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Martes, 2 de marzo de 2021

La sanidad pública como derecho fundamental de los ciudadanos

La precaria situación en la que ha quedado la atención primaria en España, a consecuencia de los recortes sufridos en los últimos años derivados de la grave crisis económica que ha sufrido nuestro país, con una enorme falta de recursos materiales y humanos, nos debería llevar a reflexionar cómo las distintas administraciones que han dirigido nuestro destino a lo largo de estas últimas legislaturas no han tenido en cuenta, o más bien han despreciado, la sanidad de todos los españoles, no dotándola de los recursos necesarios e imprescindibles para soportar y superar emergencias sanitarias como es la crisis pandémica que ahora nos afecta

Manifestación de sanitarios en Salamanca. Foto de archivo

Juan L. Hernández

Activista por los Derechos Humanos

Se suele decir que el ser humano es el único ser que tropieza dos veces con la misma piedra y, observando cómo se está llevando la gestión de la pandemia de la Covid-19, ya no es que tropiece dos veces, sino que el traspié lo continúa dando tres, cuatro y quién sabe cuántas veces más. No aprendemos, no sirve de nada, o quizás de muy poco, la experiencia acumulada durante esta emergencia sanitaria que ya lleva más de un año instalada entre nosotros desde que apareció la Covid-19 en Wuhan (China).

Por un lado, el enfrentamiento y la descoordinación entre las Consejerías de Sanidad de las distintas autonomías y el Gobierno de la nación nos conduce a lo que estamos sobrellevando ahora mismo con el surgimiento de la tercera ola, la cuarta o las que seguirán viniendo si no se pone un poco de sensatez y buen juicio. Es cierto que hay una gran parte de irresponsabilidad en algunos de nuestros dirigentes políticos, son muchas las autoridades científicas que no dejan de decirlo, pero tampoco podemos olvidar el desprecio, la insensibilidad, la irresponsabilidad y la falta de concienciación de muchos ciudadanos —y no solo los negacionistas— a quienes parece que esta pandemia no va con ellos.

Todos los días vemos en los distintos medios de información noticias de fiestas, botellones y aglomeraciones. A pesar de las sanciones que se imponen, cuantiosas en algunos casos, no parecen surtir efecto y hacer mella en los infractores. Todo ello a pesar de que los responsables sanitarios, científicos y la OMS nos recuerdan constantemente que debemos seguir escrupulosamente sus recomendaciones; fundamentalmente mantener la distancia de seguridad, llevar en todo momento la mascarilla, evitar aglomeraciones y tener presente la limpieza de manos y objetos con los que constantemente estamos en contacto. Estos consejos, como estamos observando en muchos, quizás demasiados casos, se olvidan, se dejan de lado o directamente se desprecian.

Hemos aludido a la mala gestión, ineficacia y sobre todo descoordinación de nuestras administraciones públicas, lo que muchas veces provoca que los ciudadanos no sepamos qué hacer o cómo situarnos ante sus recomendaciones o normativas. Pero la gota que desborda el vaso nos ha llevado a conocer cómo en estos últimos días, siguiendo las informaciones que dan cuenta de cómo algunos de nuestros representantes, ya sean alcaldes, cargos municipales, funcionarios, responsables de sanidad e incluso autoridades militares y eclesiásticas, todos ellos valiéndose de sus privilegios y siguiendo la norma egoísta del “yo antes que nadie” o el “sálvese quien pueda y yo el primero”, se hayan vacunando saltándose la cola frente a los que realmente tienen la prioridad de recibir la vacuna, como es el caso de los que están en primera línea —los/las sanitarios—, las que han sufrido y siguen sufriendo gran contagio y mortalidad —las personas mayores— o las personas con discapacidades. Esto nos llevaría a reflexionar en qué manos nos ponemos y quiénes son aquellos que deberían velar por nuestra seguridad y no por sus propios y egoístas intereses.

Próximamente, la organización Amnistía Internacional hará público un informe de sus investigaciones sobre la situación en la que ha quedado la sanidad pública en nuestro país en esta crisis sanitaria provocada por la pandemia. Aunque el estudio se centra en las comunidades de Madrid, Cataluña y Castilla-La Mancha, también podrían verse reflejadas en el mismo el resto de las comunidades españolas porque su situación no varía mucho de las reflejadas en el informe.

La precaria situación en la que ha quedado la atención primaria en España, a consecuencia de los recortes sufridos en los últimos años derivados de la grave crisis económica que ha sufrido nuestro país, con una enorme falta de recursos materiales y humanos, nos debería llevar a reflexionar cómo las distintas administraciones que han dirigido nuestro destino a lo largo de estas últimas legislaturas no han tenido en cuenta, o más bien han despreciado, la sanidad de todos los españoles, no dotándola de los recursos necesarios e imprescindibles para soportar y superar emergencias sanitarias como es la crisis pandémica que ahora nos afecta. No sé si finalmente aprenderemos de nuestros errores o si, como decía al comienzo de este artículo, seguiremos tropezando una y otra vez con la misma piedra en los tiempos que están por venir.