Retroceso de los Derechos Humanos en tiempos de pandemia

Algunos gobiernos, han aprovechado la situación crítica como pretexto para instaurar medidas de carácter autoritario y represivo, al margen de la defensa de la salud pública. Amnistía Internacional denuncia violaciones de los derechos humanos por los gobiernos de al menos 60 Estados, que han afectado especialmente a los grupos más vulnerables.

 

Giulia Balzano

Defensora de los Derechos Humanos

En los últimos setenta años el compromiso de respetar los Derechos Humanos era una tendencia mundial. Sin embargo, este año hay poco que celebrar: 2020 ha sido un año desastroso debido a la pandemia de Covid-19, que ha provocado una erosión acelerada del tejido social, parando este proceso y, en no pocos casos, facilitando retrocesos en el camino de la libertad y la igualdad de todas las personas.

Cuando la Organización Mundial de la Salud declaró la Covid-19 como pandemia global, los gobiernos se vieron forzados a tomar medidas excepcionales para frenarla y evitar el colapso sanitario, declarando estados de alarma e imponiendo razonablemente restricciones a la vida cotidiana y a algunos derechos fundamentales, como el de la libre circulación y reunión. Algunos gobiernos, sin embargo, han aprovechado la situación crítica como pretexto para instaurar otras medidas de carácter autoritario y represivo, de modo que Amnistía Internacional denuncia violaciones de los derechos humanos por los gobiernos de al menos 60 estados, y que han afectado especialmente a los grupos más vulnerables.

Algunos países, durante los primeros meses de pandemia, adoptaron largos estados de emergencia que no preveían revisiones parlamentarias periódicas, como el caso de Hungría, donde el primer ministro Orbán tenía plenos poderes para restringir derechos fundamentales; en Camboya, el gobierno aprovechó la situación de emergencia para aprobar una nueva ley reguladora de estados de alarma, atribuyéndose más poder a sí mismo, incluidas las restricciones y las prohibiciones en la difusión de información. Desde el inicio de esta pandemia, los periodistas han estado en el punto de mira: las autoridades chinas llegaron a censurar la información de los medios y sancionar a quienes lo denunciaban. En Turquía, uno de los países que más penaliza a periodistas, los profesionales han sufrido detenciones por tuitear sobre el coronavirus; en Turkmenistán se llegó a prohibir usar el nombre de la enfermedad, y también los países del Golfo Pérsico están usando la pandemia como pretexto para seguir aplicando restricciones al derecho a la libertad de expresión.

La privacidad de las personas también se ha visto afectada por el aumento, por parte de algunos Gobiernos, del uso de las tecnologías durante el inicio de la pandemia para rastrear a las personas portadoras del virus y controlar sus movimientos. Bahréin, Kuwait y Noruega han sido el ejemplo de países que las han usado, rastreando los movimientos de los usuarios en tiempo real, lo que proporciona una información que puede ser altamente peligrosa en manos equivocadas.

Durante la pandemia, en muchos países tampoco se consiente posicionarse públicamente contra el gobierno por sus abusos y violaciones de derechos humanos. En el caso de Egipto, India, Irán y Turquía, la pandemia ha empeorado la situación de las personas que están injustamente encarceladas. En Marruecos, las autoridades penalizan a activistas de derechos humanosperiodistas y personas que denuncian la gestión del Gobierno sobre la crisis sanitaria. En China se sigue deteniendo y encarcelando a activistas acusados de «subvertir el poder del estado».

A nivel global, la policía arresta a ciudadanos por no cumplir las medidas para afrontar la pandemia, por violar las cuarentenas, participar en reuniones o protestar contra las autoridades; en algunos casos se ha abusado de encarcelamientos y del uso de fuerza, y se han impuesto cuarentenas en condiciones inhumanas, como el caso de Kazajistán, donde las autoridades han llegado a soldar puertas para prevenir que los residentes salieran de sus hogares.

