Desastre en Grecia

Lucía Corvo Belda

Defensora de los derechos humanos

Desde 1951, a través de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, quedó adoptada la obligación internacional de garantizar asilo a aquellas personas que huían de la persecución, el conflicto, la violencia generalizada, y otras circunstancias que perturbasen gravemente el orden público y que, en consecuencia, requiriesen de protección internacional. También el Parlamento Europeo garantiza el derecho de estas personas a solicitar protección internacional siempre y cuando cumplan con los criterios previstos por la Convención.

Además, el derecho de asilo está garantizado por el artículo 18 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, siendo el artículo 19 el que explícitamente prohíbe las expulsiones colectivas y protege a los individuos de ser devueltos, expulsados o extraditados a un Estado en el que corran un grave riesgo de pena de muerte, tortura u otras penas o tratos inhumanos o degradantes.

Sin embargo, los hechos recientemente acontecidos en las costas griegas, denunciados por diversas ONG a través de entrevistas a víctimas de las llamadas «devoluciones en caliente» que han ido aumentando desde el mes de marzo, y gracias a documentos a los que ha tenido acceso The Guardia,n dejan cada vez más claro que Grecia está tomando medidas en contra de sus obligaciones internacionales, del Convenio de 1951 y su posterior Protocolo de 1967 y, por consiguiente, en contra de los derechos humanos más básicos de las personas que buscan protección y asilo.

Varios expertos aseguran que estas devoluciones en caliente son una decisión proveniente del gobierno griego liderado por el partido Nueva Democracia desde el 2019. A pesar de ello, Grecia se niega a admitir su responsabilidad y ha descrito estas acusaciones como «noticias falsas» de fuentes poco fiables, aun habiendo llegado a suspender temporalmente el derecho a asilo en el mes de marzo de este mismo año, y habiendo reconocido como objetivo nacional el reducir las llegadas de refugiados basándose en el «derecho del país a proteger sus fronteras marítimas y terrestres».

Aun no siendo esta práctica algo nuevo, cada vez más vídeos confirman cómo hombres encapuchados en embarcaciones de la Guardia Costera griega tratan de manera inhumana a los refugiados que esperan a ser rescatados, para luego devolverles a aguas turcas. A través de varias organizaciones internacionales como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), o Human Rights Watch, se ha pedido al Parlamento que examine si estos actos ilegales «son de facto política gubernamental», ya que, mientras las cifras indican una caída precipitada en la llegada de solicitantes de asilo, las devoluciones en caliente han aumentado claramente.

Esta práctica generalizada y sistemática de negar la entrada a los solicitantes de asilo requiere una firme condena internacional para quienes hayan estado o estén participando en tales actos ilegales y, simplemente, inhumanos. También hay que recordar que, tanto en tierra como en alta mar, los estados no están eximidos de sus obligaciones legales, incluidas las derivadas del derecho internacional relativo a los derechos humanos o del derecho internacional relativo a los refugiados.