Mutilación genital femenina en España

Esta práctica es una grave violación de derechos humanos y supone una violencia extrema contra la mujer y sus derechos más básicos, con implicaciones sanitarias y psicosociales que se deberían evitar.

Lucía Corvo Belda

El pasado viernes 13 de noviembre la Delegación del Gobierno Contra la Violencia de Género presentó el estudio llamado La mutilación genital femenina en España, encargado a la Fundació Wassu UAB y supervisado y coordinado por la propia delegación, con el objetivo de conocer la situación de la mutilación genital femenina (MGF) en España en 2019, para poder ser más eficaces en la atención y la prevención.

El estudio ha incluido cuestionarios cerrados a 82 familias residentes en España, pero de origen de algún país donde la MGF subsiste en la práctica, a pesar de estar tipificada como delito en algunos de ellos. Los resultados de la estimación del número de niñas en riesgo de sufrir mutilación genital femenina en España son de 15.562 entre los 0 y 14 años procedentes de estos países donde se practica la ablación. Una vez aplicados los índices de prevalencia se estima que 3.652 niñas están en riesgo de sufrir MGF.

La cuestión de la mutilación genital de estas niñas en España acarrea muchas realidades culturales que traen con ellas las personas procedentes de, en este caso, diversos países del África Subsahariana, entre los que se incluyen Mali, Sudán, Guinea, Somalia... Esta práctica en concreto es habitual en un contexto cultural en que los ritos de paso a la edad adulta siguen sirviendo como elemento de socialización de las niñas. Por ello, la integración social de estas familias procedentes de lugares donde la realización de la MGF está fuertemente arraigada en su identidad supone una difícil tarea, ya que es una práctica tradicional que resulta perjudicial para las mujeres y niñas. Además, esta práctica es una cuestión de derechos humanos y de violencia contra la mujer y sus derechos más básicos, que tiene implicaciones sanitarias y psicosociales que no se deberían permitir.

El criterio principal usado para medir el riesgo a sufrir MGF está estrechamente ligado a la prevalencia en el país de origen, ya que la mayoría de las victimas experimentan este tipo de violencia a su regreso a estos territorios. La mayoría de las encuestadas fueron mujeres (un 97%) y el 79% afirmó que sus hijas habían nacido en España, pero el 65% habían regresado al país de origen de sus padres en alguna ocasión. En su regreso a los países de origen se había tratado el tema de la MGF en al menos 70% de las familias, y en un 30% de los casos, algún miembro familiar quería realizar la ablación a la menor.

El problema que se encuentran estas familias en España es que gran parte de ellas, más del 70%, saben que es un delito en el país. Además, parte de las víctimas deciden no acudir al centro sanitario porque sienten vergüenza. La antropóloga Adriana Kaplan, coautora del estudio y directora de la Fundació Wassu-UAB, ha recalcado que la invisibilización, maltrato y estigmatización de esta práctica supone una revictimización de las mujeres que no ayuda a afrontar el tema de manera correcta. Kaplan también ha enfatizado la necesitad de formación respecto al tema entre los profesionales para así eliminar las barreras existentes y mejorar la atención que necesitan estas niñas.

Otra parte del estudio se dirigió a profesionales en el tema y del derecho, que está dividido en dos tipos de discurso. El primero sostiene que la ley debería aplicarse con contundencia en estos casos, mientras que el otro aboga por «buscar atenuantes que protejan a las familias». Por su parte, las ONG que han participado en el estudio recalcan la falta de políticas preventivas y de cooperación «para realizar seguimiento circular» de los casos en los que las víctimas viajan a su país de origen. Además, han mencionado la problemática de esas familias que no regresan a España para evitar la persecución judicial de los padres.

Finalmente, la Ley de Libertad Sexual española plantea la MGF como una forma de violencia sexual. Esto supone una petición de establecimiento de protocolos de actuación para la detección y atención de los casos en los que se produzca esta violencia contra las mujeres.