A mí que me registren

Para que no quede ninguna duda, y para hacerse notar, siempre habrá alguien encargado de llevar la contraria a la lógica. No importa que su actitud deje mucho que desear, ni que pueda parecer que es fruto de la falta de reflexión o del espíritu más festivo de la juventud. Puede que, en algún caso, cupiera esa generosa justificación. Sin embargo, estando comprobado que una mayoría de esas convocatorias tienen su origen en iniciativas estudiantiles –a quienes se le supone un mínimo de sentido común-, además de algunos infiltrados siempre dispuestos a causar daños, el resultado final siempre puede originar graves consecuencias a la sociedad. Me estoy refiriendo al bochornoso espectáculo que pudo contemplarse en muchas ciudades españolas en la noche que finalizaba el estado de alarma

          Ya sé que ha sido larga la espera para poder organizar esas fiestas. Un estado de alarma tan prolongado ha condicionado la vida de todo el mundo, y no sólo el de los jóvenes. Cuando se conocieron las primeras características del virus, se dictaron los protocolos necesarios para frenar su expansión. En mayor o menor grado, todos hemos debido prescindir de buena parte de nuestros hábitos. Hay que reconocer que los mayores sacrificios han recaído sobre las personas que, además de ver disminuidas sus ocasiones de esparcimiento, tuvieron que desarrollar el trabajo diario sin la imprescindible protección, dentro de los ambientes en los que había más personas contagiadas: hospitales, residencias de ancianos, centros de salud, etc. No pocos perdieron la vida para salvar la de los demás. Al resto, dentro de nuestro ámbito particular, sólo se nos pedía cumplir con esos protocolos.

          Quiero pensar que los protagonistas de los incumplimientos no se han parado a pensar que sus conductas han acarreado la muerte de muchos inocentes. Si alguno fuera consciente de esa circunstancia y persistiera en su comportamiento, aunque no soy versado en derecho, creo que estaríamos hablando de algo muy parecido a la definición de delito. La respuesta de algunos jóvenes ante la intervención de las distintas policías da pie para pensar que nada les importan las posibles consecuencias. Ante ese proceder, se debe imponer el estricto cumplimiento de la ley.

          En este estado de cosas, hemos llegado a una situación que vuelve a poner de manifiesto el viejo proverbio de que España es diferente. Cuando el Consejo de Ministros aprobó el último estado de alarma, se procuró dejar aprobadas, “de una tacada”, seis prórrogas sucesivas que finalizaron el pasado día 9. La justificación que se apuntó hablaba de facilitar a las Autonomías una herramienta legal en la que encajaran legalmente las medidas restrictivas necesarias para contener la propagación del virus. Finalizado el estado de alarma, y persistiendo unas circunstancias no mejores que las que originaron su declaración, no se comprende la contumaz actitud del gobierno. A pesar de haber sido requerido para modificar la Ley de Salud Pública y la de Seguridad Nacional, que podrían compensar esas carencias, Sánchez siempre se ha negado.

 Para poder valorar el grado de cinismo y desahogo obsérvese que se justifica la negativa alegando que las Autonomías disponen de la legislación suficiente para aplicar esas medidas. Si las circunstancias sanitarias no han cambiado desde el pasado mes de octubre ¿Por qué era imprescindible el estado de alarma entonces, y no lo es ahora? ¿Acaso no tiene razón la oposición cuando piensa que sólo buscaba una fórmula que le permitiera recuperar el mando único y legislar sin tener que someterse al control de las Cortes?

          Hasta el Tribunal Constitucional ha tenido que sacar los colores a Sánchez anulando la “maniobra” camuflada en una disposición final del RD en el que se proclamó el primer estado de alarma. Como si se tratara de un nuevo comando encargado de cerrar el paso al Covid-19, se nombró a Pablo Iglesias integrante de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia. Vamos a explicarlo mejor: Iglesias tenía mucho interés en meter las narices en el CNI y había que atenderle. De paso, para tener un informante más leal, se añadió en el lote a Iván Redondo. Con la misma fórmula, hemos padecido una plaga de Reales Decretos -se habla de más de 50. Algo que por definición requiere extraordinaria y urgente necesidad, como lo es la lucha contra la pandemia, ha sido claramente empleado para sacar adelante textos legislativos que, fuera de un estado de alarma, habrían visto peligrar su aprobación.

          Como todavía estamos en una democracia, cualquier núcleo de población cuenta con más jóvenes que policías. Por mucho que se intensifiquen los controles –diurnos y nocturnos- NUNCA se podrán impedir esas aglomeraciones que constituyen un verdadero polvorín de contagios. Lo vimos en la noche del día 9 y hemos vuelto a verlo este fin de semana. Es materialmente imposible abarcar todos los rincones de una ciudad durante las 24 horas del día y, hoy por hoy, a pesar de lo que diga el Presidente del Gobierno –que sólo miente cuando habla-, las Autonomías carecen de una herramienta legal para limitar las libertades de los ciudadanos. Todo el personal sanitario –verdaderos conocedores del peligro que se cierne sobre la población-, está repitiendo hasta la saciedad la necesidad de acabar con esas concentraciones de población que hace caso omiso de toda medida de prevención.

          Acabamos de comprobar la reacción de los votantes hacia los partidos que demuestran insensibilidad con los verdaderos problemas que están padeciendo. La indolencia de este presidente es tal que parece haber dicho: “A mí que me registren, las reclamaciones a los jueces”. Pues los jueces no se ponen de acuerdo. Dicen que ellos están para juzgar y Vd. Para gobernar. Si su obstinación ocasiona una nueva oleada de contagios, con la fatídica consecuencia de un aumento en los fallecimientos, no podrá sorprenderse si recibe el mismo premio que ha cosechado en Madrid.