Ante-Proyecto de Desamortización de nuestro mejor Patrimonio

     Ese parece ser uno de los regalitos que el ministro de Cultura saliente, D. José Manuel Rodríguez Uribes, le ha dejado a su sucesor D. Miquel Iceta. Se trata de un proyecto de recentralización del Patrimonio Artístico, Cultural e incluso Inmaterial, que tiene en cuenta especialmente los Bienes Culturales de las Ciudades “Patrimonio de la Humanidad”. Se inventa, incluso, una nueva categoría de Bienes, los Bienes Culturales de Interés Mundial. La sustancia del asunto es que esos bienes principales de interés mundial, sin perder del todo la titularidad de la propiedad y la posesión, pasarían a ser gestionados por un Patronato en el que el Ministerio de Cultura tendría, por ley, la mayoría de los votos.

     Esos bienes pueden ser propiedad de particulares, de Ayuntamientos, de Comunidades autónomas o de las Iglesias, especialmente la Católica, como es obvio en España. De modo que, si ese anteproyecto de Ley llega a buen puerto, los propietarios perderían toda capacidad de gestión de los mismos, quedando ésta centralizada por el Ministerio de Cultura, que tendría, recordémoslo, mayoría en cada uno de esos Patronatos o en las Comisiones Gestoras que se crearan mientras no fuera posible constituirlos.

     D. José Manuel Rodríguez Uribes pertenece a la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE. Es filósofo del Derecho, lo que indica que se le puede atribuir potencia ideológica suficiente para poner en práctica una nueva Desamortización del amplísimo Patrimonio Histórico que atesora España. La palabra Desamortización suele ir unida a la palabra Iglesia, pero después de leer el “Anteproyecto de Ley por la que se modifican la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, y la ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial” si yo fuera alcalde o presidente de Comunidad Autónoma, obispo, superior de una Congregación religiosa o simple párroco, o un afortunado propietario de un Bien Cultural importante, o de una casita pequeña, pero histórica, me iría echando a temblar ante este cambio radical en la gestión de los bienes culturales.

     Da la sensación de que se pretende copiar el modelo francés, en el que el Estado es el propietario de todo, aunque parece que cada vez es más proclive a firmar Convenios y Acuerdos con la Iglesia y con otras instituciones para compartir la responsabilidad del mantenimiento de esos Bienes, acercándose así a nuestro modelo, en el que el Estado (Gobierno de la Nación, Gobiernos Autonómicos y Ayuntamientos) y los legítimos propietarios de los Bienes, incluida la Iglesia Católica se reparten y comparten las responsabilidades e incluso la financiación de ese mantenimiento para que pueda ser legítimamente usado por sus propietarios a la par que disfrutado por los contribuyentes,  por todos los ciudadanos y por los que nos visitan.

     Pero, de repente, este modelo nuestro de gestión del patrimonio Histórico, un modelo cogestionado, dialogado y compartido, se va a estatalizar y, de alguna manera, -legal por supuesto, si el Anteproyecto se aprueba- va a ser monopolizado por el Ministerio de Cultura. No parece un proyecto bueno para la salud de nuestro Patrimonio, no parece un proyecto muy justo porque no tiene en cuenta la subsidiariedad que debe imperar en todo sistema democrático que se precie. El principio de subsidiariedad podría enunciarse diciendo que lo que puede hacer el pequeño no tiene por qué hacerlo el grande (el Estado), y el Estado tiene la importantísima misión de coordinar, vigilar el cumplimiento de las leyes y apoyar al pequeño para que pueda seguir manteniendo en buen estado y uso el Bien cultural del que es propietario para que pueda disfrutarlo él y sus conciudadanos e incluso los turistas. Un ejemplo: si en un patio de una casa histórica particular del centro histórico de Córdoba es necesario renovar un cuarto de baño, dado que las obras en los edificios históricos suelen ser más caras, el Estado, además de supervisar y aconsejar, podría plantearse la financiación de una parte de la factura, porque en España, gracias a Dios y a nuestra historia y al cuidado de los sucesivos propietarios, muchos Bienes están en manos de familias normales…y de parroquias pobres.

     En España, en el cuidado y mantenimiento del Patrimonio Histórico, hemos cometido muchos errores y hemos sido negligentes e incluso malvados: descuido de iglesias y monasterios, ventas desvergonzadas, Desamortización de bienes culturales en el siglo XIX, quema de iglesias y conventos y destrucción y saqueo de obras de arte –recordemos nuestra Guerra Incivil y sus preliminares-. Por favor, que el Ministerio de Cultura no repita ninguno de estos males so pretexto de modernización y actualización de las Leyes que cuidan del Patrimonio. Ya lo decía mi tío Gregorio a propósito de otros asuntos: “cuando las cosas están cerca de bien, no hay que tocarlas”. Sentido común frente a iluminados, que iluminados nos han sobrado a lo largo y ancho de nuestra Historia patria –o matria- como ya dijo D. Miguel de Unamuno y repite ahora la ministra, haciéndose la moderna.

     A más a más –esto es un guiño lingüístico catalán destinado al ministro Iceta- este Ante-Proyecto tiene toda la pinta de ser inconstitucional. Pero yo espero de la capacidad de diálogo del nuevo ministro de Cultura que las diferencias de opinión respecto a este Anteproyecto no lleguen al Tribunal Constitucional porque éste tiene un ritmo, necesario, pero lento, como se ha comprobado recientemente: el Estado de Alarma no fue constitucional, pero lo “disfrutamos” durante muchos meses. Hechos consumados frente a Ley. Si el Anteproyecto se traduce en Ley y esta se recurre ante el Constitucional, dada la dificultad y la complejidad del asunto, tendremos un resultado, positivo o negativo, dependiendo del punto de vista, dentro de, digamos, diez años. Y, mientras tanto, el mal ya estará hecho –es mi opinión, claro- y no tendrá remedio.