Competencias penitenciarias de Euskadi

Profesor de Derecho Penal de la Usal

El pasado 1 de octubre el gobierno vasco ha asumido las competencias de gestión y ejecución penitenciaria previstas ya en el Estatuto de Gernika de 1979, en cumplimiento de RD 474/2021, de 29 de junio. Con ello, tanto el gobierno vasco como el ejecutivo central, en este caso presidido por Pedro Sánchez, cumplen con un compromiso pendiente desde hace más de cuatro décadas y 38 años después de la aprobación del RD 3482/1983, de 28 de diciembre, por el que se transfirieron las mismas competencias a la Generalitat de Catalunya. En consecuencia, desde este momento Euskadi gestiona los 1387 internos ingresados en las 3 prisiones vascas: 778 en Zaballa (Álava), 326 en Basauri (Vizcaya) y 283 en Martutene (Guipúzcoa).

 

            Euskadi, con la asunción de las competencias de gestión y ejecución penitenciaria –no de legislación, ya que es una competencia estatal conforme al artículo 149.1.6ª de la CE- se convierte en la Comunidad Autónoma que mejor está cumpliendo con el mandato constitucional que orienta las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad hacia la reeducación y reinserción social (resocialización) de los sentenciados previsto en el articulo 25.2 de la Carta Magna, puesto que la implicación y compromiso, tanto de los profesionales penitenciarios como de las organizaciones de la sociedad civil (Organizaciones No Gubernamentales, asociaciones y fundaciones) preocupadas por la reinserción social de los penados, además de otros operadores de la justicia, como la Jueza de Vigilancia Penitenciaria, Ruth Alonso, siempre ha sido muy positiva y está dando sus frutos.

 

            Así, por ejemplo, el porcentaje de penados clasificados en tercer grado (es decir, en régimen abierto o de semilibertad, donde los sentenciados salen a trabajar durante el día y pernoctan en los centros penitenciarios, salvo los dispensados de ello por la instalación de la vigilancia electrónica mediante los dispositivos telemáticos o pulseras) es notablemente superior en los tres centros penitenciarios de Euskadi que en el resto del Estado: 374 penados en esas cárceles vascas están clasificados en tercer grado, es decir, el 27 % de la población reclusa, mientras que en el total nacional (incluyendo Catalunya) el porcentaje de internos clasificados en tercer grado es del 16,4 % (9189 del total nacional de internos en España, 55988, datos correspondientes al mes de julio de 2021). Precisamente dentro de la filosofía, principios y articulado de la Ley Orgánica General Penitenciaria de 1979, LOGP (recordemos que fue aprobada por aclamación de todas las fuerzas políticas de entonces), están los de inspirar un sistema penitenciario flexible, progresivo y humano que, respetando la dignidad y los derechos e intereses legítimos de los recluidos, trabaje por la reinserción social de los mismos.

 

De esta forma, la propia LOGP considera el primer grado (régimen cerrado, para internos calificados de peligrosidad extrema e inadaptación a los regímenes ordinario y abierto) como absolutamente excepcional y residual (no llegan al 1 % los penados clasificados en primer grado del total de internos a nivel nacional) y el tercero (régimen abierto o de semilibertad) como una forma de ejecución de la pena privativa de libertad que hay que potenciar cada día más por tener un componente resocializador más importante y efectivo para los penados.

 

            Por todas estas consideraciones no se entiende que PP, Ciudadanos y Vox se hayan opuesto -con dureza y sin argumentos racionales y sensatos- a la transferencia a Euskadi de las competencias de gestión y ejecución penitenciaria. Lo hacen, además, con una ignorancia interesada de la legalidad vigente argumentando que esas transferencias servirán para “sacar a la calle a los terroristas”. ¡Lamentable! Pablo Casado, líder del PP, ha manifestado a bombo y platillo que recuperará para el Estado las competencias de prisiones transferidas a Catalunya y Euskadi, algo que, como bien ha manifestado el portavoz del gobierno vasco, Bingen Zupiría, supondría una “involución autonómica que no resulta justificable ni asumible”. Hay que recordarle al PP que nuestro Estado es Autonómico, está descentralizado y hay que respetar las competencias que las comunidades autónomas han decidido asumir en sus Estatutos de Autonomía, normas fundamentales de las CCAA que, por otra parte, también ratificó en su día el Parlamento Español. No respetarlas es claramente una actitud torpe, cínica y antidemocrática. En eso se ha convertido la actual derecha política española, en oposición no sólo al gobierno, sino también al Estado de Derecho.

 

Que esto lo rechace Vox -partido ultra que defiende que las penas deben tener la finalidad que tenían en el Antiguo Régimen (la retribución, el castigo, la expiación, la intimidación y el encierro del delincuente para que se “pudra en la cárcel y no salga más”) y no la que deben tener en un Estado Social y Democrático de Derecho, es decir, prioritariamente la prevención especial positiva (resocialización), sin olvidarnos de la prevención general negativa, es decir, que la pena sirva de amenaza penal hacia la colectividad para que los ciudadanos se abstengan de cometer delitos- es, hasta cierto punto, entendible, ya que de estos partidos reaccionarios no puede esperarse otra cosa, pero que lo haga sobre todo el PP que ha sido partido de gobierno y aspira a gobernar, resulta bochornoso. Aunque no es de extrañar, puesto que se está oponiendo a todas las políticas sociales y progresistas que identifican a un país moderno, avanzado, justo, respetuoso con los derechos humanos de todos, tolerante y solidario. Y todo, porque su única aspiración, maquiavélica, sí, es llegar al poder como sea, sin importar los medios (legítimos o no) utilizados para ello.