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Domingo, 24 de enero de 2021

Por una ley anti transfuguismo

Me niego a redactar en estas páginas digitales el noveno artículo sobre el proyecto de ley de educación, aunque tiempo habrá para volver a ello, una vez comprobamos que pocos son los que lo conocen y lo critican con fundamento; ni queremos deponer el enésimo escrito lacrimógeno sobre lo mal que lo estamos pasando con la epidemia; ni caer en la cuenta de que hoy es el día contra la violencia de género. “Quizá otro vate cante con mejor lira” esas cosas, como dijo el poeta.

Hay otros asuntos más pedestres, por así decir, como puede ser ese acuerdo de los partidos para reforzar las medidas que pongan coto al transfuguismo, esa lacra por la que un cargo público elegido dentro de un color político se pasa a otra organización cuando le da la gana, provocando cambios en el grupo de gobierno de la institución. Algo que genera inestabilidad política y frustración entre los votantes y los antiguos compañeros del tránsfuga, que suele acompañar su cambio de chaqueta con malos modos y peores expresiones hacia estos.

Ya era hora. Hace muchos años se firmó el "pacto de San Fermín" (de 7 de julio de 1998), en el que todos los partidos se comprometieron a elaborar una ley anti transfuguismo y, mientras tanto, a tomar medidas para evitar el fenómeno (no admitir al tránsfuga en otro grupo, impedir su apoyo a mociones de censura, limitar sus dietas, etc.); pero en 2010, cuando el PP abandonó el pacto, aun no se había elaborado la ley itada. Ni que decir tiene que la lacra se repitió. Por ejemplo, con el “tamayazo” de 2003, que permitió el acceso a la presidencia de la Comunidad de Madrid a la Sra. Aguirre, gracias a la espantada de dos procuradores “socialistas”. (La deriva posterior, impulsada por cierto electorado conservador, ha llevado a ese puesto a personajes como Ignacio González, Cristina Cifuentes o la inefable Isabel Díaz Ayuso). Pero en todas partes cuecen habas. En 1997 apareció en escena el grupo del PDNI, escisión de IU, que empujó a algunos de sus miembros al PSOE y luego a la nada (gente como López Garrido, Mercedes Gallizo o Cristina Almeida). Pero en el ámbito municipal ha habido cientos de casos en las últimas décadas.

Desde mi punto de vista, está claro: cada uno puede cambiar de ideas y de partido, faltaría más, pero si tiene un cargo electivo debe dejarlo a la organización en la que fue votado si lo hace. Aunque hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional en contra de este enfoque, me parece que avalan este criterio el sentido común y el artículo 6 de la constitución, donde se define a los partidos como "instrumento fundamental para la participación política". El constitucional considera que a un cargo electo solo lo pueden destituir los mismos que lo votaron, lo cual es como no decir nada (pues, ¿cómo se haría eso?) y es no tener en cuenta que el ciudadano vota opciones políticas en listas cerradas, no a candidatos sueltos. Primar los supuestos derechos del tránsfuga es tanto como despreciar los de los demás componentes de su grupo, que ven así limitada su eficacia y coherencia como opción política.

Si ahora hay una voluntad para afrontar este problema, se debería plantear en toda su amplitud: para los representantes electos de todas las instituciones (no solo de los ayuntamientos) y, por otra parte, habría que dar expresión legal a la solución, no limitarse a un acuerdo que, como se ha visto en el pasado, puede ser ignorado por sus firmantes según su conveniencia en un momento u otro.

Sería algo que mejoraría la higiene del sistema político español y que quizá fortalecería la menguada confianza de la ciudadanía en sus representantes.

(Foto: Europa Press)