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Domingo, 7 de marzo de 2021

Sobre nuestra calidad democrática

Profesor de Derecho Penal de la Usal

Hace unos días, Pablo Iglesias ha levantado una enorme polvareda política con sus declaraciones en la que afirmó que en España “no hay una situación de plena normalidad democrática”. Estas palabras han sido muy criticadas por la mayoría de los partidos políticos del arco parlamentario español, incluso por algunos ministros del PSOE, sus socios de gobierno y por ex cargos públicos del PSOE. Se le ha censurado que haga estas críticas siendo un miembro del gobierno: Vicepresidente segundo. Cierto es que, tradicionalmente, los miembros del ejecutivo se han atrincherado siempre en posiciones numantinas en relación a este asunto; cuando están en la oposición denuncian sistemáticamente déficits de calidad democrática, pero cuando gobiernan consideran que su sistema es el mejor del mundo.

 

            A este respecto, la Fundación Alternativas lleva años investigando sobre el índice de calidad de la democracia española. Y lo hacen sobre indicadores adecuados: la ciudadanía y sus derechos, la vinculación de los ciudadanos con el Estado a través de la representación, el papel de los gobiernos, su gobernabilidad y el rendimiento de cuentas, el de la sociedad civil y los medios de comunicación; y, por último, los aspectos internacionales, es decir, las relaciones y vínculos institucionales con el exterior. En el último informe, de 2020, que analiza el año 2019, la calidad de nuestra democracia experimenta una leve mejoría respecto a los años anteriores (6,1 puntos) y se sitúa casi a nivel de 2007 que fue el año con mejor puntuación (6,2). En cambio, durante los años de gobierno de M. Rajoy, con la crisis económica, los recortes de gasto público y el crecimiento de la pobreza y la desigualdad, los expertos estimaron un notable descenso de la calidad de nuestras instituciones democráticas.

 

            No obstante, las noticias con las que diariamente nos invaden los medios de comunicación deben hacernos reflexionar sobre la realidad de nuestra calidad democrática: La corrupción política, las aventuras y desventuras del rey emérito, las investigaciones sobre las “cloacas del Estado” materializadas en la cúpula policial de los gobiernos de M. Rajoy, las operaciones del Ministerio del Interior de la época de Fernández Díaz para, presuntamente, sustraer información sensible a Bárcenas que pudiera perjudicar a altos cargos del PP, el juicio a Bárcenas sobre la presunta caja B del PP y los sobresueldos percibidos por destacados miembros de esta formación política, la defensa acérrima que, por un lado ha hecho tradicionalmente el actual líder del PP, Casado, de la historia de este partido y de los que le introdujeron en él y, por otro y a renglón seguido, cuando explotan ante la opinión pública las acusaciones de Bárcenas, desligarse de ese “pasado”, diciendo que el PP actual es un “partido nuevo” (De los miembros del último Comité Directivo del PP de M. Rajoy siguen 3 en la actual dirección: Casado, Maroto y Andrea Levi y varios del resto siguen siendo parlamentarios, en este caso senadores). Ya se sabe, Casado actúa siempre con el mejor estilo denunciado por Groucho Marx, con sus ignorancias e incongruencias; ya se sabe “estos son mis principios, si no le gustan, tengo otros”.

 

            Otro interesante indicador por el que se mide la calidad democrática de un país es el tratamiento penal que se le da al conflicto entre dos derechos fundamentales reconocidos en las normas internacionales sobre Derechos Humanos y en las Constituciones Políticas de los países más avanzados: la libertad de expresión y el derecho al honor. Siempre se ha dicho que cuando se limita más la libertad de expresión (incluso se cercena) y se protege demasiado el derecho al honor, estamos más cerca de sistemas políticos totalitarios o autoritarios que de sistemas democráticos. En España, el Código Penal endureció –en la última gran reforma del mismo, por LO 1/2015, de 30 de marzo- el tratamiento de los delitos de odio (artículo 510 y siguientes) y de enaltecimiento del terrorismo (artículo 578), ampliando la tipificación de las conductas que se consideran delictivas, de odio, contra los sentimientos religiosos o enaltecimiento del terrorismo e incrementando las penas privativas de libertad impuestas para los mismos. Cierto es que, debido a esto, España es uno de los países del club de las democracias más avanzadas del mundo donde se han condenado a más personas por conductas que en otros sistemas jurídicos no sólo no se condenan con penas de prisión sino que son conductas atípicas, es decir, no delictivas.

 

Según el estudio realizado por el diario digital “Público”, 150 artistas, raperos, periodistas y políticos han sido condenados por “delitos de opinión”. Recordemos que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español establece claramente que en caso de conflicto ha de prevalecer la libertad de expresión si la conducta no se ejerce con intención de herir. Con las últimas reformas de estos delitos –todo sea dicho, realizadas por gobiernos conservadores del PP- se está restringiendo de forma alarmante el derecho a la libertad de expresión. Y eso es siempre una deriva autoritaria. Como consecuencia de ello, la calidad democrática de un país se ve claramente lesionada.

 

En consecuencia y para finalizar, debemos reflexionar seriamente sobre la realidad de nuestra calidad democrática. Es cierto que formalmente somos uno de los países democráticos más avanzados del mundo, pero la realidad nos demuestra que tenemos que seguir trabajando para que las derivas autoritarias (que están gravitando y más que nunca en nuestro entorno social; nada más hay que analizar la bronca, las voces y los insultos que se vertieron por parte del candidato de Vox a presidir la Generalitat, Ignacio Garriga en el último debate televisado de los candidatos a las elecciones autonómicas catalanas, que tiene como asesor a un líder neonazi) nunca se acerquen a nuestro sistema jurídico y político.