La tragedia de las profesiones politizadas por los políticos profesionales

De vez en cuando se alzan voces partidarias de gobiernos tecnócratas, en los que los criterios de una gestión eficaz, más o menos neutral, primen sobre los fuegos de artificio propios de las siglas políticas. Pasa en las crisis más graves, y la pandemia no ha sido excepción. Sin embargo, en esta circunstancia quizá se han escuchado con menos fuerza, porque en la España visible, la que se asoma a las palestras mediáticas y a las redes sociales, son mayoría los partidarios acérrimos de los suyos, los que sean, “manque pierda” no el Betis sino España entera si hace falta. Es la España habladora y cainita que politiza cada muerte violenta, cada vacuna, cada medalla olímpica y cada ola de calor. En la España invisible, quiero creerlo, las frentes son más amplias y las miradas también.

Con eso de la tecnocracia descartada con tal de que “los míos” sigan mandando, en Madrid, o en Valladolid, o en mi pueblo, ocurre como con el estado autonómico tal y como está planteado, que reniegas de él cuando sufres en tus carnes las pegas de la descentralización, cuando te sabes en clara desigualdad, cuando tu hijo o tu primo compite en inferioridad de condiciones para acceder a la Universidad, o cuando por tu comarca no va a pasar jamás el tren ni se va a abrir la fábrica que se ha pactado con el señor del escaño al que votan en la región del otro extremo y que decide en qué se gasta el presupuesto… Pero a la hora de la verdad, España multinivel y lo que haga falta.

Aparcados los profesionales en sus quehaceres, y alejados de la administración pública tantos empresarios de los que se sospecha por el mero hecho de serlo, los políticos profesionales siguen copando la responsabilidad en la gestión. Con lo que les ha costado trepar en sus partidos, pisando a algún que otro compañero en muchos casos, puede comprenderse que se resistan a soltar la pieza cobrada. Fuera del calor del parlamento, o del ayuntamiento, o de esa cámara provincial o insular, tendrían difícil abrirse el paso con la destreza entrenada para la lucha política. Porque la vida real, la de la España invisible, transita por otros caminos que no son los suyos.

Lo verdaderamente trágico, a mí me parece observarlo, es que la política profesional, la de subsistencia e imposición de la ideología, desde hace tiempo intenta ahogar, cada vez con más fuerza, la necesaria independencia y libertad de las profesiones. Las ejercemos individuos con ideas propias, por supuesto, cada uno las nuestras, pero somos conscientes de que son servicios para el bien común y que la conservación de su autonomía contribuye a un mundo mejor. No deben pensarlo así muchos políticos, que ni superan ni combaten la tentación de coparlo todo.

Evidentemente, además de influir lo más posible en el periodismo, para ellos acaparar el mundo del derecho es tentador. Todo un poder del Estado, el judicial, en el que tomar posiciones se les antoja vital. Así, cuando se habla de un magistrado casi siempre se le añade la coletilla de “conservador” o “progresista” según la asociación profesional a la que pertenezca, aunque solamente algo más de la mitad de los jueces están asociados. Por no hablar de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, a propuesta de tal o cual partido. Qué solos deben sentirse los jueces que suspiran por ejercer su profesión con verdadera independencia, ajenos al expansionismo de los inquilinos del poder ejecutivo y del poder legislativo.

Por otro lado, esta semana pasada salían a la luz jugosos párrafos de la enésima reforma educativa, alusivos al currículo de algunas materias y a pautas a seguir por los educadores profesionales, que no son los únicos ni los principales, claro, aunque la cesada ministra que da nombre a la nueva ley nos hurtara a los padres nuestra primacía indiscutible: “No podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres”, declaró. Pertenencia como propiedad no, amor y responsabilidad sí y siempre. Separados los padres de su rol fundamental, como parece ambicionar el actual gobierno, qué atractivo para ellos utilizar el ariete de un profesorado ahogado en burocracias, en sucesivos cambios legales que someten el imprescindible debate pedagógico a una agenda ideológica evidente, que solamente un ingenuo podría ignorar. Deseo que a los maestros vocacionales, a esos docentes que acompañan con todo su talento a cada alumno, les dejen hacer su trabajo con libertad, con la autoridad de la que se les ha desposeído y sin la lupa perenne de las ambiciones políticas.

También nosotros, los médicos, padecemos esta tragedia, que si lo es para la profesión no lo será menos para la sociedad a la que servimos en las consultas de las que algunos desertaron. Nunca fuimos los sanitarios considerados intelectuales, que la intelectualidad en España se reserva a las letras y las artes, incluidos tertulianos, ejemplares de la fauna televisiva, tuiteros e influencers varios siempre que hayan firmado algún manifiesto. La ridícula inversión pública en ciencia acredita esta nefasta tradición. Entonces, ¿qué valor va a conservar nuestra formación especializada con un examen nacional de acceso, con lo “neocentralista” que suena eso?; ¿qué más dará que no haya suficientes plazas universitarias para formar médicos o que los nuevos especialistas emigren a otros países?; ¿qué importará haber enviado a los sanitarios a luchar contra un virus protegidos con bolsas de basura?; ¿qué va a impedir que progresistas, liberales y separatistas voten y ovacionen una ley que impugna la deontología profesional de los médicos?