El ídolo con pies de barro

La experiencia demuestra que cuando un político se siente incomprendido y rechazado por sus paisanos acude a la demagogia y se preocupa de hacer declaraciones intentando demostrar que todo va sobre ruedas. Aunque aún quedan políticos –y políticas- capaces de reconocer sus fallos, conocemos más de uno a quien se puede calificar de farsante sin miedo a equivocarnos

          Son tantos los frentes abiertos y tan palmarias las pifias que resulta muy difícil enmascarar la evidencia. El clamor de toda la oposición, el de no pocos medios de comunicación nacionales y extranjeros, y ahora las encuestas de todos los signos, certifican las horas bajas de este gobierno lleno de fisuras y agobiado por una situación asfixiante. Han entrado las prisas y, en ese trance, Sánchez puede ser más peligroso. Ya son públicas las desavenencias con sus socios de coalición. Los últimos envites de Podemos han sido, por un lado, presentar al Consejo de Ministros el proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), más conocida como “Ley de Castells”, que, para ser la primera señal de que hay un ministro de universidades, ha dejado muy clara su procedencia. Por el otro, registrar en el Congreso – sin previo aviso al Gobierno- una proposición de ley para crear la empresa pública de la energía que, según ellos, solucionaría la amenaza mensual del recibo de la luz. Si no nos hemos vuelto locos en España, este último intento debe tener muy pocas posibilidades de prosperar. Ya se sabe, es la vieja táctica del comunismo: nacionalizar un sector efectuando la oportuna indemnización, colocar en ese monstruo buena cantidad de sus amigos para, al final, aumentar el gasto innecesariamente y dejar las cosas peor que estaban.

          Lo cierto es que, para el que paga el recibo, se hace muy difícil entender las razones para que tan desenfrenada subida del coste de un MW/h no merezca el mínimo comentario por parte del Presidente. Uno creía que, entre las obligaciones de todo gobierno, estaba la de inspeccionar los posibles abusos, vengan de donde vengan. Si la subida es inevitable - y legal -, se debe explicar. Si no lo es, con mayor razón. Ya sabemos que el gobierno es ajeno a esa subida, pero no lo es a la evidencia de que, a mayor importe del recibo cuyo 60 % son impuestos, mayor ingreso para las arcas del Estado. Ante el clamor de la sociedad, ha vuelto Sánchez, el petulante. Otro farol: a final de 2021, los españoles habremos pagado la misma cantidad que en 2018. Es decir, el último trimestre pagará Hacienda nuestros recibos ¿? Lo que sí es cierto es que no tiene ninguna solución para este problema y no se atreve a recibir nuevos revolcones porque Podemos le tiene bien sujeta la entrepierna y no está el horno para tener que adelantar las elecciones. De otra forma no tendría explicación su empeño en huir de las ruedas de prensa y, sobre todo, de no comparecer en el Congreso para explicar sus planes –si los tuviera- y ofrecer respuestas convincentes a las interpelaciones de la oposición.

          Por fin hemos llegado al 70 % de vacunados con la pauta completa. Por culpa de la llamada cepa de la India, la meta fijada a principios de año se ha demostrado insuficiente para lograr la ansiada inmunidad de rebaño. Ahora, conocida la amenaza de la cepa de Sudáfrica, ya se habla de la necesidad de alcanzar el 90 %. Lo que sigue siendo seguro es que el virus sigue en la calle y que, para nuestra desgracia, a lo único que ataca es a las personas. Si esas personas queremos desafiarle, siempre saldremos perdiendo. Hay que ser más inteligentes que él, para lo cual se deben respetar las medidas que han demostrado ser eficaces.

Cuando la desgracia golpea repetidamente, el ser humano llega a crear una especie de callo capaz de amortiguar el dolor. Todo el mundo cree haber llegado al final de la famosa quinta ola y en lo primero que se piensa es en suavizar las restricciones. La economía debe recuperarse –cosa imprescindible- y los ciudadanos recobrar las libertades recortadas -algo también necesario. En esta euforia un tanto precipitada, estamos olvidando lo más cruel: cada semana siguen muriendo más de 1.000 personas. Si se supone que un altísimo porcentaje de esta cantidad corresponde a vacunados con la pauta completa, es porque han sido contagiados por alguien que portaba el virus. Para que los posibles causantes disminuyan, dos requisitos son imprescindibles: uno, que los no vacunados cada vez sean menos; y dos, que, mientras se alcanza la inmunidad de rebaño, existan textos legales en los que apoyarse para evitar los excesos que se cometen a diario –sobre todo entre los jóvenes-, y que las autoridades autonómicas no pueden aplicar porque el gobierno, para no ser el malo de la película, no quiere dotárselos –como es su obligación. Por esa irresponsabilidad se está pagando un precio demasiado alto, y de ese sí que será responsable el gobierno.

El pasado lunes tuvo lugar la apertura oficial del año judicial, en acto presidido por el Jefe del Estado. Como era de esperar, el presidente del CGPJ volvió a sacar los colores a PSOE y PP, responsables directos de una situación que deja a nuestro poder judicial en muy mal lugar. Ya son casi tres años de reproches mutuos entre los dos partidos que han presidido los gobiernos de esta etapa democrática. Refresquemos nuestra memoria histórica. Los Padres de la Constitución –no se olvide que eran de todas las tendencias- tuvieron el acierto de matizar el art. 122.3 para que, de los 20 miembros del CGPJ, doce fueran elegidos por los propios juristas y ocho por los partidos políticos. De esta forma siempre estaría asegurada la independencia del poder judicial. Cuando Felipe González llegó al gobierno con 202 diputados, sintió la primera tentación de socavar esa independencia. Superados los primeros titubeos, aprobó la LO 6/1985 por la que, después de adornados circunloquios en la exposición de motivos, se dictaba la norma para elegir a todos los miembros por las Cortes Generales, aunque sin modificar el requisito de contar con mayorías de tres quintas partes. El marcado bipartidismo que ha imperado hasta la actualidad no ha facilitado grandes desequilibrios entre los elegidos por uno y otro bando. Cuando el PP alcanzó la mayoría absoluta, no se atrevió a devolver a los jueces la facultad de elegir doce miembros, algo que sí reclama ahora. De ahí la imposibilidad de pactar listas que satisfagan a ambos. En esas estábamos cuando Sánchez, en una maniobra de desquite, tantea una nueva reforma que impida a los jueces proveer las vacantes para acabar con la actual inanición. La Unión Europea y los mismos jueces le han parado los pies. Si no lo logra su propósito, además de denigrar a la justicia dentro y fuera de España –no perdona que el Supremo haya reprochado el indulto a los golpistas-, estará satanizando a la derecha por no ceder a su chantaje, olvidándose de que él también se niega a retomar el espíritu del 78. Por algo será.

Los contratiempos se amontonan y la impaciencia se hace más patente. Pedro Sánchez ya no puede acudir a cualquier acto público sin exponerse al consabido abucheo. Por eso busca los recintos previamente controlados. Ante los hechos consumados, no le queda más que una propaganda bien organizada, o bien hacer oídos sordos y procurarse los apoyos necesarios para garantizar el final de la legislatura. Cuando el ídolo tiene los pies de barro, si no quiere derrumbarse, debe endurecerlos con alguna inyección de hormigón. Como carece de los fondos necesarios para adquirirlo, no dudará en adquirirlos a crédito. Ahí está el verdadero peligro. Independentistas y toda clase de nacionalistas están con la escopeta cargada. Hipotecará nuestro futuro, tanto económico como político, para continuar en la Moncloa.