La denominada Ley de plazos, una década después
Igualdad quiere derogar la reforma de la ley del aborto que obliga a las jóvenes de 16 y 17 años a contar con el consentimiento paterno para interrumpir voluntariamente el embarazo
La denominada Ley de plazos ha cumplido una década. La Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, cuyo objeto es garantizar los derechos fundamentales en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, regular las condiciones de la interrupción voluntaria del embarazo y establecer las correspondientes obligaciones de los poderes públicos, entró en vigor en julio de 2010, durante el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Una Ley que sigue vigente y que reconoce a las mujeres el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en España.
Esta ley, que combina plazos y supuestos, permite a las mujeres el aborto en las primeras 14 semanas; hasta la 22 semanas en el supuesto de que exista grave riesgo para la vida o salud de la embarazada o graves anomalías en el feto, o cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida o una enfermedad extremadamente grave e incurable en el feto.
En 2015, con el PP en el Gobierno, se introdujo una reforma de la ley del aborto que obliga a las jóvenes de 16 y 17 años a contar con el consentimiento paterno para interrumpir voluntariamente el embarazo. Reforma que la actual ministra de Igualdad, Irene Montero, ya ha avanzado que quiere derogar, aunque no ha precisado fecha.
Solo dos leyes han regulado el aborto en nuestro país. Hasta el año 1985, la interrupción voluntaria del embarazo era un delito. Con la entrada en vigor de la La ley Orgánica 9/85 de 5 de julio, se despenalizó el aborto en tres supuestos: violación, riesgo para la salud física y psíquica de la madre y malformación del feto.
Habría que esperar más de dos décadas para que se aprobara una nueva ley que amplía el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo, en el año 2010.