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Lunes, 1 de marzo de 2021
Las Arribes al día

El Procurador del Común entiende que Berkeley debería ser sancionada por la variante sobre la SA-322

La plataforma Stop Uranio teme que el Ayuntamiento de Retortillo deje prescribir la ilegalidad cometida y que la empresa minera continúe con su ‘currículum’ limpio de faltas

Obras de la carretera llevadas a cabo por Berkeley sin licencia / FOTO: JAIME GRANDES

El Procurador del Común de Castilla y León entiende que la empresa minera Berkeley, entidad promotora de la construcción de una mina de uranio en el término municipal de Retortillo, debería ser sancionada por las obras realizadas de la variante de la SA-322 sin las oportunas autorizaciones. La resolución del Procurador del Común es consecuencia de la queja formulada por la plataforma Stop Uranio ante la pasividad del Ayuntamiento de Retortillo a este respecto.

Como recuerdan desde la plataforma antimina, “estas obras se comenzaron a ejecutar en el verano de 2016, tras la firma del convenio con la Diputación de Salamanca y que recientemente ha rescindido la institución provincial. Esas obras fueron ilegales a juicio del Seprona y la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Salamanca, pero el Ayuntamiento de Retortillo, que estaba obligado a restaurar la legalidad urbanística y a sancionar a la empresa minera, cuatro años y medio después no ha sido capaz de sancionarla”.

Pero para Stop Uranio, como señala en un comunicado, “en este caso no se trata de una cuestión de dinero, pues la multinacional australiana ha derrochado millones de euros en Salamanca, sino de que no figure el dato de la sanción en su trayectoria, premiada, como ha alardeado la minera, por la Corporate Finance Internacional (CFI) como la empresa que más ha contribuido a la minería sostenible en Europa en 2020”. También sorprende a los antimina “que la empresa pueda presumir de calidad ambiental en su gestión, contando con las certificaciones de Gestión Ambiental (ISO 14.001) y Gestión Minera Sostenible (UNE 22.470-80) certificadas por la entidad AENOR, cuando ha arrasado 40 hectáreas de un bosque mediterráneo en perfecto estado de conservación hasta que la empresa minera se empeñó en publicitarse a costa de las encinas de Retortillo”.

Por otro lado, la plataforma antimina recuerda que “gracias a la modificación de la ley de urbanismo de Castilla y León en 2014, las acciones realizadas por Berkeley, sin permiso en Retortillo, no han prescrito, pues se amplió el plazo de prescripción de cuatro a ocho años, pero a este paso vamos camino de que el Ayuntamiento de Retortillo deje prescribir esas infracciones”.

En la Resolución emitida por el Procurador del Común se señala que las obras realizadas por Berkeley deben ser sancionadas, por lo que Stop Uranio entiende que “se debe iniciar el expediente sancionador correspondiente dado que la infracción urbanística cometida todavía no ha prescrito”, y recuerda al Ayuntamiento de Retortillo que “la pasividad o inactividad de la Administración local ante las denuncias de infracción urbanística puede dar lugar a responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento”.

Se trata de la segunda ocasión en la que el Procurador del Común de Castilla y León emite una resolución sobre el tema de la mina y planta de Retortillo. En agosto de 2017 dictaminó que la Declaración de Impacto Ambiental, aprobada por la Junta de Castilla y León en octubre de 2013, no puede considerarse válida tras la fragmentación del proyecto inicial, por lo que se debería realizar una nueva Evaluación de Impacto Ambiental que tenga en cuenta el impacto radiológico, la afectación de la Red natura 2000 o los aspectos transfronterizos del proyecto.

Por último, la plataforma antimina añade que “no se puede tolerar que la empresa minera se vaya de ‘rositas’ en este asunto después del daño causado en una zona de alto valor ecológico. Berkeley, que se atreve a pedir celeridad en la resolución de sus asuntos en el Consejo de Seguridad Nuclear, se beneficia de la pasividad del Ayuntamiento de Retortillo en la resolución de los asuntos que le atañen”.

Descarga aquí la resolución Procurador del Común (2968 Kb)