¿Para cuándo una ley anti-transfuguismo?

Mata al rey y vete a Murcia

Este dicho circulaba durante la Restauración canovista, denotando el poder omnímodo que en esa provincia tenía la familia La Cierva, capaz de imponer su ley y sus intereses por encima de todo. Juan de la Cierva Peñafiel, quizá su miembro más conspicuo, fue alcalde, luego diputado por la provincia durante 27 años y, siendo ministro de Gobernación, organizó las elecciones más fraudulentas del siglo, según opinión de Gerald Brenan. Se trataba de permanecer en el poder a toda costa, empleando también el estado de excepción, la ley de fugas y las listas negras de obreros. La Cierva era, en fin, uno de los especímenes más notables de ese régimen de “oligarquía y caciquismo” que asoló España durante décadas. No es de extrañar, pues, que en el último gobierno de la monarquía alfonsina, en abril de 1931, fuera el único ministro partidario de cerrar el paso a la República sacando al Ejército y la Guardia Civil a la calle. Su hijo Juan, inventor del autogiro, estaba en el grupo de monárquicos que, desde Londres, ayudó al “Movimiento” de 1936.

Se ve que el “ciervismo” creó escuela en esa provincia. Los recientes sucesos ocurridos en Murcia vendrían a mostrar una pervivencia insana del peor juego sucio en política. Por partida triple el PP ha violado el llamado "Acuerdo de San Fermín", de 7 de julio de 1998, suscrito por todos los partidos del arco parlamentario –y ratificado por tres veces, ampliando su ámbito de aplicación a todas las instituciones electivas–; este acuerdo describe el transfuguismo como “una patología política” y compromete a no admitir a los tránsfugas bajo siglas distintas a aquellas con las que hubieran concurrido a la elección, así como a no a darles cargos o prebendas. El gobierno murciano lo ha hecho con los huídos de C’s. Lo ha hecho con los de Vox. Ha dado cargos a unos y otros. Y la dirección del PP lo ha jaleado y bendecido.

No cabe minimizar estos hechos, pues son un fenómeno más en ese proceso que viene degradando la política española en las últimas décadas, junto con la corrupción, la polarización inducida, el uso partidista de ciertas instituciones, la difusión de noticias falsas y el salvajismo parlamentario. Y sus efectos son deletéreos, pues provoca conflictos personales e inestabilidad política y fomenta la desafección y el hartazgo de la ciudadanía. Pero, según Casado, estos hechos abren una nueva etapa en la historia política de España: debe de ser la etapa del esperpento.

Llama la atención que, después de tantos años (y casos), las Cortes españolas no hayan dado fuerza de ley a medidas que impidan el transfuguismo, máxime cuando el acuerdo inicial de todos los partidos incluía esa voluntad. Para el ciudadano resulta incomprensible también que la doctrina del Tribunal Constitucional se decante a favor del tránsfuga, alegando que a un cargo electo solo le pueden destituir los mismos ciudadanos que le han votado. Ahora bien si, según la Constitución, los partidos son "instrumento fundamental para la participación política" y contribuyen a expresar la voluntad popular en su pluralismo (art. 6), no se entiende que se den por buenas prácticas que desvirtúan o  impiden esas funciones, sin las cuales una democracia carece de sentido. Pues, ¿para qué vota la ciudadanía: para colocar a alguien en un cargo o para que se lleve a cabo un programa político? Y las candidaturas, ¿son un mero agregado de individuos o forman, o deben formar, un equipo coordinado y coherente, sobre todo si obtienen representación? La voluntad, el capricho o el interés de un cargo ¿deben quedar por encima de la decisión colectiva de un partido, que, bien o mal, expresa la opinión de una parte de la ciudadanía?

Si es la constitución la que, según los altos tribunales, impide neutralizar el transfuguismo, entonces aquí tendríamos un motivo, otro más, para reformarla. Y, en todo caso, pacta sunt servanda.