, sea quien fuere su autor primero, lo cierto es que se utiliza en diferentes contextos y que tiene más de una lectura.

La buena salud de la democracia es la mejor garantía del estado de derecho, y, el estado de derecho, se hace realidad cuando sus instituciones funcionan con arreglo a lo previsto en la ley. La ley prevé la protesta contra el gobierno de turno y esa es una de las grandezas de la democracia. Pero el ataque a las instituciones o a sus representantes, cuestionan las reglas básicas de la democracia, según las cuales, nos representan quienes han sido elegidos por la mayoría del pueblo.

Los insultos al presidente del Gobierno de España en la celebración del día de la Nación el pasado 12 de octubre, son una falta de respeto y de tolerancia. Muestran poca educación por parte de quienes los profieren. Los insultos son perniciosos porque dañan a todos, democracia incluida, degradando el espíritu de unidad en el día de la Hispanidad.

Esa conducta reprobable de una minoría, es la traslación a la calle de lo que ocurre de manera persistente en el parlamento, donde, más allá de las críticas al gobierno y de hacer propuestas en beneficio de los ciudadanos, que para eso está concebida la oposición, lo que se persigue es el acoso y derribo del Gobierno por medio de insultos y descalificaciones, quitándole la legitimidad dada por la ley y por las urnas. Lo que ocurre en sede parlamentaria no es inocente, tiene sus consecuencias.

Corresponde a sus señorías, en primer término, el respeto a los símbolos patrios y a la ley. Así como la salvaguarda de las instituciones, tal y como se contemplan en el orden constitucional, no como a algunos partidos políticos les gustaría que fueran, en beneficio propio e incluso para apropiárselas. Los símbolos, la ley, las instituciones y la fiesta Nacional son de todos, nos representan a todos, todos tenemos el derecho y el deber de disfrutarlas y protegerlas.

Las fuerzas políticas saben que, en un sistema democrático, el respeto a las normas básicas de convivencia no puede estar en discusión. Por eso no se entiende el jalonamiento de posturas que menoscaban las instituciones, ni las trabas para la renovación de las mismas, tal y como prevé el ordenamiento jurídico y la Constitución.

La falta de acuerdo político para la renovación de cuatro órganos constitucionales: Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo y Tribunal de Cuentas, evidenciaban síntomas de deterioro democrático y generaban un cierto estado de alarma institucional. La interinidad en la que se encontraban estos órganos, debido a que el mandato de una parte de sus miembros estaba caducado, nos llevó a una situación inédita en nuestra democracia.

En alguna ocasión se había retrasado la renovación de algún órgano, pero nunca se habían juntado tantas instituciones pendientes de renovación, ni bloqueadas por tanto tiempo (el CGPJ en diciembre hará tres años que está en interinidad). Los juristas señalan la gravedad de la situación y el peligro de que nos acostumbremos a ella.

La mayoría cualificada, necesaria, que hay prevista para la renovación de estos órganos y que es la garantía de la pluralidad, se había convertido en un muro insalvable para la propia renovación. Aunque el problema no es esa mayoría necesaria, sino el uso partidista que se hace de ella. La renovación no es posible sin la voluntad del primer partido de la oposición. El miércoles día 13 y en el Congreso de los Diputados, el Partido Popular manifestó su voluntad de iniciar los contactos con el Gobierno para renovar tres de los órganos institucionales: Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo y Tribunal de Cuentas.

Se podía pensar que tal propuesta de diálogo era otra excusa más para no renovar, también, el Consejo General del Poder Judicial, que debería ser la prioridad política, debido a su papel fundamental. Ha sorprendido la rápida aceptación del Gobierno de tal propuesta, acordando, en unas horas, la renovación de aquellos órganos, ¡aleluya!, pero dejando fuera la del CGPJ. Confiemos en que, más pronto que tarde, acuerden también la renovación del CGPJ, devolviendo así el buen estado de salud a las instituciones del Estado.

En cualquier caso y dado el bloqueo al que han sido sometidas las instituciones durante largo tiempo, habrá que buscar otras fórmulas imaginativas que garanticen la renovación de los órganos institucionales cuando le toque y refuercen su independencia. Siempre en el marco de la Constitución y de las directrices europeas.

Escuchemos a La Oreja de Van Gogh - Deseos de Cosas Imposibles

                                                                                                        Aguadero@acta.es