La patada podemita

Dos magistrados del Tribunal Supremo piden su absolucón porque aseguran que las pruebas en contra de A. Rodríguez (diputado de Unidas Podemos)  son poco objetivas y más que insuficientes. Sin embargo, los otros cinco magistrados del T.S, sí le han condenado a un mes y medio cambiada por 540 euros de multa. Así andamos con nuestra justicia ya caducada. 

 El diputado canario de Podemos, Alberto Rodríguez Rodríguez, “Rastas”, fue elegido por Piglesias para controlar el aparato del partido morado en 2019. Nada menos que el número tres del partido. Bueno, le nombró o salió señalado como secretario general de Organización, puesto que ejercía antes Pablo Echenique. Y Lilith Verstrynge le ha sustituido, hace unos meses, al ser designada en el mismo cargo por Ione Belarra, la nueva líder de Podemos.

Ahora el Tribunal Supremo ha juzgado al podemita tinerfeño imputado por un presunto delito de atentado contra agente de la autoridad y otro leve de lesiones. Esto viene desde 2014 nada menos. Y le ha condenado por atentado a la autoridad*, aunque dos de los siete miembros del TS han emitido un voto particular discrepante, absolutorio. El parlamentario ´condenado` acudirá al Tribunal  Constitucional y si es necesario al Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea.

En el juicio, la Fiscalía le situó entre un grupo de manifestantes que protestaban entonces, en San Cristóbal de la Laguna, contra la llamada Ley Wert y que, supuestamente, lanzaron a la policía diversos objetos, como piedras, botellas de agua y tomates. Según el Ministerio Público, el ahora diputado de Podemos propinó una patada a un agente que, a consecuencia del golpe, sufrió una contusión en la rodilla izquierda y necesitó asistencia médica y cinco días de recuperación.

Pero, como se ha visto en las múltiples declaraciones en el juicio, los hechos no ocurrieron así, ni como lo cuenta el policía ni la fiscal.

La defensa de A. Rodríguez insiste en las bastantes y graves contradicciones policiales y la falta de pruebas claras. Incluso, el inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía que estuvo al frente del dispositivo –y otros miembros policiales presentes allí– no vieron, en ningún momento, al “Rastas” –de dos metros de altura– por esa zona de la manifestación.

E insiste A. Rodríguez en su defensa: “Claro, cómo va a verme en esos momentos si yo aparezco más tarde. No estuve ni cerca. El vallado de protección policial se rompe y yo llego después; en el momento temporal que yo me acerco ya estaba así".

Es más, el agente que le acusa reconoce que no recuerda bien qué sucedió porque había "mucho alboroto". Para más inri, en la protesta este policía –supuestamente dañado– no reconoció a Alberto como el agresor.

El jefe de la Unidad Policial ha manifestado que fueron sus agentes los responsables de la inclusión de Rodríguez en el atestado como autor de la supuesta agresión a un policía. Tampoco un compañero de la línea de protección policial, muy cercano al demandante –codo con codo y escudo con escudo–, vio a Rodríguez por allí.

Fue después, manejando sus datos y el hecho de que era un notorio activista social, un militante muy revolucionario, “se montó la denuncia ad hoc, con calzador”. Y esto, según denuncia y asegura A. Rodríguez –y sus abogados–, “es una práctica que se da con desgraciada normalidad”. Y advierte de ese culebrón judicial manteniendo que estaba en otro lugar en esa manifestación (enseñó videos y declaraciones). Pero le tenían bien ´fichado´.

Y a pesar de eso este policía ni le reconoció ni le detuvo entonces cuando le ocasionó presuntas lesiones. Pero, ¿le dolió la patada realmente? ¿Hubo patada o forcejeo o simples empujones mutuos? ¿Fue el autor A. Rodríguez u otro desconocido manifestante?

Ningún médico forense vio y comprobó las presuntas lesiones del policía ni en el juzgado ni en el cuartel. Y el mismo agente habla de los muy leves o inapreciables síntomas de dolor, que no necesitó rehabilitación ni curas especiales. Solo te atendió una doctora de Urgencias.

Durante la protesta se produjeron varias detenciones, pero Rodríguez no fue arrestado ni identificado por la Policía. Su nombre y su DNI, sin embargo, sí figuraban en el atestado definitivo enviado al juzgado. Según el agente supuestamente agredido, otros compañeros le tenían identificado de manifestaciones anteriores, por lo que controlaban sus datos y los incluyeron en el atestado cuando el agente les contó que le había agredido.

La Sala de lo Penal del alto tribunal, ahora, ha sentenciado contra el diputado podemita imputado, sin que se haya acreditado la presunta patada ni su presencia en esos momentos en el lugar de los hechos en la manifestación.

Es ridículo que todo un Tribunal Supremo esté perdiendo el tiempo en esos menesteres...  Le pedían seis meses de prisión –luego tres y ahora ya solo son un mes y medio–, más inhabilitación para el sufragio pasivo por el tiempo de condena. La pena de prisión se sustituye por una multa de 540 euros. 

Por otro lado, el diputado de Unidas Podemos es absuelto de un delito leve de lesiones, aunque tendrá que pagar 50 euros como indemnización de responsabilidad civil al agente al que supuestamente pateó. 

Alberto Rodríguez – y muchísimos políticos también– dice que se ha armado un montaje policial con pruebas confusas –solo rumores o indicios indocumentados– para criminalizar la protesta social. Y todo esto sin juzgar, increíblemente, desde marzo 2014.

Es un acoso a un político molesto con la élites del Estado –la casta– para tenerlo amedrantado largo tiempo y marcarle las líneas rojas. La alcurnia del poder, en este caso judicial, señala su camino a los díscolos y revolucionarios.

Los procesos judiciales son muy frecuentemente una pantomima donde cualquier tontería que digan las fuerzas de seguridad tiene valor probatorio aunque las imágenes o vídeos en muchos casos indiquen lo contrario. Este modus operandi policial y judicial es arbitrario, muy  vergonzoso, pero “quizá por eso funciona mejor diseminado el miedo a protestar”. 

Estos días le tocó al podemita A. Rodríguez. Otro día es a la imputación del exministra Laya y se intentará llegar a más como en el caso Echenique, caso Ione Belarra, casos Piglesias, Isa Serra, caso ´niñera´, etc.

Los ´salvapatrias´ se sienten poderosos gracias a la estrategia de bloqueo institucional de la ultraderecha.  El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, debe de estar frotándose las manos porque cree que el ilegítimo es el Gobierno, no él. 

Otro leguleyo, Enrique López, el juez motero piripi expulsado del CGPJ, que ahora es consejero de Justicia de IDA Ayuso, defendió la independencia de los jueces hablando en primera persona. El juez independiente que es cargo del PP dejó una declaración que no es necesario apostillar: "En el 85, la izquierda entendió que la judicatura era mayoritariamente facha. Hicieron una ley para cambiarla. No lo consiguieron".

¡Menuda pandilla hay todavía en las élites judiciales! En fin, en la actualidad aún existen familias de jueces y funcionarios patriotas exfranquistas y muy conservadores (padres hijos, abuelos, etc.) que copan juzgados y sus decisiones…