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Martes, 2 de marzo de 2021

Conductas que generan violencia

Profesor de Derecho Penal de la Usal

Políticamente, en España llevamos varios años en los que la crispación se ha consolidado en la inmensa mayoría de los debates del Parlamento y de las asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas. Las causas son múltiples y de diferente naturaleza. Por un lado, la crisis económica y financiera mundial, que atacó con más fuerza a los países que basaron su crecimiento económico casi exclusivamente en el “pelotazo inmobiliario” mientras descuidaron notablemente  el apoyo a la economía productiva, a la protección social y a la investigación, el desarrollo y la innovación.

 

            La solución políticamente dada a la crisis por el gobierno conservador de M. Rajoy que se preocupó en mayor medida por el rescate de las entidades bancarias, fue perversa con los sectores económicamente más débiles y no pudo ser más benévola con las élites poderosas, generando más desigualdad e incrementándose, por consiguiente, el número de personas en riesgo de pobreza extrema. En 2011 y a pesar de que ya se conocían algunos indicios racionales sobre las conductas presuntamente delictivas de la Gürtel y Bárcenas, los sobresueldos que percibían algunos cargos públicos y la presunta financiación ilegal del PP, este partido ganó y con mayoría absoluta las elecciones generales. Meses después, el Tribunal Supremo inhabilitó al juez Baltasar Garzón precisamente porque era incómodo al poder político, al gobierno, al PP, ya que destapó los casos de corrupción más graves y que aún se continúan sustanciando judicialmente.

 

            En las elecciones generales (que tuvieron que repetirse para poder formar gobierno) de 2015 y 2016, una formación política (Ciudadanos) que creció a base de condenar públicamente las conductas corruptas de los partidos mayoritarios (PP y PSOE), acabó atrapado y seducido por las garras del poder, apoyando al PP, permitiendo que M. Rajoy siguiera gobernando, aunque año y medio más tarde, y debido a la publicación de la primera sentencia condenatoria por corrupción al PP, prosperó la moción de censura de Pedro Sánchez y hubo cambio de gobierno. Aquí es cuando comenzaron a visualizarse los ademanes conservadores (más que liberales) del líder naranja, Rivera y de toda la formación política, que culminó apoyando un gobierno en el que participaba la ultraderecha (Vox) en Andalucía y  que luego, en las elecciones municipales y autonómicas de 2019 se extendió a varios territorios, algunos emblemáticos como Madrid (Comunidad y Ayuntamiento) o a otros, como Castilla y León, donde se necesitaba un cambio, ya que el mismo PP al que apoyó llevaba gobernando más de tres décadas. ¿Qué es lo que pretendía, por tanto, Ciudadanos, cambiar a los gobiernos presuntamente corruptos o entrar en ellos? La respuesta no es difícil de adivinar. Menos mal que la ciudadanía no es tonta y la ambición desmedida por el poder que se vio en Ciudadanos después de que consiguieran quitarle la careta a Rivera y Arrimadas, se ha traducido en un severo castigo en las urnas. Las últimas, las de Cataluña.

 

            Esa ambición desmedida por el poder de PP y Ciudadanos, que no han visto compensada en los diferentes procesos electorales habidos en España desde 2019 (y han sido ya 8 entre 2 generales, municipales, autonómicas, europeas, gallegas, vascas y catalanas, con la excepción de Galicia) se ha reflejado sistemáticamente en el Parlamento nacional y en otros autonómicos (fundamentalmente Madrid, cuya presidenta, como diría Machado, de diez veces que utiliza la cabeza, nueve embiste y una piensa; no nos extrañemos, por tanto que, siguiendo a Machado “un bruto se descuerne luchando por la idea”), una crispación desmedida; se utiliza un día sí y otro también el insulto, la descalificación, la manipulación de la información, el desprecio inmisericorde por el adversario y con la única finalidad de acceder al poder estatal, a cualquier precio, no importan los medios que se utilicen.

 

            Afortunadamente esta estrategia maquiavélica que sigue la derecha política no está dando sus frutos y lo hemos visto recientemente en Cataluña. En la campaña electoral de estos comicios se ha visto el climax de esa desesperación cuando se atacó de forma despiadada por PP y Ciudadanos al candidato del PSC, Salvador Illa, acusándole de haberse vacunado de la Covid sin pruebas y a pesar de desmentirlo reiteradamente el ministerio de sanidad. Así les ha ido en los resultados. ¡Que sigan ladrando!

