Hasta nunca 2020

Profesor de Derecho Penal de la Usal

Escribo estas líneas cuando está a punto de finalizar este aciago y maldito 2020; momento en el que es preciso homenajear, con mucho dolor y tristeza, a las miles de víctimas que nos ha dejado este año la pandemia de la covid-19. Pero no sólo ha sido negativo en lo relativo a la vida y salud de las personas, sino que las medidas impuestas para prevenir los contagios han debilitado considerablemente las relaciones interpersonales, familiares, sociales, comerciales y laborales de los ciudadanos de la inmensa mayoría de los países del mundo.

Nos hemos encontrado, por tanto, ante una situación inédita, que en algunos temas, nos han cogido totalmente desprevenidos y nos hemos acordado, más que nunca, de lo importante que es construir, defender y potenciar las políticas que definen el Estado del Bienestar, descuidadas tanto en los últimos años en los que se han avalado más las políticas neoliberales, también en los servicios públicos básicos -esenciales para el buen funcionamiento de una sociedad pluralista, solidaria y democrática-. Se echa de menos que no se hayan dedicado mas recursos a la sanidad pública, a políticas sociales y a la dependencia. Los gobiernos conservadores, en lugar de potenciar estas políticas públicas, han intentado hacer negocio con ellas privatizando servicios. Los gráficos del gasto público que les han destinado los presupuestos del Estado, son fiel reflejo de estas afirmaciones. Lo mismo ha ocurrido con los recursos destinados a la investigación, desarrollo e innovación.

Sin ir más lejos, gracias a los países que más dedican a estos menesteres, tenemos ya varias vacunas contra la covid-19. En cambio, España, que debía ser uno de los países más avanzados del mundo, en este aspecto se encuentra en “pañales” con relación a naciones como Alemania, USA o Reino Unido. Resulta muy desagradable e incluso patético y lamentable que nuestras universidades preparen a jóvenes investigadores que para sobrevivir tengan que emigrar fuera de nuestras fronteras, mientras los especuladores inmobiliarios se embolsan grandes cantidades de dinero. Para más INRI, muchas de estas fortunas, gracias a esas indignas políticas liberales y fiscales, tienen elevadas bonificaciones tributarias e incluso llevan sus capitales a cuentas corrientes en paraísos fiscales. Ahora bien, luego son los más “patriotas” portando banderitas de España en todos sus enseres personales.

Además, en España, las consecuencias negativas de la pandemia han sido superiores a otros países porque no ha habido unidad política a la hora de arbitrar posibles soluciones. En el Congreso de los Diputados se han vivido momentos muy desagradables y absolutamente condenables. No es de recibo que la derecha y la ultraderecha hayan estado poniendo, sistemáticamente, palos en las ruedas; primero, no apoyando el único recurso que nuestro ordenamiento constitucional prevé para este tipo de catástrofes sociales (el Estado de Alarma), acusando al Ejecutivo de ejercer el poder autoritariamente no respetando las libertades fundamentales de los ciudadanos; y, después, cuando, respetando también el ordenamiento jurídico, se arbitraron mecanismos y criterios entre el Estado y las Comunidades Autónomas, se acusó al gobierno de no tener iniciativas y de dejarlo todo al albur de las Comunidades Autónomas. Hay que recordarle a esta “derecha cainita” que, al igual que otros países, como Alemania, son las Comunidades Autónomas (en Alemania, los Länder) las que tienen las competencias en la materia y, por tanto -siempre bajo criterios consensuados entre el gobierno y las respectivas CC.AA- las que deben actuar directamente ante los ciudadanos. Cierto es, por otra parte, que el Ejecutivo ha cometido muchos errores y algunos de ellos de bulto, pero los apoyos de la oposición de PP y VOX ha sido inexistente, todo lo contrario, han intentado destruir porque pensaban que destruyendo -sin importar las negativas consecuencias que estas políticas tienen en los ciudadanos- accederían antes al poder, que es lo único que les interesa.

