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Lunes, 18 de enero de 2021

Tirar de la lengua

Ya se aprobó un nuevo estado de alarma, modelo XXL El gobierno vuelve a tener la sartén por el mango. De igual forma que se aprovechó la primera versión para meter entre col y col alguna lechuga, en ésta está dispuesto a repetir la jugada., El problema sigue siendo el mismo: estamos envueltos por una grave pandemia que trae aparejado un durísimo ataque a la economía y, además, se ha hecho notar con mayor dureza en España que en el resto del mundo. No cabe culpar a nuestra genética, ni a nuestra situación geográfica, ni al clima. Hay que llamar a las cosas por su nombre y reconocer que nuestro gobierno ha sido – y sigue siéndolo- el más inútil de todos. 

          Pues bien, a pesar de esa gravedad, lo que de verdad preocupa al gobierno, por asombroso que parezca, es otra cosa. Pretende confundir al ciudadano sacándose de la manga estados especiales, protocolos rebuscados y muy poco concretos, recomendaciones en un sentido y en el contrario, muchas reuniones telemáticas – a ser posible sin posibilidad de preguntas-, descargar la responsabilidad en otros niveles y toda una serie de vaguedades que han demostrado su ineficacia hasta el día de la fecha. Sin embargo, lo que sí ha buscado, entonces y ahora, es evadir la posibilidad del control parlamentario. Se trata de gobernar por medio de decretos -así se actúa en los regímenes dictatoriales- y, aprovechando la imprenta del BOE, insertar disposiciones que nunca pasarían el filtro de la discusión parlamentaria. 

          La última bajada de pantalones con independentistas y populistas le ha sido encargada a la ministra Celaá. La nueva ley de educación está recibiendo erróneamente el nombre de “Ley Celaá” cuando toda ley que lleve el sello de este gobierno debe contar con el visto bueno de Sánchez e Iglesias. El primero, porque lleva en su ADN el virus de la revancha y los resabios frente populistas de sus primitivos hermanos de partido. En cuanto se presenta la oportunidad, quiere dejar bien claro que su socialismo no es de este mundo, es el “pata negra” de hace un siglo. El segundo, porque ya advirtió cuáles eran sus exigencias para apoyar a Sánchez y, hasta este momento, está sacando adelante todo aquello que predicaba el 15-M en la Puerta del Sol, y que nadie se tomaba en serio. 

          Sánchez tiene muy claro que, para seguir en la Moncloa, no debe llevar la contraria a Iglesias ni negar las exigencias de independentistas y populistas. Al fin y al cabo, con su paso por el gobierno -y nadie piense que va a ser efímero- ya tiene asegurado su porvenir, pase lo que pase. El grave perjuicio que causará a todos los españoles –de hoy y de varias generaciones venideras- nada importan a un personaje que no ha dicho ni una verdad desde que se metió en política.

          Esa última puñalada a la Constitución se acaba de asestar en el Congreso. PSOE, Podemos y ERC han aprobado una enmienda a la nueva ley por la que desaparece del texto la condición de ser el castellano la lengua vehicular de la enseñanza y que, además, deje de ser lengua oficial del Estado. Efectivamente, el comité de expertos, después de una ímproba investigación, ha llegado a la siguiente conclusión: el idioma castellano es el verdadero culpable de que el coronavirus sea mucho más agresivo en España que en el resto del mundo. La solución es muy sencilla: se le rebaja de categoría y así engañamos al virus. Ahora sí que llegará la nueva normalidad. De nuevo se pretende tratar a todos los españoles como a menores de edad.

          Eso, que se lo expliquen a los alumnos castellanohablantes que no pueden estudiar en su lengua vernácula, o a los dueños de establecimientos que son multados por rotular en castellano sus locales. Aquí existe, desde hace demasiado tiempo, una verdadera guerra subterránea entre los españoles que desean emplear su lengua en cualquier territorio nacional y los separatistas que la odian por venir de una nación a la que ya no respetan. Batalla que se ha dado por perdida cuando aún se disponía de medios suficientes para haberla ganado. Por culpa del chalaneo político –por parte de derecha e izquierda-, se han intercambiado favores con las sanguijuelas de cada momento a base de ir socavando poco a poco la Constitución y arrinconando más de una sentencia. Ahora, se acaba de dar un nuevo paso en la misma dirección.

          Aunque todo español debe conocerlo, repitamos lo que dice el artículo tres de nuestra Constitución:

1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.

 2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. 

3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.

          ¿Queda alguna duda? Como tantas otras veces, la oposición ya anuncia un recurso ante el Constitucional. Una vez más fallará a favor de los recurrentes, pero, otra vez más, nadie se encargará de hacer cumplir el requerimiento. Se nos quiere vender la burra de que esta ley busca “favorecer la integración y el bilingüismo y no perseguir al español” (el entrecomillado es del actual director del Instituto Cervantes, Luis García Montero) ¡Pues qué bien!  Una institución pública, fundada en 1991, cuando era presidente del gobierno el socialista Felipe González, se crea, entre otras, con la siguiente finalidad:

          1.- Promover universalmente la enseñanza, el estudio y el uso del español y fomentar cuantas medidas y acciones contribuyan a la difusión y mejora de la calidad de estas actividades.

          Y lo último que cabía esperar de su director es anteponer el pesebre a la obligación. Estamos un uno de los pocos países cuyo gobierno se encarga de amparar los incumplimientos de la ley, siempre que beneficien su permanencia en el poder.

          Siguiendo la misma táctica de pregonar una cosa para conseguir otra muy distinta, el gobierno crea ahora la Comisión Permanente contra la desinformación. Y digo yo: ¿Para qué crear algo que ya funciona? Cuando en España – y en buena parte del extranjero- abunda la crítica justificada a una gestión desafortunada de la pandemia, y la Unión Europea advierte a nuestro gobierno que hay una cosa que se llama libertad de expresión –que suele ser antídoto contra la injerencia-, Sánchez da la vuelta a la tortilla y se dispone a crear una nueva Inquisición que se encargue de aclarar qué se puede criticar y qué no. La recomendación de la Unión Europea no obliga a los gobiernos a legislar solamente contra toda desinformación, también a abstenerse de practicarla desde dentro Estamos ante una nueva muestra de tufo despótico. Hasta hoy, la posibilidad de propagar bulos radicaba únicamente en las cocinas de la Moncloa y en unos medios de comunicación debidamente engrasados desde allí. Los medios no afines al gobierno, mal que bien, sobrevivían, a base de no pocos equilibrios, hasta encontrar la verdad. A partir de ahora, esa verdad será la que se dictamine desde una comisión muy bien dirigida. Sálvese quien pueda.