En algunos países, como en Perú, se empezaron a aprobar legislaciones que delegaban en la policía la potestad de usar la fuerza letal, aumentando el riesgo de abuso e impunidad policial. Se han denunciado muchos casos de arbitrariedad, y en República Dominicana, entre marzo y junio, alrededor de 85.000 personas fueron encarceladas por haber violado el toque de queda; en Puerto Rico y México se ha detenido a personas que iban a comprar alimentos y otros artículos básicos. En Sudáfrica, la policía disparó balas de goma contra los civiles en el primer día de confinamiento y en Angola, entre mayo y junio, al menos siete jóvenes fueron asesinados. En Argentina, el joven Facundo Astudillo Castro desapareció el 30 abril, después de ser encarcelado por la policía bonaerense al haber infringido la cuarentena; sus restos fueron encontrados, pero pese a que la autopsia determinó que el joven había fallecido de asfixia por inmersión, nunca se clarificó la realidad de los hechos.

Durante el confinamiento la vigilancia policial ha afectado especialmente a las minorías étnicas y de marginados, que han sufrido violencia, controles discriminatorios y multas en mayor medida, también en países europeos, como Gran Bretaña y Francia, mientras que en Bulgaria y Eslovaquia se declararon cuarentenas obligatorias en los asentamientos romaníes. Miles de personas sin techo se han convertidos en infractores de las medidas; contra toda racionalidad, en Italia, Francia, España y Reino Unido centenares de personas sin vivienda han sido multadas por no poder cumplir las restricciones a la circulación y de auto confinamiento. Y la situación de miles de personas solicitantes de asilo, refugiadas y migrantes que viven en campos y alojamientos compartidos son sencillamente inasumibles, como ocurre en Canarias y en las islas griegas.

La Covid-19 también ha servido para profundizar la discriminación, la violencia y otras violaciones de derechos humanos hacia las personas LGTBIQ. En Uganda, la policía ha encarcelado a 23 jóvenes de un refugio LGTBIQ declarando que eran culpables de «actos negligentes» favorables a la difusión del contagio. En Filipinas, tres personas LGTBIQ fueron forzadas a participar en actos humillantes, mientras que eran grabados, para su posterior publicación en redes sociales. El presidente Duterte de Filipinas, además, en abril había permitido a las fuerzas armadas disparar a matar contra cualquiera que cause «problemas» frente a las imposiciones sanitarias.

Ya antes de la crisis de la Covid-19, una de cada cinco mujeres sufría violencia doméstica en Europa. Los confinamientos y los aislamientos para contener la pandemia han expuesto a las mujeres y a sus hijos a un mayor riesgo de abusos, obligadas a quedarse aisladas con sus agresores sin poder salir a encontrar un lugar más seguro. Los servicios esenciales de salud sexual y reproductiva, así como los delitos sexuales se han visto invisibilizados y permanecen sin castigo. Algunos gobiernos, como los de Polonia, Rumania o Eslovaquia, han aprovechado la situación de emergencia para restringir ulteriormente los derechos sexuales de las mujeres, así como los estados de Alabama, Ohio, Oklahoma y Texas en EEUU, que han intentado limitar el derecho al acceso a una interrupción del embarazo. 

En fin, la pandemia ha revelado las consecuencias de la crónica falta de inversión en la salud publica: en algunos países, debido a la infraestructura deficiente y al equipo médico inadecuado, los sistemas de salud estaban ya desbordados incluso antes de la pandemia. Los trabajadores en primera línea, que nos han atendido, han sido de los grupos más afectados durante la crisis. En el mundo, con datos de septiembre, ya habían fallecido al menos 7.000 profesionales de la salud tras contraer la Covid-19. En España, la degradación del servicio de Atención Primaria ha llegado a lugares como Madrid a unos niveles tan preocupantes que provocan un riesgo en el derecho al acceso a la salud en la Comunidad. La inmensa mayoría de personas mayores que vivían en residencias de Madrid y Cataluña, así como en Italia, en las regiones de Lombardía, Véneto y Emilia Romana, no fueron atendidas adecuadamente, ni derivadas a hospitales cuando lo precisaban, sino que se vieron aisladas en sus habitaciones, a veces durante semanas, sin contacto con sus familiares e, incluso, algunas ni siquiera pudieron morir dignamente durante los primeros meses de la pandemia.

De modo que, en efecto, 2020 ha sido un año desastroso para los derechos humanos, a lo que hay que añadir los desastres que la pandemia ha provocado y sigue provocando en nuestras sociedades.