La Junta se muestra "favorable" a un pasaporte covid europeo de movilidad a la espera de ver cómo...

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León y portavoz, Francisco Igea, se ha manifestado a favor de un certificado covid europeo que permita la movilidad entre los diferentes países aunque ha precisado que habrá que esperar a ver como se conecta el sistema español a ese pasaporte para que no haya "un pasaporte autonómico, uno nacional y uno europeo".

Así lo ha aseverado Igea en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno en referencia a la pretensión del Parlamento europeo de impulsar un certificado europeo para facilitar los viajes de los turistas este verano y a la petición de que los test para detectar el coronavirus vinculados a este certificado sean gratuitos.

Al respecto, Francisco Igea ha explicado que en la aplicación de Sacyl (Sanidad de Castilla y León) consta ya el grado de inmunización y de vacunación de cada castellanoleonés, además de que considera que no cree que se solicite test serológico "a 200 o 300 millones de habitantes" de la Unión Europea si ya se han vacunado.

No obstante, ha abogado por ver cómo se conecta cada comunidad con ese pasaporte "para que no haya un pasaporte autonómico, otro nacional y otro europeo" y aunque desconoce como quedará el planteamiento final no cree que se vaya a hacer análisis serológicos a los 200 o 300 millones de ciudadanos europeos "si están ya vacunados".

"Nuestra postura es la misma, pongamos las cosas fáciles a los ciudadanos, no hagamos cada uno una cosa y esperemos a ver cómo el Gobierno engancha el sistema español con el pasaporte europeo para que haya una única manera de hacer las cosas", ha aseverado el vicepresidente y portavoz de la Junta, quien ha precisado que "lo normal" es que esto se incluya dentro de las prestaciones del sistema

Y es que los eurodiputados han mostrado mayoritariamente su apoyo a un certificado que ayude a recuperar el derecho fundamental de la libre circulación, pero han pedido garantías para la protección de datos y de que no lo utilizarán los gobiernos para imponer medidas nacionales adicionales.

Tanto el Ejecutivo comunitario como los Veintisiete recogen en sus posiciones de negociación que los test deben ser "accesibles" para todos los europeos, pero evitan ir tan lejos como reclaman la Eurocámara para asegurar su gratuidad.