Los fondos de ayuda al desarrollo: una obligación ética y política cargada de razones humanitarias

Según estimaciones del Banco Mundial de abril de 2020, entre 40 y 60 millones de personas quedarán sumidas en situación de pobreza extrema, lo que provocará nuevos éxodos de poblaciones y consecuencias similares a las vividas en la crisis de refugiados de los años 2015 y 2016.

Carlos J. Álvarez Gonzalvo

Defensor de los Derechos Humanos

El guarismo del 0,7% tiene resonancias psicomágicas, con permiso de Alejandro Jodorowsky, en el ámbito de la cooperación internacional al desarrollo. El “acto psicomágico” sería el reflejo de ese guarismo en los presupuestos anuales de los países más desarrollados con destino a aquellos países menos desarrollados, un acto curativo de la mala conciencia de las sociedades más avanzadas que, sin embargo, prácticamente nadie ha seguido.

La génesis del 0,7% la encontramos en el seno de la ONU, con ocasión de una Conferencia sobre el comercio y el desarrollo celebrada en mayo de 1972 en que se adoptó la Resolución 61 por la que se proclamaba el objetivo de destinar el 0,7% del PNB de los países más industrializados a Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) para los países empobrecidos del Sur.

Esa declaración de intenciones se ha convertido en un mantra desde entonces, formando parte del ideario de gran parte de movimientos antiglobalización, de los que, centrándonos en el caso español, es representativa la asociación “La Plataforma 0,7%” constituida en 1994. Pero la respuesta de los sucesivos gobiernos ha sido la completa pasividad, también seguida en el contexto internacional, salvo honrosas excepciones. Así, en 2019 solo 5 países alcanzan o superan el 0,70% de su PIB: Dinamarca, Luxemburgo, Noruega, Suecia y el Reino Unido. España, con el 0,21%, ocupa una de las últimas posiciones.

La crisis de refugiados en Europa supuso que los países donantes de AOD acogieran a desplazados, cargando los costes a estos fondos, que quedaron así muy mermados y desnaturalizados, pues la acogida de refugiados no puede considerarse ayuda al desarrollo; como indica OXFAM, estos fondos para acogida de refugiados no promueven el desarrollo de sus países de procedencia.

En el caso de España, resulta que en realidad sólo una pequeña parte de los fondos AOD, alrededor de un 33,75%, se destina a una verdadera ayuda al desarrollo.

Las carencias de la AOD presentan, por tanto, tres dimensiones: 1.- Insuficiencia cuantitativa, muy lejana a la previsión utópica del 0,70% que la ONU proclamara hace cinco décadas: 2.- Heterogeneidad de los componentes de la AOD, dejándose al arbitrio de cada país donante la determinación de las partidas que integran la AOD; 3.- Vacío jurídico nacional e internacional que dé uniformidad a los criterios de conceptualización de la AOD.

El verdadero alcance de las funestas consecuencias de la Covid-19 está por conocerse. Según estimaciones del Banco Mundial de abril de 2020, entre 40 y 60 millones de personas quedarán sumidas en situación de pobreza extrema, de lo que es inferible fácilmente la sucesión progresiva de éxodos, a semejanza de la crisis de refugiados vivida en Europa en los años 2015 y 2016. En este contexto, es una necesidad humanitaria que la comunidad internacional, también España, corrija las deficiencias pergeñadas en este texto, termine por convertir en realidad el 0,7% y defina sin ambigüedades el concepto de AOD para ser homologado y aceptado por la totalidad de los países donantes, arrumbando los intereses locales.

Esperemos que el gobierno de España, con los anuncios recientes del objetivo del 0,50% como AOD para el año 2023, de reformar la vigente Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo de 1998 y el gesto de incrementar en los Presupuestos Generales del Estado para el 2021 un 20% la partida dedicada a la AOD respecto del año anterior, camine por la senda correcta y no sea un nuevo “acto psicomágico” frustrado.