 

            Y como todo este tipo de conductas descritas generan fundamentalmente violencia social, la reacción de muchos ante esos desaguisados también es violenta, por supuesto. Ya se sabe, la violencia lo único que genera es más violencia. Claro que es violencia la reacción de muchos “energúmenos” rompiendo todo lo que se le pone por delante al manifestarse contra el encarcelamiento del rapero Hasel; una violencia que hay que denunciar sin titubeos.

 

Ahora bien, dejando clara la condena de estos actos, insisto, tenemos que ir al fondo de la cuestión para analizar estos brotes de vandalismo. ¿Qué sucesos han ocurrido esta semana?.

 

En primer lugar, una resolución judicial que, aunque respetemos, es una nítida manifestación de injusticia: se absuelve a Cifuentes por el “caso Master” y, curiosamente, se condena a la profesora que falsificó las notas, como autora material y a la asesora de Cifuentes, como inductora, por inducir a esa falsificación. ¡Qué curioso! En todo este lío, ¿quién era la persona beneficiaria de estos actos ilícitos penales? ¿eran la profesora y la asesora las directamente beneficiarias de esta falsificación o era doña Cristina Cifuentes? Ah ¡claro!, es que no hay pruebas para condenar a Cifuentes. Formalmente impecable la sentencia: si unos hechos no se pueden acreditar, no se pueden probar, es como si no se hubieran cometido. Podemos respetar la decisión judicial, pero la pregunta es la siguiente: ¿Va a entender esto la ciudadanía?. Ahí lo dejo.

 

En segundo lugar, mientras se absolvía a Cifuentes, un rapero (con el que no tengo por qué estar de acuerdo ni con sus ideas ni con su forma de expresarlas, por supuesto) ingresaba en prisión por unas conductas delictivas relacionadas con la libertad de expresión, el odio, las injurias a la corona y el enaltecimiento del terrorismo. Y llegan las cuestiones jurídico penales, ¿En un Estado Social y Democrático de Derecho cuáles son los límites de las conductas relacionadas con la libertad de expresión que colisionan con el derecho al honor? Lógicamente, la frontera debe permitir que el espacio de la libertad de expresión sea más amplio que el del derecho al honor, pues lo contrario es típico de Estados Autoritarios. Por otro lado, ¿esas conductas relacionadas con la libertad de expresión que tengan que ser tipificadas como delito, porque no sólo consisten en emitir una expresión degradante contra alguien, sino que “directamente” inciten y de forma “concreta” a la realización de actos violentos delictivos, deben ser sancionados con penas de prisión o, por el contrario, deben imponerse penas alternativas a la misma? En un Estado Social y Democrático de Derecho parece que deberían imponerse penas alternativas a la cárcel. Ya sabemos que en un Estado Autoritario, no. En cualquier caso y desde un punto de vista político criminal, no debería ser considerada penalmente lo mismo una conducta que enaltecía el terrorismo de ETA, por ejemplo, cuando existía la organización y desplegaba activamente toda su acción criminal, que hacerlo cuando esta organización terrorista es historia.

 

Siguiendo con un riguroso análisis de los sucesos semanales, nos encontramos que en una manifestación falangista a la que acudieron unas 300 personas según los medios, se vertieron acusaciones graves contra los judíos y se ensalzó el nacismo, el fascismo y el franquismo. Los mismos que están de acuerdo con la cárcel para el rapero y si puede ser perpetua, mejor, no demandan lo mismo para los que protagonizaron los actos de los falangistas ¿Esto no genera violencia?.

 

A su vez, de las andanzas, venturas y desventuras que conocemos del rey emérito, observamos que la derecha política no dice nada, no lo condena, no censura y en lugar de eso sigue ensalzando a Juan Carlos. Con lo que cualquier observador imparcial venido de otras latitudes sociales y políticas más equilibradas que las nuestras, puede comprobar que en España la justicia no parece ser igual para todos. ¿Esto tampoco genera violencia social?

 

Condenemos, claro que sí, los actos vandálicos de estos días provocados por los manifestantes en defensa del rapero Hasel y exijamos que todas las formaciones políticas lo condenen sin fisuras. No está bien que Unidas Podemos no haya sido contundente en estas condenas. Debe serlo, porque la violencia nunca tiene justificación. Pero también debemos reflexionar y entre todos combatir, siempre con la palabra, cualquier acto que pueda provocar desencanto, injusticia social, desigualdad y, como consecuencia de ello, ¡violencia!