Las constantes zancadillas no sólo han sido en lo relativo a la gestión de la pandemia, sino también en el resto de políticas: ni apoyaron la aprobación de los PGE, ni les importa la renovación del Consejo General del Poder Judicial ni del resto de las Instituciones del Estado, que es necesario realizar, en algunos casos desde hace años y para ello hay que consensuarlo entre las fuerzas políticas. Negarse a ello, como está haciendo el PP, es de una gravedad incuestionable, porque con esta actitud están vulnerando sistemáticamente el ordenamiento constitucional, que obliga a las renovaciones oportunas y en los plazos previstos.

El enfrentamiento, la crispación y la nula voluntad de consenso de la derecha y la ultraderecha la iniciaron antes de investir al presidente y constituirse el gobierno elegido democráticamente y ha continuado hasta hoy mismo, sin tregua alguna. Incluso cuando ya no tienen argumentos, los retuercen descaradamente haciendo incluso el ridículo. Cuando el PSC ha propuesto al ministro de sanidad, Salvador Illa, como candidato de este partido a la presidencia de la Generalitat en los próximos comicios autonómicos, se le acusa de que su interés en el ministerio no era luchar contra la pandemia, sino que el ministerio le sirviera de trampolín para optar a la presidencia de la Generalitat catalana. Entonces ¿cómo es posible que, por un lado, acusen a Illa de una gestión desastrosa en sanidad y, a renglón seguido, afirmen que Illa ha querido promocionarse con la gestión para conseguir más apoyos electorales? Si la gestión ha sido desastrosa, como dicen, sería un suicidio que se presentara a las elecciones catalanas porque tendría poco apoyo electoral. A sensu contrario, si tiene más apoyo electoral que otros candidatos, como Iceta, es porque la gestión de la pandemia no la debe haber hecho tan mal. Se contradicen claramente.

Otra manifestación de esa compulsiva y enfermiza obsesión de actuar contra la acción del gobierno, haga éste lo que haga, la ha protagonizado la presidenta de Madrid, Ayuso, en su discurso fin de año, que, en lugar de hablar de su nefasta gestión se ha dedicado a criticar y descalificar al gobierno. Incluso, con algunas leyes aprobadas, como la educativa, conocida como “Ley Celaá” están llamando al incumplimiento de la misma a los dirigentes de las CCAA donde gobiernan. Debemos recordarle a esta derecha que eso también está tipificado en el Código Penal como presunto delito de sedición, en el artículo 544, es decir “alzarse pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes…”.

Curiosamente, esto sucede el mismo día en que, gracias a la buena gestión de la ministra de Exteriores, González Laya, se ha conseguido un acuerdo histórico con el Reino Unido para que los trabajadores españoles del Campo de Gibraltar puedan seguir acudiendo a su trabajo a Gibraltar y que se derribe la Verja antes de que se consume un Brexit duro. Gibraltar se unirá así a Schengen, el espacio europeo de libre circulación, de forma que la frontera de la colonia británica dejará de estar en la Verja para situarse en su puerto y aeropuerto. Quienes entren desde el territorio español a Gibraltar no necesitan pasaporte. De esto, que es tremendamente positivo para los trabajadores gaditanos que se desplazan diariamente a Gibraltar a trabajar, nada han dicho ni el presidente de Andalucía ni ningún otro líder de la derecha y la ultraderecha. Las cosas buenas, las que benefician a los ciudadanos, no las aplauden porque no las han protagonizado ellos.

Esperemos que 2021 sea diferente, que las vacunas contra la covid-19 sean suficientes y eficaces, se termine de una vez con esta dichosa pandemia y nuestros representantes políticos dejen de poner zancadillas y se pongan de una vez a trabajar juntos por una sociedad más libre, tolerante, justa , solidaria y avanzada y piensen menos en sacar rédito electoral.