Sábado, 10 de abril de 2021

Por una nueva memoria histórica. Verdad, justicia y reparación frente a los crímenes del franquismo

Los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista en España deben ser considerados como lo que efectivamente son: crímenes de derecho internacional y graves violaciones de los derechos humanos que en ningún caso están sujetos a prescripciones y que no pueden ser amnistiados.

Vox Populi

Lucía Corvo Belda

Defensora de los Derechos Humanos

El nuevo anteproyecto de Ley de Memoria Democrática ha sido aprobado el 15 de septiembre, comprendiendo el protagonismo y la reparación integral de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, así como las políticas de justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición. Esta nueva ley pretende dar un paso más respecto a  la anterior Ley de Memoria Histórica de 2007 y cubrir los vacíos que esta presentaba.

Fue en 2010, con la llamada Querella Argentina, un procedimiento judicial abierto en Argentina, cuando comenzó la investigación por los crímenes de genocidio y crímenes contra la humanidad cometidos en España durante la Guerra Civil y dictadura franquista. A pesar de este procedimiento, de la presión de diversas asociaciones memorialistas, familias, víctimas, organizaciones defensoras de los derechos humanos como Human Rights Watch o Amnistía Internacional, y del directo asesoramiento de la ONU, el Estado español siguió defendiendo su postura de impunidad y apartando sistemáticamente estos casos.

El mayor impedimento que existe en el sistema judicial español es la falta de integración y de cumplimiento del Derecho Internacional de Derechos Humanos y del Derecho Penal Internacional. Dos de los argumentos más habitualmente usados por los tribunales españoles son el de la prescripción de los delitos y el de la Ley de Amnistía de 1977, a lo que la comunidad internacional siempre ha respondido de la misma manera, y es que estos crímenes cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura Franquista en España deben ser considerados como lo que efectivamente son: crímenes de derecho internacional y graves violaciones de los derechos humanos que en ningún caso están sujetos a prescripciones, amnistías, etc.

Así mismo, también se recurre al uso del principio de legalidad penal que afirma que en el momento de cometerse estos hechos criminales no se encontraría en vigor ninguna legislación penal internacional que tipificase este tipo de delitos. Sin embargo, este principio en particular contraviene varios artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratado internacional ratificado antes de la promulgación de la Ley de Amnistía de 1977, entre ellos el artículo 15.2 que establece que “Nada se opondrá al juicio ni a la condena de una persona por actos u omisiones que, en el momento de cometerse, fueran delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional”. Por esta y otras muchas razones han llegado al gobierno español a lo largo de los años cantidad de peticiones de derogación de la Ley de Amnistía. Además, los tribunales españoles también se niegan a aceptar el carácter continuado del delito de la desaparición forzada, negando así el hecho de que este delito constituye una vulneración permanente de los derechos humanos, perdurando la obligación de investigar hasta que se esclarezca la suerte y paradero de la víctima (y hay decenas de miles de desaparecidos en España, asesinados por la represión franquista).

Si bien esto ha sido un debate prolongado en los años entre España y la comunidad internacional, parece ser que este nuevo Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática pretende dar comienzo a la obligación de los poderes públicos de actuar conforme a los tratados internacionales y de acuerdo al Derecho Internacional de Derechos Humanos y el Derecho Penal Internacional. Además, declara la prohibición de la amnistía para los crímenes de lesa humanidad. Esto a su vez supondría eliminar las trabas a la causa argentina (querella argentina) sobre crímenes franquistas, y marcar el principio para el derecho a la justicia, la verdad y la reparación que tanto ha sido exigido. Esperamos expectantes este importante (y muy tardío) paso en la democratización y asentamiento de los Derechos Humanos en España.