Luis Calvo Rengel y el secuestro de Aldeadávila

Hace un par de semanas, la ciudad de Salamanca se despertaba con la noticia del fallecimiento a los noventa años de quien fuera vicepresidente segundo de la Diputación entre 1983 y 1987, Luis Calvo Rengel, que procedía de nuestra comarca, al ser su padre de La Peña y su madre de Vilvestre, habiendo nacido él en Salamanca en 1931. De estos progenitores, cabe decir que su padre resultó crucial para su posterior ingreso en política, pues en plena Guerra Civil fue encarcelado y posteriormente fusilado en octubre de 1937 por sus ideas izquierdistas.

No obstante, en lo que concierne directamente a la figura de Luis Calvo Rengel, ha de señalarse que si por algo fue conocido este político salmantino fue por haber sido secuestrado durante treinta horas en Aldeadávila en abril de 1987, en el contexto de las protestas contra la ‘Instalación Piloto Experimental Subterránea’ (IPES) que pretendía desarrollarse en Las Arribes, precisamente en el municipio de Aldeadávila de la Ribera, que hizo temer la instalación de un cementerio nuclear en el desarrollo de dicho proyecto.

Este proyecto, conocido por el acrónimo ‘IPES’, pretendía analizar el comportamiento del granito ante el uranio, y con ello, determinar si era un material recomendable para instalar en subterráneo residuos radiactivos, hecho que desataba los temores de que, en su última fase, implicase la instalación en Aldeadávila de un cementerio de residuos nucleares. En este caso, el laboratorio experimental del proyecto IPES aprovecharía las galerías de la central hidroeléctrica de Aldeadávila para instalarse en ellas de cara a desarrollar las pruebas necesarias.

Sin embargo, los primeros pasos de dicho proyecto se iniciaron con un total secretismo por parte del Estado, lo que desató los peores temores cuando salió a la luz dicho proyecto gracias a la prensa de Portugal, llegando a los medios salmantinos el 19 de febrero de 1987. La noticia implicó la movilización inmediata de los ayuntamientos de la zona, con 140 municipios de Salamanca y Zamora, así como 55 cámaras municipales de Portugal rechazando el proyecto, contando además posteriormente con el rechazo de la Universidad de Salamanca en junio, así como del Gobierno de Portugal, hecho este último que pudo haber sido decisivo para que la Comunidad Económica Europea, que iba a financiar parte del proyecto (aportaría 700 de los 2.000 millones de pesetas que costaría), se decidiese a dar marcha atrás en dicha financiación.

Por su parte, la Junta de Castilla y León, entonces en manos socialistas, intentó quitar hierro al asunto, declarando a finales de marzo de 1987 que el proyecto IPES “no será peligroso” para la comunidad autónoma. Sin embargo, ni la postura de la Junta, ni la del Gobierno de España, favorables al IPES, consiguieron aplacar la oposición a dicho proyecto en Las Arribes y Salamanca, como tampoco en Portugal.

Por otro lado, la cercanía temporal de los sucesos de la central nuclear de Chernóbil, acaecidos el 26 de abril de 1986, sumados al secretismo del Gobierno sobre el proyecto IPES, desataron el temor a que se instalase un cementerio nuclear en Las Arribes, provocando una ola de oposición a dicho proyecto, que culminó en los sucesos de Aldeadávila del 2 de abril de 1987, con el secuestro del vicepresidente segundo de la Diputación de Salamanca, Luis Calvo Rengel, que se había acercado a Aldeadávila a explicar su oposición a dicho proyecto y entregar personalmente las actas de la última votación en el pleno de la Diputación, en el que se rechazaba por unanimidad el proyecto IPES.

No obstante, a Calvo Rengel no le dio tiempo a dar demasiadas explicaciones y, poco después de pisar las dependencias del ayuntamiento de la capital arribeña, fue conducido a una sala del consistorio, en la que fue encerrado, entre otros, junto al alcalde de la localidad, Julián Mata, a las 19:00 horas del 2 de abril. Dicho secuestro se alargó hasta las 1:30 horas del 4 de abril, cuando un Grupo Especial de Operaciones (GEOS) de la Policía Nacional intervino en Aldeadávila para liberar a Calvo Rengel y a sus compañeros de secuestro.

Posteriormente, el propio Luis Calvo relató su secuestro en una entrevista a un medio provincial, explicando que “entré en el salón a explicar que la Diputación estaba en contra y al salir del Ayuntamiento se me vino el mundo encima cuando vi que me agarraron por el cuello y me metieron para adentro. La noche fue tensa, cientos de personas llenaban la plaza y me llamaban rojo, hasta el día siguiente no me dejaron salir al balcón del Consistorio a explicarme”.

Paralelamente, el 4 de abril de 1987 una manifestación de más de 8.000 personas tuvo lugar en la ciudad de Salamanca para protestar contra el proyecto IPES y la posible implantación de un cementerio nuclear en Las Arribes, contando con representantes de todos los partidos políticos salvo el PSOE, mientras que en el noroeste de la provincia grupos de vecinos cortaron con barricadas el acceso por carretera a Aldeadávila tanto por Masueco como por La Zarza de Pumareda.

En todo caso, dicho 4 de abril el vicepresidente segundo de la Diputación pudo ser liberado, no teniendo consecuencias penales su secuestro contra quienes lo retuvieron, ya que Calvo Rengel no identificó, o no quiso identificar, a sus secuestradores, cerrándose con ello para la historia de nuestra comarca la página de los sucesos de Aldeadávila de 1987.

Por su parte, la carrera política de Luis Calvo Rengel no finalizó en dicho año, estando en activo hasta 1999 en cargos institucionales de la provincia. En este aspecto, fue concejal del PSOE en Salamanca entre 1979 y 1995, en San Pedro de Rozados entre 1995 y 1999, así como diputado provincial entre 1979 y 1999, donde ejerció la labor de vicepresidente segundo entre 1983 y 1987, centrando su actividad en dicho cargo en la mejora del alumbrado, saneamiento de aguas, servicio contra los incendios y comunicaciones en la provincia.

En cuanto al proyecto IPES y los temores a la posible instalación de un cementerio nuclear en Las Arribes, ambas cuestiones quedaron zanjadas definitivamente el 16 de octubre de 1987, cuando el Gobierno de España renunció formalmente a este proyecto, justificando dicha decisión en la falta de fuentes de financiación, si bien la oposición social al IPES, unida a la de Portugal, resultaron cruciales para que dicho proyecto pasase a mejor vida.